REGIÓN
Juez envió a prisión a teniente boyacense vinculado al Tren de Aragua
Luego de valorar los elementos de prueba presentados por la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario a 17 de los 19 presuntos integrantes de la organización delincuencial ‘Tren de Aragua’, quienes fueron capturados en diligencias realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional en distintos puntos de Bogotá.
Entre los enviados a la cárcel se encuentra el teniente de la Policía Víctor Manuel Flechas Tenorio, natural de la ciudad de Duitama, quien tenía a su cargo el CAI de Kennedy desde donde presuntamente habría colaborado con este grupo criminal.
Más de 300 horas de análisis de videos y fotografías, entre otras evidencias obtenidas en el curso de la investigación, permitieron establecer que estas personas habrían participado en diferentes actividades delictivas como homicidios selectivos, venta de estupefacientes, extorsiones y distribución de licor adulterado en las localidades de Kennedy, Bosa y Santa Fe.
Con esta acción judicial, la Fiscalía avanza en el esclarecimiento de siete asesinatos ocurridos en 2022. En dos de estos casos, las víctimas fueron atacadas violentamente con armas cortopunzantes y contundentes, envueltas en bolsas plásticas y abandonadas en vía pública.
Fiscales de la Seccional Bogotá imputaron a los señalados integrantes del ‘Tren de Aragua’, según el posible nivel de responsabilidad, los delitos de: homicidio, concierto para delinquir agravado, tráfico fabricación y porte de armas de fuego; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; extorsión y cohecho.
Los procesados son:
Alias Osmer, presunto jefe de sicarios; alias Brayan, quien sería el cabecilla financiero y enlace con los articuladores del grupo ilegal en Venezuela; alias La T, el teniente de la Policía Nacional Víctor Manuel Flechas Tenorio señalado de favorecer el actuar ilegal del ‘Tren de Aragua’ en la localidad de Kennedy; alias Kimayer, alias Ricardito, alias Huesos, alias Careniña y alias Danilo, que estarían involucrados en actividades sicariales y homicidios; y alias William, alias Cachorro, alias Eduard y alias Danilo, a quienes se les atribuye la venta de estupefacientes al menudeo y el control de los expendios.
Los otros ocho judicializados fueron capturados en situación de flagrancia por tener en su poder armas de fuego, munición de distintos calibres, marihuana, bazuco, base de coca, celulares, 223 cédulas y tarjetas Sim Card. Seis de estas personas deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario y dos más seguirán vinculadas a la investigación.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
