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Judicializan por hurto y otros delitos a empleado de la Alcaldía de Villavicencio

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captura

Ante el Juzgado 1° Penal Municipal Ambulante con función de control de garantías de Villavicencio (Meta) fueron presentadas tres personas, dos de las cuales tenían relaciones laborales con la alcaldía de la capital del Meta.

Se trata de Víctor Manuel Barbosa Ruíz, de 36 años de edad, conocido con el alias ‘Pinza’, y Diana Marcela Rodríguez Hernández, de 33 años de edad.

El primero se desempeñaba como recepcionista en la Alcaldía de Villavicencio, y la segunda como enfermera terapeuta de un instituto descentralizado de deporte. A estos nombres se suma el de Leidy Catherine Garzón de 29 años de edad, quien administraba un billar.

Los tres implicados, harían parte de la banda conocida como ‘Los Primos’ que se dedicaba al hurto a personas, residencias y establecimientos de comercio en la capital del Meta mediante el uso de armas de fuego. Acciones que se habrían ocurrido desde 2017 en Villavicencio.

Según la Fiscalia, dichas acciones delincuenciales serían coordinadas, además, con otras dos personas recluidas en una penitenciaria de Villavicencio, con quienes además se coordinaba la instrumentalización de menores de edad para cometer los delitos.

Entre las pruebas aportadas al proceso por parte de la Fiscalía están interceptaciones telefónicas, búsqueda selectiva en base de datos, entrevistas y otras actividades que llevaron a los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía a identificar y ubicar los integrantes de esta organización delincuencial.

Luego de conocer el material probatorio y de legalizar las capturas, la Fiscalía les imputó cargos a los implicados como presuntos responsables de los delitos de hurto calificado y agravado y falsa denuncia, con uso de menores en la ejecución de conductas punibles. Dichos delitos no fueron aceptados por los procesados.

El juez del caso ordenó la detención en cárcel de Barbosa, y se abstuvo de impartir medida privativa de la libertad contra las dos mujeres, esto debido a que el monto de lo hurtado no permitía dictar medida la medida preventiva.

Por su parte, las personas recluidas en la cárcel serán citadas para imputación de los nuevos delitos.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Histórica sentencia ordena compensar a familia desplazada cuyo predio ocupó el Ejército

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En un fallo sin precedentes, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio reconoció el derecho fundamental a la restitución de tierras de una pareja de esposos y sus hijos, víctimas de desplazamiento forzado en La Macarena (Meta), y ordenó su compensación, tras establecer que su predio fue ocupado ilegalmente por el Ejército Nacional.

La familia había adquirido en 1975 el terreno conocido como ‘Estadero Nápoles’, de 5.687 metros cuadrados, ubicado en la vereda Los Cristales, donde construyeron un hotel con discoteca y zona de recreación. Sin embargo, en 2002 fueron obligados a huir por amenazas de las Farc, y un año después, el inmueble fue incinerado y ocupado por tropas del Ejército, que instalaron allí una base militar de forma indefinida.

“Es un despojo imputable al Estado”

El juez Alejandro Barreto señaló que dicha ocupación constituye un acto de despojo imputable al Estado, al violar el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario, al no existir legalidad ni compensación por el uso de un bien civil. Pese a las solicitudes de la familia, la institución castrense nunca reconoció su responsabilidad ni ofreció reparación.

Debido a la imposibilidad material de restituir el predio —estratégicamente ubicado junto al aeropuerto de La Macarena—, la sentencia ordenó una compensación a través de un nuevo terreno, el cual será entregado en la ciudad que elija la familia. También se garantizará su inclusión en la oferta institucional del Estado, como parte de su reparación integral.

Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Meta, destacó que este fallo representa un hito en el reconocimiento del papel del Estado en algunos despojos, y reafirma el compromiso institucional con la defensa de los derechos de las víctimas, incluso en contextos complejos.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Reclaman más de 15 mil hectáreas en favor del Resguardo Indígena Wacoyo, en Puerto Gaitán

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La Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicó una demanda ante el Juzgado Primero Especializado de Restitución de Tierras de Villavicencio, con el propósito de restablecer los derechos territoriales del Resguardo Indígena Wacoyo, ubicado en Puerto Gaitán (Meta).

A la fecha, el territorio colectivo está conformado por tres comunidades, integradas por 801 familias que pertenecen al pueblo ancestral Sikuani. Con esta acción judicial, se pretende la restitución de las 15.855 hectáreas más 9.453 metros cuadrados del resguardo. Así mismo se busca la reparación integral de estas personas, que han sufrido confinamiento, despojo y abandono.

Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, indicó que entre las principales pretensiones de la demanda se encuentran: la culminación del proceso administrativo de ampliación, actualmente tramitado en la ANT, en concertación con la comunidad indígena; en caso de llegarse a presentar alguna situación de orden legal que impida hacerlo, que se adelante el trámite con predios que satisfagan sus necesidades y tengan viabilidad jurídica.

También se solicitó la formulación de planes integrales de reparación colectiva, para evitar vectores de contaminación ambiental; fomentar acciones tendientes a la reforestación y a reducir el riesgo de la ocurrencia de desastres naturales; la gestión de proyectos de desarrollo sostenible; así como la implementación de una política de etnoeducación, acceso a la salud con enfoque étnico y acceso a tecnología.

“Para el cumplimiento de la petición, la Unidad solicitó al ente judicial que ordene a las entidades competentes la adopción de dichas medidas, para garantizar el goce y disfrute pleno de los derechos territoriales de las tres comunidades del Resguardo Indígena Wacoyo”, informó Barreto Lara.

Fuente: Comunicaciones URT

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Llevaban 22 kilos de marihuana camuflados en varas de guadua, en Puerto Gaitán

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marihuana en guaduas

La Policía Nacional en el departamento del Meta, en una operación adelantada en zona rural del municipio de Puerto Gaitán, capturó a tres hombres por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El procedimiento se desarrolló gracias a información suministrada por una fuente humana, clave para interceptar una camioneta a la altura del kilómetro 106, en la vereda La Campiña del mencionado municipio.

Durante el registro al automotor, los uniformados hallaron 43 paquetes compactados de marihuana tipo creepy ocultos al interior de varas de guadua encapsuladas. El peso total del alijo fue de 21.500 gramos, con un valor estimado de 24 millones de pesos en el mercado ilegal.

Las investigaciones adelantadas por la SIJIN revelan que el cargamento tenía como destino final el departamento del Meta, y que su procedencia era el departamento del Cauca, con tránsito por el Quindío, según la guía de movilización. La droga estaba destinada al microtráfico, y se calcula que podrían haberse producido hasta 43.000 dosis individuales, lo que triplicaría su valor económico.

Los capturados, de 36, 40 y 45 años de edad, junto con el vehículo y la sustancia incautada, fueron dejados a disposición de la Fiscalía Séptima Local de Puerto Gaitán por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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