CASANARE
Jorge Prieto solucionó el problema de los carros con placas blancas
Uno de los problemas, entre tantos, que dejó el bajonazo del precio del petróleo y el fin de la bonanza fue el desempleo. Miles de personas residentes en los departamentos productores, que dependían directa o indirectamente de la industria petrolera, tuvieron que asumir las consecuencias del gran error cometido por los últimos gobiernos de Colombia que decidieron apostarle la economía del país a un único sector: el de los hidrocarburos.
Casanareños, Araucanos y Metenses propietarios de camionetas doble cabina con platón con placas blancas, que solían contratar con compañías petroleras, buscaron al Senador JORGE PRIETO desde el año 2014 con el fin de solicitar apoyo para buscarle solución al grave problema que los aquejaba. La falta de trabajo, sumado a la imposibilidad de disponer libremente de su carro por estar matriculados como de servicio público, los estaba llevando al desespero, en algunos casos, al ver que el esfuerzo hecho en la compra del vehículo se había convertido en una inversión muerta.
Los vehículos con placas blancas requieren de una serie de afiliaciones, permisos y guías, que tienen un costo, para su circulación. Si un carro no tiene un contrato de alquiler vigente sencillamente no es viable asumir esos gastos para movilizarse. En el caso de ser sorprendido circulando sin los permisos requeridos, el comparendo por la infracción tiene un valor de alrededor de los siete millones de pesos. Debido a ese complicado escenario, los carros de esta modalidad de transporte se depreciaron muy por debajo del su valor comercial, razón por la cual la venta no era una opción.
En el 2015 el Senador Prieto inició gestiones ante el Ministerio de Transporte para exigirles la reglamentación del trámite de cambio de placas de servicio público a placas de servicio particular con el fin de darle solución al problema de los miles de propietarios. El Congresista alegó la facultad que tenía el Ministerio para emitir decretos y resoluciones en ese sentido, y que lo único que se requería era la voluntad política. Acompañado por varios miembros del gremio transportador, el Senador dio la pelea durante un par de meses.
La entonces Ministra, Natalia Abello, manifestó a través de su equipo jurídico que la Ley no facultaba a su despacho para reglamentar ese trámite y le comunicó al Senador que la única salida era tramitar un proyecto de Ley que facultara al Ministerio para hacer la referida reglamentación. De inmediato el Congresista casanareño procedió a elaborar el proyecto, conciliado con Gobierno y transportadores, y le dio trámite en el Congreso. Dicho Proyecto fue aprobado por unanimidad en Comisión Sexta y en Plenaria de Senado.
En el 2017, con Jorge Rojas como titular de la cartera de transporte, el Ministerio le dio la razón al Senador Jorge Prieto en cuanto a la facultad con la que ya contaba esa oficina para reglamentar el cambio de placas. Es así como el 14 de marzo de ese año el Gobierno emitió el decreto 431 que reglamentó el Transporte Especial y posibilitó el trámite que esperaban los propietarios de camionetas con placas blancas. Posteriormente emitió resoluciones que detallaron dicho procedimiento.
Es así como el Senador Prieto Riveros logró darle una solución concreta a una problemática de más de 4.000 familias del llano y cerca de 140.000 en toda Colombia. Ya podrán usar su carro como vehículo familiar, o podrán venderlo al precio real del mercado. Sin mermelada, sin arrodillarse al gobierno, y armado de voluntad e inteligencia, se concretan logros de alto impacto para la región y el país.
Fuente: Información Política Pagada
CASANARE
Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
No se adelantaron estudios de títulos
En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.
En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas y afectó bienes presuntamente utilizados para la explotación sexual y la trata de personas en Yopal.
Según las autoridades, el proceso investigativo se inició el 21 de enero de 2025, tras una denuncia recibida por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Casanare, relacionada con posibles actos de explotación sexual en el Hotel El Gaván. Según la información conocida, una menor de 13 años, de nacionalidad venezolana, habría sido víctima de estas conductas por parte del administrador y el recepcionista del establecimiento.
Bajo coordinación de la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la investigación se extendió por más de 300 días, permitiendo recolectar material probatorio que indicaría que los implicados presuntamente captaban y alojaban mujeres y menores de edad, nacionales y extranjeras, en condiciones de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual y comercial.
Como resultado de un operativo de registro y allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025, fueron capturados Libardo Chaparro Flórez, de 36 años, alias “El Mono”, administrador del hotel, y Ana Elvia Mejía Chaparro, de 56 años, alias “Ana”, señalada como presunta líder del grupo delincuencial “San Gabriel”. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial por los delitos de explotación sexual y trata de personas.
Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2025 se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre el inmueble y el establecimiento de comercio, con un valor total afectado superior a $1.163 millones. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la dignidad y la integridad de las personas más vulnerables.
CASANARE
Yopal consolida la atención materno infantil en el Hospital Central y el CAPS Juan Luis Londoño
Mientras la atención en salud materno infantil representa un reto a nivel nacional, Yopal ha logrado consolidar resultados concretos. Esto se evidencia con la renovación y obtención de nuevas certificaciones bajo la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII), lideradas por la Secretaría de Salud de Casanare en articulación con la ESE Salud Yopal.
Tras una exhaustiva evaluación externa, realizada según los lineamientos de Unicef, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, el Hospital Central de Yopal alcanzó un cumplimiento superior al 80% de los criterios exigidos.
Este resultado permitió la renovación de su certificación IAMII por un periodo de tres años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. La institución ha demostrado mejoras sostenidas en sus procesos de atención y nutrición materna e infantil.
También el Juan Luis Londoño
Asimismo, la sede CAPS Juan Luis Londoño obtuvo por primera vez la certificación oficial como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral. Este logro, producto de un proceso técnico y riguroso, contó con el acompañamiento de Unicef y se ajusta a los estándares nacionales para garantizar una atención integral, oportuna y humanizada.
El reconocimiento para la sede CAPS Juan Luis Londoño quedó formalizado mediante la Resolución 2352 del 03 de diciembre de 2025. La institución superó el 80% de cumplimiento en cada uno de los diez pasos exigidos por la estrategia IAMII, lo que la posiciona con una de las más altas distinciones en el país para la protección de la salud materno infantil.
