CASANARE
Jorge Prieto, el Senador que definió el caso de corrupción del Magistrado Pretelt
Sesenta años tuvieron que pasar para que funcionara la Comisión de Instrucción y Juzgamiento del Senado de la República, hermana mayor de la tristemente célebre Comisión de Acusaciones de la Cámara, o Comisión de “Absoluciones” como se le conoce popularmente debido a la inoperancia y la reinante impunidad que habita en su recinto. Seis décadas pasaron hasta que el Senador casanareño Jorge Prieto Riveros le devolvió la seriedad a la mencionada Comisión en un caso de corrupción que tiene que ver con 24.000 millones de pesos de las arcas del departamento de Casanare.
Cuando el entonces Presidente del Senado de la República, Luis Fernando Velasco, anunció el arribo del proceso en contra del Magistrado Jorge Pretelt a esa célula legislativa, la confusión en cuanto al procedimiento que se debía seguir fue casi absoluta en el recinto de la Plenaria. Fue entonces cuando se dio la primera intervención del Senador Prieto en el caso, dándole claridad jurídica a sus colegas sobre los pasos a seguir en el histórico juicio.
Desde el inicio del proceso en el Senado, el Partido Centro Democrático intentó la dilación y los mecanismos para viciar el proceso. Quisieron concederle la palabra al abogado defensor el primer día; quisieron la intervención a la brava del Procurador; pretendieron que el expediente solo lo conociera el Senador instructor, José Obdulio Gaviria, y que los demás opinaran fundamentados únicamente en el análisis de él.
El poder que tenía el Partido uribista dentro de la Comisión era bastante importante, 3 de 7 miembros, que se hicieron sentir con su teoría de que el Magistrado Pretelt era un perseguido político de las toldas Santistas. Otros 3 miembros eran de la Bancada de Gobierno, lo cual dejó la responsabilidad de decisión al Senador de la Alianza Verde, Jorge Prieto.
Los debates jurídicos fueron juiciosos y prolongados durante varias sesiones hasta llegar a la conclusión de votar negativamente la ponencia de nulidad del caso propuesta por el Senador Gaviria, y recomendar a la Plenaria votar por la suspensión del cargo al señor Pretelt y la declaración de indignidad para darle curso al proceso penal en la Corte Suprema de Justicia.
Es precisamente esa decisión del Senador Prieto la que le devolvió algo de honorabilidad al Senado de la República, la que demostró cómo el Congresista casanareño hace respetar a su departamento, y cómo la justicia no es solo para los de ruana. De hecho, es con este caso que empiezan a destaparse los grandes escándalos de corrupción en las altas Cortes.
Fuente: Información Política Pagada
En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos, denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.
La víctima, quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.
Preliminarmente se conoció que la mujer fue citada en la mañana del sábado hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.
ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial. De igual manera denunció persistente amenazas, seguimientos, perfilamientos, estigmatización, judiciliazación, desplazamiento y asesinato de líderes/as sociales, dirigentes comunales, empresarios y campesinos.
Se espera pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.
Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.
El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.
Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.
Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley
En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.
Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.
En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.
En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.
Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:
- Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
- No conocen el territorio.
- No estén en compañía de algún familiar.
- Tienen rasgos indígenas.
El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.
Fuente: Gobernación del Meta
