NACIONALES
JEP ordena revisar inclusión en sus registros de víctimas de secuestros de las extintas Farc-EP
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le ordenó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) revisar la inclusión de 2.721 víctimas de secuestro por las extintas Farc-EP en sus registros oficiales.
Estas víctimas, tanto sobrevivientes como familiares, han participado en el proceso judicial del Caso 01 de la Jurisdicción, que investiga los secuestros.
Esta decisión, adoptada por la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, de la Sala de Reconocimiento, responde a las reiteradas solicitudes de estas víctimas durante la investigación. A través de escritos y en audiencias públicas, han insistido en su derecho a ser reparadas de manera individual o de acceder a las medidas de atención, asistencia y reparación que ofrece la Unidad para las Víctimas.
Si bien uno de los objetivos principales de la JEP es investigar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes más graves del conflicto, esta Jurisdicción además tiene “una serie de obligaciones específicas para contribuir no solo a la satisfacción del derecho a la verdad de las víctimas (…) sino también a la satisfacción del derecho a la reparación integral”, como lo ha reiterado la jurisprudencia de la JEP.
Ante este panorama, la JEP ordenó a la Unidad para las Víctimas que, tras llevar a cabo su propio proceso de verificación y análisis, incluya en el Registro Único de Víctimas (RUV) a las víctimas de secuestro que aún no están registradas en esa base de datos. Para eso tendrá hasta el 1 de septiembre de 2025. Esta inclusión les permitirá acceder a las medidas de reparación y asistencia a las que tienen derecho.
La JEP también le ordenó revisar los casos de aquellas personas que ya están incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV), pero que no han sido reconocidas por la totalidad de los hechos de los que fueron víctimas. Además, deberá evaluar si procede, según la Ley de reparación integral para víctimas del conflicto armado (Ley 1448 de 2011), el pago de la indemnización y la garantía de otras medidas de reparación.
La Unidad para las Víctimas deberá además revisar los casos de aquellas personas registradas como víctimas indirectas de secuestro, pero que también son víctimas directas de otros crímenes cometidos por la extinta guerrilla durante el cautiverio. Estos crímenes incluyen homicidio, violencia sexual, desplazamiento forzado, esclavitud, desaparición forzada, tortura y tratos crueles e inhumanos.
Como parte del proceso de seguimiento a esta orden judicial, la institución deberá presentar tres informes periódicos y uno final al despacho de la magistrada Lemaitre. El primero está programado para el 2 de diciembre de 2024, el segundo para el 3 de marzo de 2025 y el tercero para el 2 de junio de 2025. Estos informes no solo deben comunicar los avances alcanzados, sino también identificar lo que hace falta para resolver la situación de las víctimas en el RUV.
El informe final, que la Unidad para las Víctimas debe presentar el 1 de septiembre de 2025, debe incluir: La información consolidada en carpetas digitales por cada núcleo familiar, donde esté la documentación de las víctimas y las decisiones tomadas por la entidad. Asimismo, una matriz con la información consolidada por cada víctima que especifique, de manera resumida, qué se decidió en cada caso y por qué. También debe quedar claro a qué medidas de asistencia, atención y reparación integral han accedido las víctimas.
Estas víctimas están representadas por la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (FEVCOL), Fundación IPS para el Desarrollo Humano Integral del Sur Colombiano (FUNIPSI), Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH) y el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD- Víctimas). Tanto este despacho como las organizaciones representantes de víctimas deben aportar a la Unidad para las Víctimas toda la información necesaria para que se realice el proceso de inclusión al RUV.
El Ministerio Público, por su parte, debe garantizar la articulación con la Unidad para las Víctimas para tomar las declaraciones de aquellas víctimas que aún no han presentado su testimonio. Este esfuerzo se debe llevar a cabo con la mayor brevedad posible, con el objetivo de asegurar que todas las voces sean escuchadas y que el proceso avance de manera efectiva.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz – JEP
Las negociaciones para definir el salario mínimo de 2026 iniciarán el próximo 1º de diciembre y ya se empezaron a conocer las propuestas de cada parte, pintando un panorama bastante complejo. Lo cierto es que la inflación, que siempre se tiene en cuenta para definir el aumento, viene en aumento. El escenario genera expectativas entre los trabajadores y también inquietudes en los sectores productivos.
