CASANARE
JJ Torres nuevamente ante la justicia este 11 y 12 de abril, por enriquecimiento ilícito
Una nueva cita ante la justicia debe cumplir el condenado y destituido ex alcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, durante los días 11 y 12 de abril cuando deberá comparecer ante el Juzgado Especializado de Yopal para la audiencia preparatoria de juicio oral por el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
La mencionada audiencia debía cumplirse el pasado 16 de enero, pero no se realizó porque Jhon Jairo Torres no se presentó y envió una carta en la que revocó el poder del abogado, y diciendo que no tenía dinero para pagar un abogado de confianza, según revelaron fuentes de la Fiscalía.
El mismo 16 de enero, la Procuraduría solicitó al Juez que si en abril no se realiza la audiencia por culpa de Jhon Jairo Torres, el Juzgado le compulse copias por el delito de impedimento y perturbación de audiencia de la celebración de audiencia pública.
Las dilaciones del proceso
Después de haber sido negada la nulidad por el Tribunal Superior de Yopal, solicitada por la defensa de Jhon Jairo Torres por la aparente existencia de dos procesos por el mismo delito, el proceso regresó al Juzgado Especializado de Yopal y el 17 de abril de 2017 se celebró la audiencia de acusación y se fijó para el 9 de junio la audiencia preparatoria de juicio oral.
El 9 de junio de 2017 no se hizo la audiencia preparatoria por renuncia del abogado Guillermo Mendoza Diago y se fijó la nueva audiencia para el 26 de septiembre de 2017.
El 26 de septiembre Jhon Jairo Torres se presentó con un nuevo abogado, quien pidió aplazamiento por razones de tiempo para poder leer el expediente y se fijó para el 16 y 17 de enero de este año, cuando no se presentó y envió la carta revocando el poder al nuevo abogado y alegando no tener dinero para pagar un abogado de confianza.
De otra parte, Jenny Milady Torres Torres, hermana de Jhon Jairo Torres, asistió el pasado 26 de febrero a la audiencia de imputación de cargos en Yopal por el mismo delito de lavado de activos, pero no aceptó los cargos.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
