CASANARE
Jorge Prieto solucionó el problema de los carros con placas blancas
Uno de los problemas, entre tantos, que dejó el bajonazo del precio del petróleo y el fin de la bonanza fue el desempleo. Miles de personas residentes en los departamentos productores, que dependían directa o indirectamente de la industria petrolera, tuvieron que asumir las consecuencias del gran error cometido por los últimos gobiernos de Colombia que decidieron apostarle la economía del país a un único sector: el de los hidrocarburos.
Casanareños, Araucanos y Metenses propietarios de camionetas doble cabina con platón con placas blancas, que solían contratar con compañías petroleras, buscaron al Senador JORGE PRIETO desde el año 2014 con el fin de solicitar apoyo para buscarle solución al grave problema que los aquejaba. La falta de trabajo, sumado a la imposibilidad de disponer libremente de su carro por estar matriculados como de servicio público, los estaba llevando al desespero, en algunos casos, al ver que el esfuerzo hecho en la compra del vehículo se había convertido en una inversión muerta.
Los vehículos con placas blancas requieren de una serie de afiliaciones, permisos y guías, que tienen un costo, para su circulación. Si un carro no tiene un contrato de alquiler vigente sencillamente no es viable asumir esos gastos para movilizarse. En el caso de ser sorprendido circulando sin los permisos requeridos, el comparendo por la infracción tiene un valor de alrededor de los siete millones de pesos. Debido a ese complicado escenario, los carros de esta modalidad de transporte se depreciaron muy por debajo del su valor comercial, razón por la cual la venta no era una opción.
En el 2015 el Senador Prieto inició gestiones ante el Ministerio de Transporte para exigirles la reglamentación del trámite de cambio de placas de servicio público a placas de servicio particular con el fin de darle solución al problema de los miles de propietarios. El Congresista alegó la facultad que tenía el Ministerio para emitir decretos y resoluciones en ese sentido, y que lo único que se requería era la voluntad política. Acompañado por varios miembros del gremio transportador, el Senador dio la pelea durante un par de meses.
La entonces Ministra, Natalia Abello, manifestó a través de su equipo jurídico que la Ley no facultaba a su despacho para reglamentar ese trámite y le comunicó al Senador que la única salida era tramitar un proyecto de Ley que facultara al Ministerio para hacer la referida reglamentación. De inmediato el Congresista casanareño procedió a elaborar el proyecto, conciliado con Gobierno y transportadores, y le dio trámite en el Congreso. Dicho Proyecto fue aprobado por unanimidad en Comisión Sexta y en Plenaria de Senado.
En el 2017, con Jorge Rojas como titular de la cartera de transporte, el Ministerio le dio la razón al Senador Jorge Prieto en cuanto a la facultad con la que ya contaba esa oficina para reglamentar el cambio de placas. Es así como el 14 de marzo de ese año el Gobierno emitió el decreto 431 que reglamentó el Transporte Especial y posibilitó el trámite que esperaban los propietarios de camionetas con placas blancas. Posteriormente emitió resoluciones que detallaron dicho procedimiento.
Es así como el Senador Prieto Riveros logró darle una solución concreta a una problemática de más de 4.000 familias del llano y cerca de 140.000 en toda Colombia. Ya podrán usar su carro como vehículo familiar, o podrán venderlo al precio real del mercado. Sin mermelada, sin arrodillarse al gobierno, y armado de voluntad e inteligencia, se concretan logros de alto impacto para la región y el país.
Fuente: Información Política Pagada
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