Con una inflación que se proyecta cerrar en torno al 5 % y con un historial reciente de no llegar a consensos en las negociaciones entre empresarios y sindicato, todas las miradas apuntan a que el aumento del salario mínimo podría volver a definirse por decreto presidencial. En los últimos años, estas decisiones han estado marcadas por incrementos superiores a la inflación, lo que abre la puerta a un ajuste aún más significativo para 2026, al ser el último año de este gobierno.
De acuerdo con el análisis de Jaime Edison Rojas, líder del Centro de Investigación para el Análisis de Datos Económicos y Sectoriales del Politécnico Grancolombiano, el contexto político es determinante: “Este es el último año de gobierno, y en Colombia es común que las administraciones salientes decreten aumentos más favorables para los trabajadores. Buscan dejar una percepción positiva entre los sindicatos y la ciudadanía”.
¿Es probable que el salario mínimo aumente cerca del 11 %?
La propuesta del Gobierno Nacional sugiere que el salario mínimo para 2026 podría subir hasta $1.580.085, lo que representaría un incremento cercano al 11 %, un ajuste que, según Jaime Edison Rojas, hoy parece probable. Sin embargo, desde la visión técnica de organizaciones como Fedesarrollo, se recomienda que el incremento no supere el 7 %, tomando como base sus estimaciones de inflación y productividad, y afirmando que un aumento del 11% excedería el margen técnico recomendado y podría generar presiones adicionales en los costos laborales y en la formalización.
¿Qué efectos tendría este aumento en los bolsillos de las familias?
Un incremento real del salario mínimo tendría efectos inmediatos en la capacidad adquisitiva de los hogares, especialmente entre quienes dependen directamente de este ingreso. Los trabajadores que devenguen el salario mínimo serían los primeros en sentir un alivio financiero, al igual que las personas con ingresos indexados a dicho valor, como ocurre con una parte importante de los pensionados. Para los hogares con menor capacidad de consumo, el aumento podría significar un mayor margen para cubrir necesidades básicas y enfrentar el incremento del costo de vida.
Desde la visión del Gobierno, estos ajustes contribuyen a reducir brechas de desigualdad y a fortalecer el ingreso real de los sectores más vulnerables. Como lo señala Jaime Rojas “el efecto será positivo para la mayoría de las familias, ya que incrementa su poder adquisitivo y mejora su nivel de consumo”, lo que podría dinamizar la economía en algunos sectores.
Por otro lado, este beneficio viene acompañado de debates sobre su sostenibilidad y los posibles efectos que podría tener en la demanda interna. Aunque para muchos hogares representaría un alivio inmediato, algunos expertos advierten que incrementos elevados del salario mínimo también pueden generar tensiones macroeconómicas que deben ser evaluadas con cuidado.
Este es uno de los puntos que más preocupa al Banco de la República y a los empresarios. Un incremento real elevado del salario mínimo puede traducirse en mayores costos de producción, especialmente en sectores que dependen intensivamente de mano de obra. Este aumento en los costos suele generar respuestas en precios finales, lo que podría trasladar parte del impacto a los consumidores.
Otro riesgo es que la inflación deje de ceder al ritmo esperado. Aunque no existe una relación automática entre el aumento salarial y la inflación, el análisis del profe Jaime Rojas explica que “puede que la inflación no se reduzca con la rapidez prevista para 2026 y que estos ajustes salariales sean un factor que frene su desaceleración”. El desafío, según el experto, es equilibrar los beneficios para los hogares con los riesgos macroeconómicos que implican incrementos
¿Qué impacto tendría sobre los trabajadores informales?
Para los trabajadores informales, en algunos casos puede ser contraproducente. Según datos recientes del DANE, la tasa de informalidad en Colombia alcanzó aproximadamente el 56,8 % para el periodo de diciembre 2024 – febrero 2025. Un estudio del Banco de la República señala que cuando la relación entre el salario mínimo se acerca mucho a los salarios altos, aumenta la probabilidad de que un trabajador se ubique en la informalidad. Este efecto es aún más fuerte para los trabajadores con menor educación, los jóvenes y las mujeres.
Además, un salario mínimo alto podría generar costos de contratación más elevados para las empresas, especialmente las micro y pequeñas, lo que podría llevarlas a evitar formalizar sus empleados o, peor aún, a contratar más trabajadores informales para mantener su estructura de costos. Esto podría profundizar la desigualdad laboral entre quienes ya están en la formalidad y quienes no, y aumentar los niveles de precariedad para los informales.
