ARAUCA
JEP acepta sometimiento de General (r) de la Fuerza Aérea, por la masacre de Santo Domingo en Tame
La JEP aceptó el sometimiento del brigadier general (r) Sergio Andrés Garzón Vélez, exintegrante del Comando Aéreo de Combate No. 2 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). El exintegrante de la fuerza pública ha sido aceptado como compareciente forzoso en el marco del proceso relacionado con los hechos conocidos como la ‘Masacre de Santo Domingo’, ocurridos el 13 de diciembre de 1998, en Tame (Arauca).
La JEP determinó que los testimonios y aportes a la verdad hechos por Garzón Vélez revelan hechos y responsabilidades previamente desconocidas o no acreditadas con prueba directa, como el ametrallamiento de civiles desde aeronaves de la FAC y maniobras orientadas a encubrir a altos mandos militares que tuvieron conocimiento de lo sucedido.
¿Cómo fueron los hechos?
De acuerdo con el relato del ahora compareciente Garzón Vélez, con base en información de inteligencia militar, se conoció que el sábado 12 de diciembre de 1998 aterrizaría una avioneta en inmediaciones del caserío Santo Domingo, zona rural de Tame, la cual, presuntamente, llevaría dinero o armas para actividades de la guerrilla relacionadas con narcotráfico.
Con esa información, tropas de la Brigada 18 del Ejército y del Batallón Contraguerrilla No. 36 pusieron en marcha las operaciones militares denominadas ‘Relámpago I y II’ y ‘Pantera’. En esa operación las tropas refirieron haber entrado en combate con cerca de 250 guerrilleros de las Farc-EP, y que dicho combate se extendió a los días siguientes, por ello se requirió el apoyo de la Fuerza Aérea.
En la operación de apoyo aéreo participaron seis aeronaves, cinco helicópteros y un avión Skymaster. Uno de los helicópteros estaba armado con un dispositivo explosivo tipo clúster o de munición racimo, compuesto por seis granadas o bombas de fragmentación, cada una de 20 libras. En medio de los enfrentamientos, los pilotos de dicho helicóptero decidieron lanzar de forma indiscriminada el artefacto explosivo sobre la zona poblada de la vereda Santo Domingo, sin hacer distinción entre pobladores y combatientes, lo que provocó la muerte de 17 civiles, incluyendo niñas, niños y mujeres, y dejó heridas a otras 21 personas, todas identificadas como no combatientes.
El Estado fue declarado responsable
Las investigaciones en instancias judiciales nacionales e internacionales sobre estos hechos, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), han determinado la responsabilidad del Estado colombiano en graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad personal, a la propiedad privada y los derechos de niñas, niños y adolescentes.
De acuerdo con el análisis de la Sala, los miembros de la FAC no suspendieron las acciones bélicas a pesar de tener la capacidad y preparación necesaria para hacerlo. Además, hay evidencia de que los tripulantes fueron advertidos de la presencia de civiles en la zona, pero decidieron continuar con el bombardeo, lo que conllevó a causar la muerte y lesiones a personas protegidas por el DIH, en estado de indefensión.
Reconoció su responsabilidad
De los aportes de verdad dados por Garzón Vélez, la Sala destaca el reconocimiento de su responsabilidad en el ametrallamiento de civiles luego de haber sido lanzada la bomba racimo sobre el caserío. El ahora compareciente reconoció que dirigió los disparos hacia el perímetro en el que se encontraban personas vestidas de blanco que huían de la zona, sin verificar si se trataba de civiles o de combatientes. Así mismo, Garzón propuso participar en un acto de reconocimiento y en un encuentro con las víctimas como acciones restaurativas.
Para resolver su situación jurídica, los comparecientes deben hacer aportes de verdad que satisfagan las demandas de las víctimas, reconocer responsabilidad en los hechos en los que participaron y hacer acciones restaurativas que apunten a enmendar el daño causado a las víctimas y a las comunidades afectadas.
Participación de las víctimas
En el marco de este proceso, la JEP ha ordenado convocar a las víctimas directas sobrevivientes y a los familiares de las personas fallecidas o heridas que deseen acreditarse para ejercer sus derechos ante esta Jurisdicción. La convocatoria busca garantizar su participación y el acceso a medidas de verdad, justicia, restauración y no repetición. Hasta la fecha, dos personas han sido acreditadas formalmente.
La JEP reafirma su compromiso con el esclarecimiento de los hechos, la centralidad de las víctimas y la construcción de una memoria colectiva basada en la verdad, invitando a todas las personas afectadas por los hechos del 13 de diciembre de 1998 a sumarse a este proceso.
