NACIONALES
JEP ordena revisar inclusión en sus registros de víctimas de secuestros de las extintas Farc-EP
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le ordenó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) revisar la inclusión de 2.721 víctimas de secuestro por las extintas Farc-EP en sus registros oficiales.
Estas víctimas, tanto sobrevivientes como familiares, han participado en el proceso judicial del Caso 01 de la Jurisdicción, que investiga los secuestros.
Esta decisión, adoptada por la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, de la Sala de Reconocimiento, responde a las reiteradas solicitudes de estas víctimas durante la investigación. A través de escritos y en audiencias públicas, han insistido en su derecho a ser reparadas de manera individual o de acceder a las medidas de atención, asistencia y reparación que ofrece la Unidad para las Víctimas.
Si bien uno de los objetivos principales de la JEP es investigar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes más graves del conflicto, esta Jurisdicción además tiene “una serie de obligaciones específicas para contribuir no solo a la satisfacción del derecho a la verdad de las víctimas (…) sino también a la satisfacción del derecho a la reparación integral”, como lo ha reiterado la jurisprudencia de la JEP.
Ante este panorama, la JEP ordenó a la Unidad para las Víctimas que, tras llevar a cabo su propio proceso de verificación y análisis, incluya en el Registro Único de Víctimas (RUV) a las víctimas de secuestro que aún no están registradas en esa base de datos. Para eso tendrá hasta el 1 de septiembre de 2025. Esta inclusión les permitirá acceder a las medidas de reparación y asistencia a las que tienen derecho.
La JEP también le ordenó revisar los casos de aquellas personas que ya están incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV), pero que no han sido reconocidas por la totalidad de los hechos de los que fueron víctimas. Además, deberá evaluar si procede, según la Ley de reparación integral para víctimas del conflicto armado (Ley 1448 de 2011), el pago de la indemnización y la garantía de otras medidas de reparación.
La Unidad para las Víctimas deberá además revisar los casos de aquellas personas registradas como víctimas indirectas de secuestro, pero que también son víctimas directas de otros crímenes cometidos por la extinta guerrilla durante el cautiverio. Estos crímenes incluyen homicidio, violencia sexual, desplazamiento forzado, esclavitud, desaparición forzada, tortura y tratos crueles e inhumanos.
Como parte del proceso de seguimiento a esta orden judicial, la institución deberá presentar tres informes periódicos y uno final al despacho de la magistrada Lemaitre. El primero está programado para el 2 de diciembre de 2024, el segundo para el 3 de marzo de 2025 y el tercero para el 2 de junio de 2025. Estos informes no solo deben comunicar los avances alcanzados, sino también identificar lo que hace falta para resolver la situación de las víctimas en el RUV.
El informe final, que la Unidad para las Víctimas debe presentar el 1 de septiembre de 2025, debe incluir: La información consolidada en carpetas digitales por cada núcleo familiar, donde esté la documentación de las víctimas y las decisiones tomadas por la entidad. Asimismo, una matriz con la información consolidada por cada víctima que especifique, de manera resumida, qué se decidió en cada caso y por qué. También debe quedar claro a qué medidas de asistencia, atención y reparación integral han accedido las víctimas.
Estas víctimas están representadas por la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (FEVCOL), Fundación IPS para el Desarrollo Humano Integral del Sur Colombiano (FUNIPSI), Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH) y el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD- Víctimas). Tanto este despacho como las organizaciones representantes de víctimas deben aportar a la Unidad para las Víctimas toda la información necesaria para que se realice el proceso de inclusión al RUV.
El Ministerio Público, por su parte, debe garantizar la articulación con la Unidad para las Víctimas para tomar las declaraciones de aquellas víctimas que aún no han presentado su testimonio. Este esfuerzo se debe llevar a cabo con la mayor brevedad posible, con el objetivo de asegurar que todas las voces sean escuchadas y que el proceso avance de manera efectiva.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz – JEP
NACIONALES
Juegos ilegales le quitan más de 1,5 billones de pesos a la salud de los colombianos: Coljuegos
El presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, advirtió desde Yopal que el país enfrenta una grave pérdida de recursos públicos a causa de los juegos de suerte y azar operados de manera ilegal.
Según sus estimaciones, más de 1,5 billones de pesos anuales dejan de llegar al sistema de salud subsidiada por cuenta de esta práctica, que sigue expandiéndose a través de rifas no autorizadas, tragamonedas sin regulación y el llamado “chance blanco”.
Aumentan los recursos, pero persiste la ilegalidad
Hincapié explicó que aunque el recaudo por juegos legales ha alcanzado cifras históricas —con más de un billón de pesos transferidos en los últimos dos años—, el impacto de la ilegalidad sigue siendo profundo. Destacó que si se combatiera de forma más eficaz el juego clandestino, los recursos destinados a la salud pública podrían aumentar significativamente y beneficiar a cientos de miles de personas que dependen del régimen subsidiado.
