CASANARE
JEP realizará en Yopal, el 18 y 19 de septiembre, audiencia pública de reconocimiento por ´falsos positivos´
La JEP citó para el 18 y 19 de septiembre, en Yopal, la Audiencia de Reconocimiento de Verdad del Subcaso Casanare – Caso 03.
En la diligencia judicial, 21 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y dos civiles imputados por ‘falsos positivos’ aceptarán responsabilidad por participar en la ejecución de asesinatos y desapariciones que fueron presentadas ilegítimamente como bajas en combate.
Durante la audiencia, que se da en el marco de una de las investigaciones que realiza la Sala de Reconocimiento de Verdad en seis zonas priorizadas en el Caso 03, los 24 responsables reconocerán los crímenes de guerra y de lesa humanidad imputados. Además, se referirán a los daños causados a las víctimas, así como a la organización criminal que se implantó en la Brigada XVI entre 2005 y 2008.
Entre los comparecientes convocados a la audiencia pública, en calidad de autores mediatos, están el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo. La JEP concluyó que ellos participaron en el asesinato de 303 personas, en 218 eventos ocurridos en Casanare, Boyacá, Meta y Arauca.
CITADOS A LA AUDIENCIA JUDICIAL
Así mismo, han sido citados a la diligencia judicial: César Augusto Cómbita Eslava, Jorge Eduwin Gordillo Benítez, Wilfrido Domínguez Márquez, Gildardo Antonio Jiménez Castrillón, Wilson Camargo Tamayo, Jaime Alberto Rivera Mahecha, Edwin Leonardo Toro Ramírez, Jhon Alexander Suancha Florián, Gélver Pérez García, Marcolino Puerto Jiménez, Marco Fabián García Céspedes, Miguel Andrés Sierra García, Erwin Eduardo Duarte Rojas, Leandro Eliécer Moná Cano, Alexander González Almario, Wilson Salvador Burgos Jiménez, Wilson Rodríguez Mimisica, Miguel Fernando Ramírez, Zamir Humberto Casallas Valderrama, Faiber Alberto Amaya Ruiz y Orlando Rivas Tovar.
A todos ellos, la Sala de Reconocimiento les atribuyó el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada. Y, a algunos, los crímenes de guerra de utilización de niños, niñas y adolescentes para participar en las hostilidades, así como el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género.
La Audiencia de Reconocimiento de Verdad es una oportunidad para contribuir a la satisfacción y dignificación de las víctimas. Como parte de la diligencia judicial, los 22 máximos responsables y dos partícipes no determinantes deberán pasar del reconocimiento escrito que ya entregaron a la magistratura de la JEP, a un reconocimiento público de las atrocidades ante la justicia, las víctimas y la sociedad.
Los efectos restauradores de este reconocimiento público pueden significar la oportunidad más directa que tienen los responsables de atender las demandas de responsabilidad y de verdad de las víctimas. Entre otras cosas, los imputados deberán aportar verdad detallada sobre hechos individuales en los términos de su participación en el plan criminal y, además, nombrar y aceptar los daños causados.
Durante siete meses, un grupo de expertos profesionales de la JEP ha trabajado en la preparación de esta audiencia pública, tanto con víctimas como con comparecientes. Este es un proceso que conduce a lograr que la diligencia permita públicamente sellar un compromiso de futuro entre quienes sufrieron el daño, quienes lo causaron y la sociedad en general, para restablecer el tejido social fracturado por los graves crímenes.
A la fecha, se han realizado tres encuentros preparatorios restaurativos con víctimas en la ciudad de Yopal, seis reuniones de concertación con representantes de víctimas, dos reuniones virtuales con representantes de comparecientes, cuatro encuentros preparatorios restaurativos con comparecientes y un encuentro preparatorio individual de nivelación con el último imputado.
De los 26 imputados por los crímenes cometidos en Casanare, dos oficiales no aceptaron responsabilidad y serán investigados por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz – JEP
La Fiscalía General de la Nación logró que un juez con función de control de garantías enviara a la cárcel a dos migrantes señalados de participar en una violenta riña ocurrida en el municipio de Trinidad (Casanare), que dejó una persona muerta y otra herida.
