META
Judicializados 7 policías y dos particulares por daño a un río en el Meta
La Fiscalía General de la Nación, logró la judicialización de nueve personas, entre particulares e integrantes de la fuerza pública, como presuntos responsables de graves afectaciones a una fuente hídrica en el Meta, entre otras actuaciones irregulares.
Uno de los procesados es Reinel Gaitán Tangarife, conocido como ‘Gurre’, quien habría entregado $3’000.000 a siete uniformados de la Policía Nacional para que no le inmovilizaran retroexcavadoras utilizadas para la extracción ilegal de piedra y arena del río Urichare, en Lejanías (Meta).
Los hechos investigados ocurrieron el 2 de junio de 2021. Los uniformados reportaron la aprehensión de tres volquetas y la captura en flagrancia de los conductores; sin embargo, no habrían incluido en los informes la maquinaria amarilla. De esta manera, al parecer, plasmaron información equivocada y omitieron detalles en los documentos que sustentaban el procedimiento. Esto indujo en error al fiscal que conoció el caso, que dejó en libertad a los detenidos.
Las investigaciones dan cuenta de que horas antes de la diligencia se realizaron 120 viajes de volquetas cargadas de material obtenido del cauce del río. Los días anteriores se hicieron 240 viajes de arena, piedra y otros elementos, los cuales fueron trasladados a una finca para la construcción de una carretera privada.
Esta actividad, ejecutada sin permisos, causó graves daños al afluente, el cual hace parte de un complejo de humedales y lagunas que abastece de agua a los acueductos de la región y es una zona de recarga hídrica. Adicionalmente, ocasionó desplazamiento de la fauna y una acelerada reducción del bosque nativo.
En ese sentido, Gaitán Tangarife; uno de sus empleados, identificado como Jose Arbey García Ospina; y siete integrantes de la Policía Nacional fueron imputados por delitos como: daño a los recursos naturales agravado, explotación ilícita de yacimiento minero, fraude procesal, cohecho por dar u ofrecer; y cohecho propio.
Ocho de los procesados recibieron medidas de aseguramiento privativas de la libertad. Gaitán Tangarife en centro carcelario y los demás, entre estos un teniente, un intendente y cuatro patrulleros, en los lugares de residencia.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Lo que hace algunos años fue un escenario de miedo, desplazamiento y abandono forzado, hoy es ejemplo de resiliencia, productividad y esperanza. La familia de Juan María Torres y Audita Acosta, víctimas del conflicto armado en San Juanito (Meta), logró consolidar con éxito su proyecto productivo de fríjol gracias al acompañamiento de la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
Según la sentencia emitida en favor de esta familia por la justicia especializada, los esposos habitaron durante décadas el predio ‘Buena Vista’, ubicado en la vereda El Carmen. Sin embargo, la presencia de grupos armados ilegales, los constantes enfrentamientos entre la guerrilla de las Farc y la Fuerza Pública, así como las amenazas de reclutamiento forzado contra sus hijos, los obligaron a abandonar su tierra y desplazarse en el año 2004.
Tras el proceso de restitución, la URT garantizó la reparación integral de esta familia campesina mediante la implementación de un proyecto productivo de fríjol, con una inversión equivalente a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, recursos que permitieron fortalecer la producción agrícola, realizar adecuaciones en el predio y mejorar sus condiciones de trabajo.
La intervención también incluyó acciones de seguridad alimentaria, mediante la entrega de gallinas ponedoras, apoyo para la producción de maíz, el fortalecimiento de la cría de cerdos, cultivos de granadilla y la adecuación de una bodega para el desarrollo de sus actividades agropecuarias.
Uno de los logros más significativos para la familia fue la entrega de una vivienda rural digna en el predio restituido, permitiéndoles regresar de manera definitiva a su tierra y reconstruir su proyecto de vida en condiciones adecuadas y seguras.
Actualmente, Juan y Audita continúan desarrollando sus actividades agrícolas y pecuarias, con cultivos de maíz y fríjol, además de la producción porcina. Su visión de futuro apunta ahora a diversificar su actividad económica mediante la siembra de sagú y la adquisición de una máquina para su procesamiento, iniciativa con la que buscan generar nuevos ingresos y fortalecer su emprendimiento rural.
El director territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras, Robert Gabriel Barreto Lara, destacó este caso como un ejemplo del impacto transformador de la política pública de restitución: “nos llena de orgullo ver cómo las familias restituidas convierten las oportunidades en proyectos de vida sostenibles. Este caso demuestra que la restitución va mucho más allá de devolver la tierra; significa generar condiciones reales para que las víctimas permanezcan en el territorio, produzcan, mejoren su calidad de vida y construyan futuro con dignidad”.
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que ordena devolver 34.534 hectáreas a las comunidades indígenas Awalibá y La Campana, ubicadas en la inspección de Planas, en Puerto Gaitán (Meta).
La entrega fue liderada por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Barreto, y la líder del equipo étnico, Gina Villalobos, quienes en representación del director general, el mayor Giovani Yule, reiteraron el compromiso con la reparación de las comunidades ancestrales víctimas del conflicto.
La decisión judicial reconoce que estas comunidades del pueblo Sikuani han sido objeto de una victimización sistemática y prolongada, relacionada con el despojo, la violencia, la ocupación indebida de sus tierras y la falta de garantías estatales.
Los gobernadores de Awalibá, Ricardo Moreno, y de La Campana, Jonathan León, agradecieron al Gobierno de Gustavo Petro por hacer realidad su retorno al territorio. “Ahora nos sentimos libres. Podemos continuar con nuestras prácticas ancestrales, gobierno propio y cosmovisión. Muchas gracias a Restitución de Tierras y a los magistrados por hacer justicia para nuestro pueblo”, agregaron.
Por su parte, el director territorial recalcó: “con este fallo, el Estado colombiano da un paso decisivo hacia la reparación de comunidades indígenas afectadas por el conflicto armado, reafirmando que la restitución de tierras no solo implica devolver el territorio, sino dignificar a los pueblos y garantizar su permanencia en el tiempo. De esta manera, el Gobierno Petro cumple con dignidad a las víctimas”.
El Tribunal evidenció que estas comunidades han enfrentado violaciones a los derechos humanos, como desplazamientos forzados, confinamientos, persecución, homicidios y afectaciones a su cultura y espiritualidad. Asimismo, determinó que existió una relación directa entre la explotación de recursos y el despojo, sumado a la ausencia de consulta previa en proyectos desarrollados en su territorio.
Por ello, el Tribunal ordena no solo la restitución jurídica del territorio, sino avanzar en la formalización del resguardo indígena de La Campana, anulación de adjudicaciones irregulares, protección de sitios sagrados y medidas de reparación con enfoque intercultural.
META
Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
