META
JEP hará audiencia sobre versiones de militares vinculados con “falsos positivos” en el Meta
Los próximos 23 y 24 de febrero, en una audiencia pública en Villavicencio, las víctimas acreditadas ante la JEP dentro del Caso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, expondrán sus observaciones y demandas de verdad sobre las 68 versiones entregadas por los comparecientes ante la Jurisdicción frente a, al menos, 70 crímenes documentados hasta ahora.
Las víctimas y sus representantes legales expresarán sus opiniones en torno a las versiones rendidas por los integrantes del Batallón de Infantería No. 21 ‘Batalla Pantano de Vargas’, estructura militar priorizada por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, debido al significativo incremento de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre los años 2002 y 2007. Las versiones fueron rendidas por un mayor general, tres coroneles, un teniente coronel, entre otros oficiales y suboficiales sometidos ante esta Jurisdicción.
La definición del universo provisional de hechos del Subcaso Meta se dio en medio de la valoración de las pruebas recabadas por la JEP que, entre otras cosas, incluye cuatro informes aportados por las organizaciones de víctimas, de derechos humanos y la Fiscalía General de la Nación, así como la contrastación judicial de la JEP con procesos de las justicias ordinaria y penal militar.
Así mismo, la Sala de Reconocimiento de Verdad inspeccionó más de un centenar de archivos pertenecientes al Batallón de Infantería No. 21 ‘Batalla Pantano de Vargas’. Estos documentos oficiales incluyen libros de programas operacionales, misiones tácticas, órdenes del día, radiogramas operacionales y las carpetas de las operaciones militares en las cuales se reportaron las falsas ‘bajas en combate’.
La audiencia de observaciones orienta la participación de las víctimas hacia la restauración temprana de sus derechos fundamentales. Según la Sección de Apelación de la JEP, la memoria de las víctimas es fundamental para determinar con precisión la hora, el lugar, los autores y las circunstancias en las que se perpetraron los crímenes internacionales, esclarecer las motivaciones de sus perpetradores, el contexto o el plan en el que se insertaron los ataques, los cuales son elementos claves para el proceso de contrastación de la investigación.
Por último, la diligencia judicial contribuirá a darle un rostro a las víctimas, a su sufrimiento, a sus reivindicaciones, y asimismo expondrá los daños individuales, familiares y comunitarios que causaron los comparecientes con sus acciones. En este sentido, mientras que en las versiones voluntarias se escuchó la voz de los comparecientes, en las audiencias de observaciones son las víctimas quienes tienen la palabra.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
Lea también: Conmoción en Puerto Gaitán por feminicidio de madre e hija, capturan un sospechoso
META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
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