El presidente de Coljuegos señaló que la ilegalidad adopta muchas formas: desde rifas disfrazadas de “bonos solidarios” hasta máquinas tragamonedas ubicadas en tiendas de barrio sin la debida autorización. Advirtió que quienes promuevan o participen en estos juegos podrían enfrentar fuertes sanciones económicas e incluso la pérdida de sus establecimientos comerciales.
Frente a esta situación, Coljuegos ha intensificado operativos junto con la Fiscalía, la Policía y las Fuerzas Militares, logrando avances importantes gracias a pactos por la legalidad firmados en más de 200 municipios del país. No obstante, el funcionario hizo un llamado a las administraciones locales para ejercer mayor control y a los ciudadanos para no seguir alimentando redes de evasión que afectan la financiación de servicios esenciales como la salud.
Finalmente, Hincapié reiteró que toda rifa debe contar con autorización de la autoridad competente —alcaldías, gobernaciones o Coljuegos— y que ningún operador puede funcionar al margen de la ley. “Combatir la ilegalidad no es solo tarea del Estado, sino un compromiso ciudadano que impacta directamente en la vida y bienestar de los más vulnerables”, concluyó.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Secretaría de Salud de Casanare informa a la comunidad casanareña sobre el reciente comunicado de alerta emitido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). Tras recibir denuncias y llevar a cabo acciones de inspección, vigilancia y control, se ha identificado la comercialización fraudulenta del producto “Vitacerebrina Kids”, el cual presenta un registro sanitario inexistente.
Este producto se comercializa como un complemento alimenticio dirigido a niños, alegando beneficios para el cerebro, los huesos y el sistema inmunológico. Sin embargo, esta afirmación representa un incumplimiento de la normatividad sanitaria vigente, ya que declara propiedades en salud sin el respaldo científico ni la autorización correspondiente.
Es fundamental señalar que, cuando se asignan tales propiedades, el producto debe ser clasificado como medicamento y cumplir con los requisitos establecidos, lo cual no ocurre en este caso.
Por lo tanto, desde la Secretaria de Salud de Casanare se solicita a la ciudadanía que se abstenga de adquirir o consumir el producto “Vitacerebrina Kids”. Si ya se ha adquirido, se recomienda suspender su consumo de inmediato.
Para verificar si el producto cuenta con autorización de comercialización por el INVIMA los invitamos a acceder el siguiente link: https://consultaregistro.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
NACIONALES
Abiertas las inscripciones para asignar plazas de Servicio Social Obligatorio en salud 2025
El Ministerio de Salud y Protección Social, a través de su dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud, anunció que el próximo 17 de julio del 2025 se llevará a cabo el tercer proceso de asignación de plazas de Servicio Social Obligatorio de 2025, por lo cual se invita a los profesionales en bacteriología, enfermería, medicina y odontología interesados, a inscribirse entre el 25 de junio al 2 de julio de 2025.
Para este proceso, las secretarias de departamentales y distritales de salud reportaron 1.403 plazas disponibles, distribuidas entre las diferentes profesiones y regiones del país.
Es importante que los profesionales que desean presentarse al proceso de asignación de plazas al Servicio Social Obligatorio tengan en cuenta lo siguiente:
1. Las inscripciones solo se pueden adelantar en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social:
https://tramites.minsalud.gov.co/TramitesServicios/DefaultSSO.aspx
2. Leer y atender las indicaciones del instructivo, que explica el proceso de diligenciamiento y el seguimiento al trámite.
3. Diligenciar correctamente el formulario de inscripción.
4. Revisar y seleccionar las cinco plazas de su interés, además de organizar los departamentos en el orden de preferencia: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/TH/plazas-disponibles-iii-sso-2025.pdf
5. Adjuntar los soportes de los documentos relacionados al momento de diligenciar el formulario de inscripción.
Los requisitos de inscripción, las plazas vacantes y demás información relacionada con el proceso de asignación, se encuentran dispuestos en el sitio web del ministerio: https://url.minsalud.gov.co/1ww7y directamente en el Repositorio Institucional Digital – RID.
También se dispuso de una Mesa de Ayuda para los profesionales que requieran apoyo durante el proceso, la cual estará disponible durante el periodo de inscripción, de lunes a viernes, desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en jornada continua, y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Los interesados pueden comunicarse en Bogotá en el número 6013305043 o a través de la línea gratuita nacional 01 8000 96 00 20.
También pueden escribir al correo electrónico: serviciosocialobligatorio@minsalud.gov.co
Fuente: Minsterio de Salud y Protección Social
