ARAUCA
JEP aceptó a dos miembros de la fuerza pública que estarían involucrados en falsas bajas en combate en Arauca
En una decisión que busca garantizar el derecho de las víctimas a obtener verdad sobre el asesinato en estado de indefensión de Gustavo Giraldo Villamizar Durán, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la JEP, revocó el rechazo del sometimiento del soldado profesional (r) Leonardo Prieto Cáceres y, en una decisión de carácter interlocutoria, en audiencia reservada llevada a cabo este viernes en Bogotá, decidió aceptar su sometimiento a esta Jurisdicción.
Adicionalmente, en esta misma diligencia, la sala aceptó el sometimiento del soldado voluntario (r) Luis Felipe Villamizar Anaya, quien también habría estado involucrado en la muerte del señor Gustavo Villamizar Durán.
Los hechos por los que la sala acepta a estos dos exintegrantes de la fuerza pública ocurrieron el 11 de agosto de 1996, cuando Villamizar Durán se desplazaba hacia Puerto Contreras, en la carretera que conduce a Saravena (Arauca). Allí, miembros del Grupo de Caballería Mecanizado N.°18 ‘General Gabriel Revéiz Pizarro’, al cual pertenecía el soldado profesional (r) Prieto Cáceres, dispararon con sus armas de dotación contra Villamizar cuando se transportaba en una motocicleta.
Estos hechos fueron objeto de análisis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a partir de una demanda presentada por las víctimas contra el Estado colombiano. En la sentencia del caso denominado ‘Gustavo Giraldo Villamizar Durán y Otros’, que reúne a otras cinco víctimas, expedida el 20 de noviembre de 2018, la Corte IDH concluyó, entre otras cosas, que los hechos fueron de conocimiento de la Justicia Penal Militar y se incumplió con el deber de investigar con la debida diligencia.
Así mismo, la sentencia de la Corte IDH afirmó que Villamizar y las otras cinco víctimas no eran miembros de la guerrilla ni de grupos armados ilegales y fueron asesinadas bajo la dinámica de los mal llamados ‘falsos positivos’, que son asesinatos de civiles que posteriormente son presentados como bajas en combate por miembros de la fuerza pública.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas acepta el sometimiento de Prieto Cáceres siguiendo también las determinaciones de la Sección de Apelación, máxima instancia de cierre de la JEP, la cual ha interpretado que esta Jurisdicción transicional puede conocer de los hechos que tengan relación con el conflicto de manera excepcional, incluso cuando un solicitante a comparecer cuente con una sentencia absolutoria a su favor, preclusión o cesación de procedimiento, especialmente cuando se haya incumplido con el deber de juzgar y sancionar graves crímenes, pues la JEP tiene competencia prevalente sobre las demás jurisdicciones.
La defensa del ahora compareciente se mostró conforme con la decisión del despacho de la magistrada Sandra Castro Ospina, presidenta de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. De igual manera, expresaron su conformidad con la decisión la representación legal de las víctimas y el Ministerio Público.
De esta manera, el soldado profesional (r) hará parte del proceso de seguimiento a su régimen de condicionalidad, en el marco de la implementación de la Ruta No Sancionatoria que busca resolver la situación jurídica de más de seis mil miembros de la fuerza pública que no sean seleccionados como máximos responsables, o cuyos procesos no hayan sido priorizados en la Sala de Reconocimiento y sus respectivos macrocasos.
Esta vía procesal en la Sala de Definición les permite a estos comparecientes reintegrarse a la sociedad sin que ello les acarree una sanción, pero, como subrayó la magistrada Castro durante la diligencia: “esto no es gratuito ni fácil”. Los comparecientes deben hacer aportes de verdad a las víctimas sobre lo que conocen de los hechos, aclarar su participación o su posible responsabilidad en los crímenes cometidos, hacer propuestas de acciones restaurativas para las víctimas y responder a todos los requerimientos que les haga la JEP durante el proceso.
Finalmente, en una acción de garantía de los derechos de las víctimas, por incumplir con los llamados de la JEP, la sala ordenó regresar a la justicia ordinaria los expedientes del soldado voluntario (r) Raymond Piñeres y hacer efectiva la orden de captura que existe en su contra, impuesta el 3 de septiembre de 2013 por la Fiscalía 72 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (UNDH-DIH) de Cúcuta (Norte de Santander).
Según dicta la decisión de la magistrada Castro: “(Piñeres) no se hizo presente a esta diligencia”, lo que demuestra como lo ha descrito la Sección de Apelación, “una posición contraria a los fines de la transición, al punto que su procesamiento no rendiría frutos y, en cambio, sí podría desconocer los avances de la justicia ordinaria y abrir paso a la impunidad” y, agregó “porque la JEP no es un refugio para prófugos”. Piñeres no respondió a ninguno de los medios por los que lo contactó la JEP en las semanas previas a esta diligencia.
La diligencia de seguimiento al régimen de condicionalidad, por estos hechos ocurridos en Arauca, debió llevarse a cabo de forma reservada y fuera de ese territorio puesto que, actualmente, algunas de las víctimas reportan amenazas contra sus vidas. La magistratura y los equipos de asesoría legal y de atención a víctimas de la Secretaría Ejecutiva de la JEP hicieron el acompañamiento necesario para garantizar su participación en la audiencia.
Fuente:
Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías legalizó la captura de un docente condenado por su responsabilidad en el abuso sexual de una menor de edad en zona rural de Arauquita (Arauca).
Según la investigación, los hechos se registraron en noviembre de 2011, donde el hombre abusó sexualmente de la niña en varias oportunidades, aprovechando su rol como docente.
El procesado fue capturado servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo de uniformados de la Policía Nacional en cumplimiento de una orden judicial. La sentencia quedó en firme.
El alcalde de Arauca, Juan Qüenza, expresó a través de sus redes sociales, su profunda preocupación por el recrudecimiento de la inseguridad en las vías del departamento, tras un nuevo ataque armado contra buses de transporte intermunicipal. A través de sus redes sociales, el mandatario denunció que estos hechos ponen en grave riesgo a conductores, pasajeros y a la movilidad de cientos de ciudadanos.
Según lo informado, en la noche del martes un bus de la empresa Libertadores fue atacado a disparos mientras cubría una ruta en el Piedemonte araucano, dejando como saldo dos personas heridas. Este nuevo episodio se suma a una serie de hechos violentos que han venido afectando el transporte público en corredores como Fortul, Saravena y Tame.
Ante este panorama, las empresas transportadoras estarían evaluando la suspensión de las rutas nocturnas debido a las constantes amenazas y ataques, una decisión que impactaría directamente a las comunidades más vulnerables, incluyendo estudiantes, trabajadores y pacientes con remisiones médicas que dependen de estos servicios.
El alcalde Qüenza hizo un llamado urgente a las autoridades departamentales y a la Asamblea de Arauca para que se convoque un debate sobre la creciente inseguridad, los homicidios y los casos de secuestro en la región, insistiendo en la necesidad de acciones inmediatas que garanticen la seguridad en las vías y la protección de la ciudadanía.
En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.
En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.
Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.