Por: Centro de Investigaciones del Politécnico GRancolombiano
El ICETEX, en alianza con Rosetta Stone, institución reconocida internacionalmente por su metodología innovadora en la enseñanza de idiomas, anuncian la apertura de la convocatoria para acceder a 800 cursos virtuales de formación en inglés básico e intermedio, dirigida a jóvenes estudiantes y profesionales colombianas/os interesados en fortalecer sus competencias lingüísticas en una segunda lengua.
Esta convocatoria que, abrió el pasado 29 de octubre y permanecerá vigente hasta las 11:59 p. m. del 15 de diciembre de 2025 o hasta completar 1.600 solicitudes, busca contribuir a la formación bilingüe del país mediante un proceso de aprendizaje virtual e inmersivo en el idioma inglés.
Los cursos, con una duración total de 120 horas, combinan trabajo autónomo con sesiones directas certificables y se desarrollarán de manera virtual y asincrónica, con una sesión sincrónica semanal. Las clases iniciarán el 16 de enero de 2026 y finalizarán el 15 de julio de 2026.
Al finalizar el programa, los participantes recibirán un certificado de finalización de nivel en el curso, otorgado por Rosetta Stone.
Esta oferta académica tiene como propósito fortalecer las competencias de pronunciación, comprensión auditiva, lectura y escritura de las y los beneficiarios, impulsando su desarrollo académico y profesional, y contribuyendo a la consolidación de una sociedad bilingüe en Colombia.
Los resultados de las personas seleccionadas serán comunicados oportunamente vía correo electrónico.
Los interesados podrán consultar los detalles de la convocatoria y postularse a través del portal oficial del ICETEX: www.icetex.gov.co, seleccionando becas > becas para estudios en el exterior > programas especiales > programas cofinanciados.
NACIONALES
Ecopetrol libera cerca de 60 millones de barriles diarios de gas natural para garantizar suministro nacional
El Grupo Ecopetrol continúa adoptado decisiones estratégicas que garanticen el suministro de gas natural en todo el país.
A la asignación adicional de 2,7 Gbtu (millones de barriles diarios) de gas natural para garantizar el suministro de gas natural vehicular en Casanare y Meta, se suma un nuevo anuncio de comercialización del energético.
A partir del 1º de diciembre de 2025 la compañía ofrecerá para la venta entre 46 y 60 Gbtud de sus campos del Piedemonte Llanero. Estas cantidades equivalen aproximadamente al 20% de la demanda residencial, comercial y de gas natural vehicular del país.
La empresa estatal informó que este gas adicional estará disponible desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026, y se ofrecerá en dos modalidades definidas en la regulación vigente:
– En firme, que garantiza el suministro continuo durante el periodo contratado.
– Con interrupciones, que permite suspender el suministro en caso de limitaciones, según las reglas establecidas.
De acuerdo con Ecopetrol, en la modalidad ‘En firme’ se ofrecerán cantidades que van desde 23 hasta 35 Gbtud para los meses de marzo a mayo de 2026, y serán comercializadas durante el trimestre de negociación que inicia en diciembre de 2025.
Y en la modalidad de ‘Interrumpible’ se ofrecerán cantidades desde 22 hasta 49 Gbtud para los meses de diciembre de 2025 a mayo de 2026, y serán comercializadas mensualmente, teniendo en cuenta las condiciones regulatorias vigentes que señalan que para el trimestre de diciembre a febrero sólo se permite la comercialización de gas bajo la modalidad Interrumpible.
“En Ecopetrol seguimos comprometidos en el abastecimiento de gas natural para todos los colombianos. Gracias a esfuerzos recientes de eficiencia, optimización y sustitución energética en varios de nuestros procesos productivos por energía proveniente de fuentes renovables no convencionales, podemos liberar mayores volúmenes para amentar la oferta de gas provenientes de nuestros campos en el Piedemonte Llanero”, declaró Bayron Triana Arias, Vicepresidente Ejecutivo de Energías para la Transición, de Ecopetrol.
Agregó el directivo que este incremento en la oferta refleja el compromiso de la compañía estatal con el país y con la transición energética. “Así avanzamos hacia un futuro con más energía limpia y más seguridad energética para todos los colombianos, y se contribuye al cumplimiento de los objetivos de descarbonización y las metas de transición energética del Grupo Ecopetrol”, aseguró.
