CASANARE
Jorge Prieto, el Senador que definió el caso de corrupción del Magistrado Pretelt
Sesenta años tuvieron que pasar para que funcionara la Comisión de Instrucción y Juzgamiento del Senado de la República, hermana mayor de la tristemente célebre Comisión de Acusaciones de la Cámara, o Comisión de “Absoluciones” como se le conoce popularmente debido a la inoperancia y la reinante impunidad que habita en su recinto. Seis décadas pasaron hasta que el Senador casanareño Jorge Prieto Riveros le devolvió la seriedad a la mencionada Comisión en un caso de corrupción que tiene que ver con 24.000 millones de pesos de las arcas del departamento de Casanare.
Cuando el entonces Presidente del Senado de la República, Luis Fernando Velasco, anunció el arribo del proceso en contra del Magistrado Jorge Pretelt a esa célula legislativa, la confusión en cuanto al procedimiento que se debía seguir fue casi absoluta en el recinto de la Plenaria. Fue entonces cuando se dio la primera intervención del Senador Prieto en el caso, dándole claridad jurídica a sus colegas sobre los pasos a seguir en el histórico juicio.
Desde el inicio del proceso en el Senado, el Partido Centro Democrático intentó la dilación y los mecanismos para viciar el proceso. Quisieron concederle la palabra al abogado defensor el primer día; quisieron la intervención a la brava del Procurador; pretendieron que el expediente solo lo conociera el Senador instructor, José Obdulio Gaviria, y que los demás opinaran fundamentados únicamente en el análisis de él.
El poder que tenía el Partido uribista dentro de la Comisión era bastante importante, 3 de 7 miembros, que se hicieron sentir con su teoría de que el Magistrado Pretelt era un perseguido político de las toldas Santistas. Otros 3 miembros eran de la Bancada de Gobierno, lo cual dejó la responsabilidad de decisión al Senador de la Alianza Verde, Jorge Prieto.
Los debates jurídicos fueron juiciosos y prolongados durante varias sesiones hasta llegar a la conclusión de votar negativamente la ponencia de nulidad del caso propuesta por el Senador Gaviria, y recomendar a la Plenaria votar por la suspensión del cargo al señor Pretelt y la declaración de indignidad para darle curso al proceso penal en la Corte Suprema de Justicia.
Es precisamente esa decisión del Senador Prieto la que le devolvió algo de honorabilidad al Senado de la República, la que demostró cómo el Congresista casanareño hace respetar a su departamento, y cómo la justicia no es solo para los de ruana. De hecho, es con este caso que empiezan a destaparse los grandes escándalos de corrupción en las altas Cortes.
Fuente: Información Política Pagada
Las autoridades mantienen una alerta preventiva en Casanare ante posibles acciones de grupos armados ilegales y anunciaron que reforzarán los operativos de control en puntos estratégicos de Yopal. En ese contexto, fue activado un plan candado en la ciudad, con sobrevuelos y revisión de cámaras de seguridad, para establecer la ruta de escape de dos hombres que perpetraron un atentado con explosivos en la capital.
El ataque ocurrió la noche del martes contra la empresa de Seguridad Avizor, ubicada en la calle 11 con carrera 31, sobre la vía a Sirivana, a pocos metros de la Estación de Policía Yopal. Según testigos, los responsables se movilizaban en una motocicleta NKD y vestían prendas negras, además portaban cascos del mismo color.
De acuerdo con el coronel Pablo Galindo, comandante del Departamento de Policía Casanare, los sujetos lanzaron, al parecer, una granada contra las instalaciones de la empresa. La explosión causó daños materiales en ventanales y parte de la estructura del inmueble, pero no dejó personas heridas.
La información preliminar indica que el hecho podría estar relacionado con un presunto caso de extorsión. El oficial señaló que horas antes la empresa habría recibido una llamada a su línea corporativa por WhatsApp; sin embargo, hasta el momento no se ha presentado una denuncia formal por exigencias económicas ante las autoridades.
Un hombre identificado como Bladimir Castillo Urintive, conocido con el alias de “Blacho”, fue asesinado la tarde del miércoles en inmediaciones de Torres de San Marcos, en Yopal. De acuerdo con información preliminar, la víctima recibió cuatro impactos de arma de fuego en la región torácica y, aunque fue trasladado de urgencia a un centro médico por dos hombres en motocicleta, ingresó sin signos vitales.
Versiones iniciales indican que antes del ataque se habría presentado un altercado con un individuo y no se descarta un posible ajuste de cuentas por temas de microtráfico. Según las autoridades, Castillo Urintive registraba antecedentes judiciales por hurto, receptación, porte ilegal de armas y tentativa de homicidio. Además, en 2023 fue judicializado por el ataque contra Jéferson Pidiache, hecho que dejó a la víctima en condición de discapacidad.
Según fuentes extraoficiales, el hoy occiso habría estado vinculado recientemente a actividades de microtráfico en el sector, situación que es materia de verificación por parte de las autoridades judiciales. Tras el crimen comenzó a circular un panfleto con membrete atribuido a las disidencias de las antiguas Farc, en el que se le señalaba como supuesto “objetivo militar”. Panfleto donde también figura el nombre del hombre asesinado la noche del lunes en la Marginal de la Selva, en inmediaciones del sitio donde se construye el nuevo Terminal de Transportes de Yopal.
Las autoridades investigan la autenticidad del documento y si el homicidio estaría relacionado con disputas delincuenciales en la zona. El caso quedó en manos de los organismos de investigación, que adelantan labores para esclarecer los móviles del hecho y dar con los responsables.
Sobre la media noche del martes 24 de febrero, en el sector de San Rafael de Morichal en Yopal, hombres armados ingresaron a un predio privado e incineraron una retroexcavadora perteneciente a la empresa Trimex, utilizada para cargar material de río a volqueteros. En el lugar fue hallada una bandera de Colombia con grafitis alusivos a disidencias de las Farc.
Los responsables se identificaron como integrantes de disidencias de las antiguas Farc, y las autoridades orientan las pesquisas hacia el Frente 28, estructura que delinque en la región. No se descarta que el ataque esté relacionado con presuntas exigencias extorsivas contra la empresa propietaria de la maquinaria o los dueños del predio.
Alejandro Durán, coordinador de seguridad de la Secretaría de Gobierno de Yopal, confirmó que unidades judiciales realizaron la inspección técnica para recolectar elementos materiales probatorios y verificar si existían amenazas previas. Señaló que se desplegó un operativo conjunto para esclarecer los móviles del ataque y dar con los responsables.
