CASANARE
Jorge Prieto solucionó el problema de los carros con placas blancas
Uno de los problemas, entre tantos, que dejó el bajonazo del precio del petróleo y el fin de la bonanza fue el desempleo. Miles de personas residentes en los departamentos productores, que dependían directa o indirectamente de la industria petrolera, tuvieron que asumir las consecuencias del gran error cometido por los últimos gobiernos de Colombia que decidieron apostarle la economía del país a un único sector: el de los hidrocarburos.
Casanareños, Araucanos y Metenses propietarios de camionetas doble cabina con platón con placas blancas, que solían contratar con compañías petroleras, buscaron al Senador JORGE PRIETO desde el año 2014 con el fin de solicitar apoyo para buscarle solución al grave problema que los aquejaba. La falta de trabajo, sumado a la imposibilidad de disponer libremente de su carro por estar matriculados como de servicio público, los estaba llevando al desespero, en algunos casos, al ver que el esfuerzo hecho en la compra del vehículo se había convertido en una inversión muerta.
Los vehículos con placas blancas requieren de una serie de afiliaciones, permisos y guías, que tienen un costo, para su circulación. Si un carro no tiene un contrato de alquiler vigente sencillamente no es viable asumir esos gastos para movilizarse. En el caso de ser sorprendido circulando sin los permisos requeridos, el comparendo por la infracción tiene un valor de alrededor de los siete millones de pesos. Debido a ese complicado escenario, los carros de esta modalidad de transporte se depreciaron muy por debajo del su valor comercial, razón por la cual la venta no era una opción.
En el 2015 el Senador Prieto inició gestiones ante el Ministerio de Transporte para exigirles la reglamentación del trámite de cambio de placas de servicio público a placas de servicio particular con el fin de darle solución al problema de los miles de propietarios. El Congresista alegó la facultad que tenía el Ministerio para emitir decretos y resoluciones en ese sentido, y que lo único que se requería era la voluntad política. Acompañado por varios miembros del gremio transportador, el Senador dio la pelea durante un par de meses.
La entonces Ministra, Natalia Abello, manifestó a través de su equipo jurídico que la Ley no facultaba a su despacho para reglamentar ese trámite y le comunicó al Senador que la única salida era tramitar un proyecto de Ley que facultara al Ministerio para hacer la referida reglamentación. De inmediato el Congresista casanareño procedió a elaborar el proyecto, conciliado con Gobierno y transportadores, y le dio trámite en el Congreso. Dicho Proyecto fue aprobado por unanimidad en Comisión Sexta y en Plenaria de Senado.
En el 2017, con Jorge Rojas como titular de la cartera de transporte, el Ministerio le dio la razón al Senador Jorge Prieto en cuanto a la facultad con la que ya contaba esa oficina para reglamentar el cambio de placas. Es así como el 14 de marzo de ese año el Gobierno emitió el decreto 431 que reglamentó el Transporte Especial y posibilitó el trámite que esperaban los propietarios de camionetas con placas blancas. Posteriormente emitió resoluciones que detallaron dicho procedimiento.
Es así como el Senador Prieto Riveros logró darle una solución concreta a una problemática de más de 4.000 familias del llano y cerca de 140.000 en toda Colombia. Ya podrán usar su carro como vehículo familiar, o podrán venderlo al precio real del mercado. Sin mermelada, sin arrodillarse al gobierno, y armado de voluntad e inteligencia, se concretan logros de alto impacto para la región y el país.
Fuente: Información Política Pagada
Una denuncia pública radicada ante organismos de control advierte presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la salud por parte de CAPRESOCA EPS en Casanare, relacionadas con giros millonarios a terceros que no cumplirían requisitos legales ni contractuales. El documento señala posibles hechos de favorecimiento indebido, incumplimiento de normas técnicas y un eventual detrimento patrimonial en el uso de dineros de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que prende alertas sobre la transparencia en la administración de la entidad. Los hechos se dieron durante la administración de la suspendida Agente Interventora, Betty Cecilia Anaya Nieto.
