META
JEP hará audiencia sobre versiones de militares vinculados con “falsos positivos” en el Meta
Los próximos 23 y 24 de febrero, en una audiencia pública en Villavicencio, las víctimas acreditadas ante la JEP dentro del Caso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, expondrán sus observaciones y demandas de verdad sobre las 68 versiones entregadas por los comparecientes ante la Jurisdicción frente a, al menos, 70 crímenes documentados hasta ahora.
Las víctimas y sus representantes legales expresarán sus opiniones en torno a las versiones rendidas por los integrantes del Batallón de Infantería No. 21 ‘Batalla Pantano de Vargas’, estructura militar priorizada por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, debido al significativo incremento de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre los años 2002 y 2007. Las versiones fueron rendidas por un mayor general, tres coroneles, un teniente coronel, entre otros oficiales y suboficiales sometidos ante esta Jurisdicción.
La definición del universo provisional de hechos del Subcaso Meta se dio en medio de la valoración de las pruebas recabadas por la JEP que, entre otras cosas, incluye cuatro informes aportados por las organizaciones de víctimas, de derechos humanos y la Fiscalía General de la Nación, así como la contrastación judicial de la JEP con procesos de las justicias ordinaria y penal militar.
Así mismo, la Sala de Reconocimiento de Verdad inspeccionó más de un centenar de archivos pertenecientes al Batallón de Infantería No. 21 ‘Batalla Pantano de Vargas’. Estos documentos oficiales incluyen libros de programas operacionales, misiones tácticas, órdenes del día, radiogramas operacionales y las carpetas de las operaciones militares en las cuales se reportaron las falsas ‘bajas en combate’.
La audiencia de observaciones orienta la participación de las víctimas hacia la restauración temprana de sus derechos fundamentales. Según la Sección de Apelación de la JEP, la memoria de las víctimas es fundamental para determinar con precisión la hora, el lugar, los autores y las circunstancias en las que se perpetraron los crímenes internacionales, esclarecer las motivaciones de sus perpetradores, el contexto o el plan en el que se insertaron los ataques, los cuales son elementos claves para el proceso de contrastación de la investigación.
Por último, la diligencia judicial contribuirá a darle un rostro a las víctimas, a su sufrimiento, a sus reivindicaciones, y asimismo expondrá los daños individuales, familiares y comunitarios que causaron los comparecientes con sus acciones. En este sentido, mientras que en las versiones voluntarias se escuchó la voz de los comparecientes, en las audiencias de observaciones son las víctimas quienes tienen la palabra.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz
El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio profirió un fallo que reconoce a una familia integrada por una pareja de esposos y sus dos hijos, como víctimas de abandono forzado tras la masacre paramilitar ocurrida en el corregimiento de Puerto Alvira, municipio de Mapiripán (Meta), en mayo de 1998.
La decisión judicial ordena que los solicitantes reciban compensación por la pérdida de un predio de 671 metros cuadrados, donde funcionaba una cafetería y se ofrecía arriendo de habitaciones. Este fue abandonado por la violencia que azotó al caserío durante aquel año.
El fallo también reconoció a dos mujeres, que ingresaron años después con autorización de la Junta de Acción Comunal de Puerto Alvira, como segundas ocupantes vulnerables, debido a que carecen de otra vivienda y dependen del inmueble para subsistir, por lo que estableció que podrán continuar habitándolo bajo medidas de protección.
El fallo resalta que la restitución de tierras, en el marco de la Ley 1448 de 2011, es un derecho fundamental y que la justicia debe garantizar soluciones que no generen nuevos conflictos, aplicando el principio de acción sin daño.
Robert Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, entidad que llevó el caso ante el juzgado, señaló que “este fallo es un avance en la reparación a las víctimas y refleja la complejidad de la restitución: se reconocen los derechos de quienes fueron despojados, sin desconocer la vulnerabilidad de quienes hoy habitan el predio”.
La URT, a través del Grupo Fondo, compensará a la familia víctima con un nuevo predio en el lugar de su residencia actual.
Con esta providencia, la justicia busca equilibrar derechos y garantizar reparación, en un municipio donde hay 1.660 solicitudes de restitución relacionadas con hechos del conflicto armado.
Fuente: Comunicaciones Restitución de Tierras
Con el fin de aplicar medidas fitosanitarias para control y erradicación de la mosca del Mediterráneo, contribuir a la seguridad alimentaria y al desarrollo económico de la región, el ICA realizó una jornada de supervisión y toma de muestras de las frutas que llegan para comercialización a la Central de Abastos de Villavicencio, actividades dirigidas a evitar la dispersión de la plaga y protección del estatus fitosanitario en áreas libres y de baja prevalencia de la mosca.
En la central de abastos de esta ciudad, se adelantaron actividades en 28 puntos de monitoreo, así como en predios traspatios del anillo vial circundante. El área tratada fue de cerca de 18 hectáreas con 538 árboles, entre mango, guayaba, pomarrosa, cítricos y una gran variedad de especies nativas y forestales.
Se utilizaron los insumos autorizados para las acciones de control, botellas plásticas para trampeo masivo y paneles amarillos para captura de adultos de mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata). Adicionalmente, y para reforzar las acciones de vigilancia, se realizó muestreo de frutos para determinar hospederos de la mosca de la fruta.
El ICA en el Meta trabaja para proteger los cultivos de exportación de fruta fresca como mangostino, rambután, papaya y cítricos en las zonas productoras de frutales del piedemonte, altillanura, Bajo y Alto Ariari y otros cultivos frutícolas como sandía, mango y piña, entre otros, que hacen parte de la economía campesina en los municipios de estas provincias.
Estas acciones contribuyen al fortalecimiento en la prevención de la mosca de la fruta mediante el trabajo en equipo con productores y comercializadores en implementación de acciones de manejo para contribuir al mejoramiento en la calidad e inocuidad de la fruta para consumo interno y permitir el acceso a nuevos mercados de exportación.
Fuente: Comunicaciones ICA
La Fiscalía General de la Nación judicializó a una mujer identificada como Vanessa Alexandra Contreras Nieto, como responsable de hurtar a un ciudadano extranjero en la ciudad de Villavicencio, en agosto de 2024.
Un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Meta le imputó el delito de hurto calificado y agravado. La procesada aceptó su responsabilidad en el hecho.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, los hechos ocurrieron cuando Contreras Nieto contactó por una página web de citas a la víctima, con quien se encontró en el lugar donde se hospedaba.
Se conoció que esta mujer le suministró una sustancia tóxica que lo puso en estado de indefensión, para después apoderarse de sus pertenencias, avaluadas en más de 24 millones de pesos.
Un juez de control de garantías le impuso a Contreras Nieto medida de aseguramiento en el lugar de domicilio.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
