META
Judicializan por hurto y otros delitos a empleado de la Alcaldía de Villavicencio
Ante el Juzgado 1° Penal Municipal Ambulante con función de control de garantías de Villavicencio (Meta) fueron presentadas tres personas, dos de las cuales tenían relaciones laborales con la alcaldía de la capital del Meta.
Se trata de Víctor Manuel Barbosa Ruíz, de 36 años de edad, conocido con el alias ‘Pinza’, y Diana Marcela Rodríguez Hernández, de 33 años de edad.
El primero se desempeñaba como recepcionista en la Alcaldía de Villavicencio, y la segunda como enfermera terapeuta de un instituto descentralizado de deporte. A estos nombres se suma el de Leidy Catherine Garzón de 29 años de edad, quien administraba un billar.
Los tres implicados, harían parte de la banda conocida como ‘Los Primos’ que se dedicaba al hurto a personas, residencias y establecimientos de comercio en la capital del Meta mediante el uso de armas de fuego. Acciones que se habrían ocurrido desde 2017 en Villavicencio.
Según la Fiscalia, dichas acciones delincuenciales serían coordinadas, además, con otras dos personas recluidas en una penitenciaria de Villavicencio, con quienes además se coordinaba la instrumentalización de menores de edad para cometer los delitos.
Entre las pruebas aportadas al proceso por parte de la Fiscalía están interceptaciones telefónicas, búsqueda selectiva en base de datos, entrevistas y otras actividades que llevaron a los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía a identificar y ubicar los integrantes de esta organización delincuencial.
Luego de conocer el material probatorio y de legalizar las capturas, la Fiscalía les imputó cargos a los implicados como presuntos responsables de los delitos de hurto calificado y agravado y falsa denuncia, con uso de menores en la ejecución de conductas punibles. Dichos delitos no fueron aceptados por los procesados.
El juez del caso ordenó la detención en cárcel de Barbosa, y se abstuvo de impartir medida privativa de la libertad contra las dos mujeres, esto debido a que el monto de lo hurtado no permitía dictar medida la medida preventiva.
Por su parte, las personas recluidas en la cárcel serán citadas para imputación de los nuevos delitos.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upíaucción de una cancha sintética con un costo mayor a $1.000 millones
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
META
Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
