CASANARE
Juez de Yopal ordena a la Alcaldía pagar subsidios que adeuda a Empresa de Acueducto
Empresa de Acueducto dice que son 2.600 millones de pesos, y la Alcaldía que solo son 1.300.
El Juzgado Segundo Administrativo de Yopal ordenó a la Alcaldía Municipal el pago inmediato de los subsidios que adeuda a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, para los estratos 1, 2 y 3, incluido el año 2017.
Como resultado de la demanda interpuesta por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EAAAY en octubre de 2016, donde se manifiesta el incumplimiento del Municipio de Yopal a la empresa, por el no pago de los subsidios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo de los estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Yopal, adeudados a la empresa durante los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.
La EAAAY alega incumplimiento por parte de la Alcaldía del Acuerdo N° 003 de 2012, y omisión injustificada del Municipio de Yopal de realizar la transferencia de estos recursos. El juez ordenó que en un término no superior a cuatro meses, contados a partir de la ejecutoria del fallo, el Municipio de Yopal proceda a adelantar las actuaciones administrativas correspondientes para el pago.
Así mismo, estableció que una vez el término otorgado se venza, la entidad accionada debe acreditar de inmediato los respectivos soportes que certifiquen el acatamiento a los dispuesto por el despacho judicial, y que en caso de incumplimiento se dará aplicación del artículo 25 de la ley 393 de 1997, es decir, se declarará el Desacato.
Dentro de la misma decisión, el Juez ordena la compulsa de copias a la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para lo de su competencia.
La Secretaria de Hacienda de Yopal, Natalia Álvarez, indicó que la Alcaldía interpondrá una Tutela contra la decisión judicial, por violación al debido proceso, al tiempo que reiteró la posición que ha venido manteniendo la Administración Municipal, señalando que la deuda con la EAAAY no es por todo el valor que ésta reclama.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
