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Judicializados sujetos implicados en dos hurtos en Villavicencio
Por petición de la Fiscalía General de la Nación un par de jueces de control de garantías de Villavicencio impusieron medidas restrictivas de la libertad a tres personas, presuntamente, implicadas, según sus responsabilidades individuales, en delitos de hurto por medios informáticos, y hurto calificado y agravado.
Los hechos investigados ocurrieron en 2021 y 2022 en la capital del Meta.
- Por el primer caso investigado fueron judicializados los hermanos Juan Sebastián y Miguel Ángel Sánchez Camacho; de 22 y 26 años, respectivamente. Según el material probatorio recaudado, entre junio y julio de 2021, los procesados habrían ingresado en varias oportunidades a un par de gimnasios en centros comerciales de Villavicencio.
Los procesados, al parecer, sustrajeron de los lockers objetos de valor; como tarjetas débito y crédito de los deportistas; con las que luego realizaron compras por internet, almacenes de cadena y grandes superficies.
Investigadores del CTI de la Fiscalía, apoyados por Militares del grupo Gaula Meta, capturaron a los hermanos Sánchez Camacho en el barrio Tintal en Bogotá; y el barrio Morichal en Villavicencio.
La Fiscalía imputó a los procesados el delito de hurto por medios informáticos y semejantes, cargo que fue aceptado por los procesados quienes se comprometieron a indemnizar a las víctimas. El juez del caso impuso detención domiciliaria para los procesados.
- El segundo caso implicaría a José Alfonso Rojas Díaz, alias Bebe, de 20 años; quien junto a otra persona habrían intimidado a un ciudadano a quien le hurtaron 5’150.000 pesos en efectivo
Este delito se cumplió en mayo de 2022 cerca de un reconocido centro comercial de Villavicencio. Por estos hechos Rojas Díaz fue capturado por investigadores del CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional en el barrio Villa Humberto.
El procesado negó su responsabilidad frente respecto del delito de hurto calificado y agravado imputado por la Fiscalía. El juez del caso lo envió a prisión.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
META
A la cárcel por feminicidio de madre e hija en Puerto Gaitán por una deuda
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
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A la cárcel por matar a un perro que le ladró durante una riña con otro hombre
La Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez de control de garantías a Jesús Alonso Camacho Montoya por su presunta responsabilidad en el ataque a un canino llamado ‘Copito’ en hechos ocurridos el pasado 24 de octubre en una vía pública de Acacías (Meta).
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Meta, con el apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) le imputó el delito de muerte a animal. En audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
El material probatorio recopilado estableció que Camacho Montoya sostuvo una discusión con otro hombre por una deuda. En medio de la riña el procesado habría sacado un arma cortopunzante e hirió en el cuello a ‘Copito’ porque le ladró. La comunidad intentó auxiliarlo, pero falleció por la gravedad de la lesión.
Uniformados de la Policía Nacional capturaron al hombre en flagrancia.