Los hechos se registraron el pasado 20 de septiembre en una vía pública, donde, al parecer, Járrison José Rodríguez Rodríguez y Yhovanny Smith Grimon Paredes atacaron con arma cortopunzante a un ciudadano durante una discusión. Sebastián Enrique León González logró huir y ser atendido en un centro asistencial. Posteriormente el hermano de Sebastián, Deyver Exnith Vargas González, llegó al lugar y les reclamó a los presuntos atacantes, siendo también agredido con un cuchillo y un machete, causándole heridas de gravedad que le provocaron la muerte.
Rodríguez y Grimon fueron capturados en flagrancia por la Policía Nacional, tras la alerta de la comunidad, y presentados ante la justicia. La Fiscalía les imputó los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa, cargos que no aceptaron.
El juez determinó que los procesados representaban un riesgo para la sociedad, por lo que impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzan las investigaciones.
Fuente: El Diario del Llano
A la cárcel fueron enviados dos hombres capturados recientemente en Casanare, tras ser señalados de agredir de manera violenta a sus compañeras sentimentales en hechos aislados ocurridos en Yopal y Monterrey.
El caso más grave se registró el pasado 25 de septiembre en la Finca Los Tres Potrillos del Corregimiento de Santafé de Morichal, donde Olegario Mendivelso atacó en repetidas ocasiones con arma cortopunzante a su esposa porque ella le manifestó su intención de separarse. Fidelia Tarache Tumay fue trasladada a un centro asistencial, pero llegó sin signos vitales. El agresor, quien intentaba huir hacia Paz de Ariporo en motocicleta, fue capturado en La Chaparrera un operativo de plan candado de la Policía Nacional y fue imputado por el delito de feminicidio agravado.
También en Monterrey
El otro hecho ocurrió el 20 de septiembre en el barrio Villas del Prado, en Monterrey. Allí, Carlos Alfredo Rubio Caro, un joven de 19 años atacó en repetidas ocasiones con arma cortopunzante a su pareja Ana de Jesús Latorre Infante, quien también fue trasladada a un hospital donde se recupera del ataque. En este caso, la Fiscalía le imputó al procesado el delito de feminicidio en grado de tentativa.
Ninguno de los dos hombres aceptó los cargos, sin embargo, un juez de control de garantías les impuso medidas de aseguramiento en centros carcelarios mientras avanzan los procesos judiciales en su contra.
Estos hechos se suman a la preocupante situación de violencia de género en el departamento, donde las autoridades reiteraron el llamado a denunciar y activar de manera oportuna las rutas de atención para prevenir nuevos casos.
Fuente: El Diario del Llano
La Alcaldía de Yopal y Ecopetrol avanzan en la estructuración de un Convenio Marco, que permitirá aunar esfuerzos económicos, técnicos y administrativos para la pavimentación de un importante tramo de la vía Marginal de la Selva, entre La Niata y el centro poblado El Morro.
Inicialmente este acuerdo busca materializar la intervención de vías terciarias, entre los sectores de Caño Seco y Caño Rico en el corregimiento de Mata de Limón; dichas etapas fueron socializadas por el alcalde Marco Tulio Ruiz, representantes de Ecopetrol y el presidente de la vereda El Palmar ante la comunidad.
“Hemos hecho unas reuniones previas con Ecopetrol, para el tema de la pavimentación desde Caño Seco a Caño Rico y la posibilidad de dejar abierto el camino para extender la obra hasta El Morro, una vez tengamos apropiados otros recursos”, aseguró el alcalde durante su intervención.
Cabe destacar que, este convenio contempla que la Alcaldía de Yopal será el ejecutor del proyecto, lo que permitirá adelantar los trámites precontractuales, una vez se suscriba el Acuerdo de Cooperación con Ecopetrol, proceso que debe llevarse a cabo a la par, debido a los tiempos establecidos por la ley de garantías, con el fin de no retrasar la materialización de las obras.
“Estamos trabajando de la mano con el sector privado para cerrar brechas en materia de infraestructura vial. Esta alianza con Ecopetrol permitirá no solo mejorar la conectividad, sino también garantizar mayor seguridad y bienestar a las comunidades de este sector rural de Yopal”, indicó Adriana Hernández, secretaria de Infraestructura.
Fuente: El Diario del Llano