El caso más delicado expuesto corresponde a un giro por $1.222 millones a la Fundación Cuerpo en Movimiento (FUCEM), realizado el 28 de enero de 2026, pese a que —según la denuncia— esta IPS no se encontraba habilitada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) ni tendría contratos publicados en SECOP II. De confirmarse, este hecho podría constituir una violación a las normas que prohíben transferir recursos públicos de salud a prestadores no habilitados, comprometiendo la legalidad del pago y la garantía de calidad en la prestación de servicios .
Adicionalmente, se cuestiona el manejo contractual con la empresa CURE LATAM SAS, a la cual CAPRESOCA habría girado $794 millones en enero, equivalente al 40% del valor total de un contrato anual de $2.000 millones. La denuncia advierte que estos pagos se habrían realizado sin evidencia de facturación previa, pese a que el contrato establece desembolsos condicionados a cuentas radicadas y auditadas. Este punto sugiere posibles fallas en los controles internos y en el cumplimiento de las cláusulas contractuales, así como riesgos de pagos anticipados injustificados .
El documento también señala inconsistencias en los reportes financieros, como el uso de numeraciones de factura no verificables ante la DIAN, lo que podría afectar la trazabilidad de los recursos. En conjunto, los hechos descritos reflejan presuntas debilidades estructurales en la gestión de la EPS, actualmente bajo intervención de la Superintendencia de Salud, y motivan el llamado a investigaciones fiscales, disciplinarias y administrativas para establecer responsabilidades y determinar si existió daño al erario .
CASANARE
Estrategia de autoconstrucción de Zorro llegó a Monterrey con la construcción de un box culvert
El gobernador César Ortiz Zorro impulsa en el municipio de Monterrey la construcción de un box culvert en el sector del Caño Grande, vereda Bellavista, sector Las Víctimas, una obra que avanza mediante el modelo de autoconstrucción con participación activa de la comunidad.
En este punto, se desarrolla una conexión que fortalecerá la movilidad y la agroindustria de la zona, consolidando esfuerzos conjuntos para mejorar la infraestructura rural del municipio.
El proyecto cuenta con el trabajo articulado de la comunidad, concejales del municipio y el Gobierno departamental, que ha aportado 16 tubos de 36 pulgadas y maquinaria para su ejecución.
Durante una visita técnica, el secretario de Infraestructura de Casanare, Álvaro Rivera, verificó los avances de la obra, la cual busca mejorar la conectividad rural y fortalecer la dinámica agroproductiva de este importante sector.
Esta intervención registra avances significativos y se consolida como un ejemplo del modelo de autoconstrucción promovido por el Gobierno de las Oportunidades, que permite la articulación efectiva entre comunidad, autoridades locales y Gobierno departamental para sacar adelante soluciones en el territorio.
Tres personas señaladas de integrar una estructura criminal dedicada al sicariato fueron capturadas en el municipio de Villanueva, en medio de un operativo adelantado por las autoridades. De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían vinculados a varios homicidios y pretendían consolidar el control de la venta de estupefacientes en la zona, atentando contra quienes se oponían a sus actividades ilícitas.
El procedimiento incluyó dos diligencias de allanamiento y registro que permitieron hacer efectivas dos capturas por orden judicial por los delitos de homicidio y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Entre los detenidos se encuentra un hombre conocido con el alias de “TATU”, quien presenta antecedentes por homicidio, receptación y hurto calificado. El segundo capturado registra anotaciones por homicidio, porte ilegal de armas y al menos cinco casos relacionados con tráfico de estupefacientes.
En el desarrollo del operativo también fue capturada en flagrancia una mujer, a quien se le atribuyen los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. Durante las acciones, las autoridades incautaron dos revólveres, munición de diferentes calibres, dosis de base de coca y marihuana, así como elementos utilizados para la dosificación de sustancias ilícitas. Los dos hombres fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que la mujer quedó en libertad, pero vinculada al proceso.
Según el coronel Pablo Javier Galindo Valencia, con estas capturas se busca avanzar en el esclarecimiento de al menos cuatro homicidios registrados en Villanueva en lo corrido de 2026. En conjunto, los detenidos suman 11 registros como indiciados por delitos relacionados con homicidio, narcotráfico, porte ilegal de armas, hurto agravado y receptación.
