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Juez ordena compensar a familia desplazada por la guerrilla en el Meta

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Una familia víctima de la guerrilla por cuenta de sus posturas políticas y que fue despojada de su predio urbano, ubicado en Puerto Rico, Meta, será compensada por la Unidad de Restitución de Tierras.

Entretanto, la actual ocupante continuará residiendo en la vivienda, según lo contempla el fallo proferido por Tribunal Superior de Bogotá.

En 1984, el jefe del hogar adquirió un lote de 199 metros cuadrados ubicado en el barrio El Morichal, en el cual construyó habitaciones, baños, cocina, sala comedor y una bodega que arrendó para el funcionamiento del juzgado municipal. Con el tiempo, el hombre contrajo matrimonio, empezó a residir allí con su nueva esposa y luego con sus dos hijos.

Trascurría el año 1992, cuando la violencia se agudizó en la zona, el padre del solicitante, quien pertenecía al Partido Liberal, fue asesinado por las Farc y como si fuera poco sufrimiento para esta familia, también un hermano del reclamante quien fungía como concejal fue ultimado en represalia por su labor de oposición a las acciones de la guerrilla.

Tras estos homicidios, el solicitante de tierras, fue retenido por hombres armados mientras viajaba en su embarcación entre Puerto Toledo y Puerto Lleras, además fue golpeado y acusado de ser auxiliador del Ejército. Como consecuencia de estas intimidaciones y nuevas amenazas recibidas mediante un panfleto en el que la guerrilla le daba la instrucción de “hacer un documento” en favor de un tercero conocido como “Antonio Tolima”, el hombre se vio obligado a vender la propiedad por la suma de $4 millones y no tuvo más opción que desplazarse junto con su familia hacia Villavicencio y posteriormente a Bogotá.

Con el paso del tiempo, el predio solicitado en restitución, fue vendido a otra persona y luego a una mujer, quien argumentó que adquirió la propiedad de manera lícita y que no está vinculada con grupos al margen de la ley. Luego, ella reclamó su derecho de continuar viviendo en esa casa.

El director de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, César Santoyo, indicó que “con la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, la familia víctima presentó la solicitud ante la URT que ejerció su representación judicial, logrando así que la justicia emitiera sentencia a su favor”.

“En esta sentencia, el Tribunal ordena a la Unidad la aplicación de la compensación como medida reparadora a la familia despojada, mientras que la mujer residente en el predio continuará habitándolo al ser reconocida su calidad de ocupante de buena fe exenta de culpa”.

Puntualizó Santoyo que la familia beneficiaria tendrá acceso a la oferta institucional del Estado en materia de reparación integral.

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras

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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upíaucción de una cancha sintética con un costo mayor a $1.000 millones

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La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.

La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.

A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.

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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán

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Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.

Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.

Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.

El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.

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Fiscalía investiga muerte de civil durante operación militar en Vista Hermosa, Meta

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La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.

Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.

Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.

Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.

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