Para más información sobre el proceso de acreditación de víctimas ante la JEP, visite la página web www.jep.gov.co, consulte la sección ‘Participa’ y haga clic en la ventana ‘Participación de víctimas en la JEP’. También puede enviar un correo electrónico a info@jep.gov.co, comunicarse con la línea de atención nacional 01 8000 180602 o a través de nuestro canal de atención en WhatsApp: (+57) 320 779 0909.
Fuente: Comunicaciones JEP
La Directora de Corporinoquia, Diana Carolina Mariño Mondragón, en compañía del Gobernador de Arauca, Renson Jesús Martínez Prada y del Alcalde de Saravena, Juan Ignacio Cifuentes, trabajan con un equipo técnico de la Autoridad Ambiental, en visita de seguimiento a puntos críticos por la ola invernal, en el departamento de Arauca.
El objetivo de esta visita es realizar un diagnóstico exhaustivo que permita identificar las necesidades y prioridades en materia de gestión ambiental y de recursos hídricos en la región.
Esta visita conjunta busca fortalecer la coordinación interinstitucional y trabajar de manera articulada para abordar los desafíos ambientales y promover el desarrollo sostenible en la región.
Además, Corporinoquia hará entrega de ayudas destinadas a los municipios de Saravena y Arauquita, como parte de su compromiso con el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente en la región.
Fuente: Comunicaciones Corporinoquia
En un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Nacional, el Gobierno Departamental de Arauca y la Universidad Industrial de Santander (UIS), se realizó un recorrido técnico por el predio destinado a la construcción del futuro Campus Universitario en Saravena, un paso clave en el proceso de expansión de la educación superior en la región.
La visita contó con la participación de equipos técnicos de la Secretaría de Educación Departamental, la Alcaldía de Saravena y la UIS, quienes inspeccionaron las 5.45 hectáreas asignadas al proyecto. El objetivo fue verificar el estado del terreno y definir preliminarmente los límites del área donde se desarrollarán los estudios y diseños a cargo de la Administración Departamental.
Durante el recorrido, también se socializaron los diseños de aulas modulares propuestos por el Ministerio de Educación Nacional, los cuales permitirán avanzar en la implementación de espacios académicos de manera progresiva mientras se consolida la infraestructura definitiva.
Entre tanto, la Gobernación de Arauca realizó la socialización del Contrato de Consultoría que permitirá adelantar los estudios y diseños para la construcción del Campus Universitario, con una inversión de $2.140 millones. Durante la socialización, el Viceministerio de Educación Superior dió a conocer que se evaluará la posibilidad de que la Universidad Industrial de Santander (UIS) establezca una seccional en Arauca.
Este proyecto hace parte de la apuesta liderada por el gobernador Renson Martínez Prada para acercar la educación superior a los jóvenes del departamento, ampliar la cobertura y generar nuevas oportunidades de desarrollo en Arauca.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
ARAUCA
Red criminal filtraba información militar a disidencias de las Farc, entre ellos un teniente del Ejército
Una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional permitió la desarticulación de una red criminal al servicio de las disidencias de las Farc, de la que harían parte integrantes del Ejército Nacional.
Según las autoridades, la estructura, que operaba en varios departamentos del país, estaría involucrada en la filtración de información clasificada sobre operativos militares y en la entrega de material bélico a grupos armados ilegales.
Durante diligencias de registro y allanamiento realizadas en Sogamoso (Boyacá) y Villavicencio (Meta), fueron capturados cuatro presuntos integrantes de esta red: Néstor Orlando Ricaurte Nossa, Otoniel Forero Mosquera, Jhon Alexander Ortiz Sánchez y el teniente activo Juan Sebastián Tangua Corzo.
A todos se les imputaron delitos como concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo, cohecho propio, lavado de activos, tráfico de armas y de estupefacientes, entre otros. Ninguno aceptó los cargos y un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
A cambio de “beneficios económicos”
Según las investigaciones, el teniente Tangua Corzo habría entregado información confidencial a los cabecillas de la subestructura 28 de las disidencias, también conocida como ‘José María Córdoba’. Además de filtrar datos, presuntamente facilitó la entrega de armamento y apoyó la recuperación de armas tras operaciones militares, a cambio de beneficios económicos.
Por su parte, Ricaurte Nossa estaría a cargo de manejar los recursos económicos producto de extorsiones, utilizados para pagar la información militar. Forero Mosquera se habría encargado de coordinar la logística financiera y militar desde Villavicencio, incluyendo la llegada de combatientes del Cauca para reforzar estructuras en Arauca. En tanto, Ortiz Sánchez, alias Ingeniero, sería el encargado de labores de inteligencia delictiva y comercialización de armas y explosivos.
Durante los procedimientos fueron incautados más de 11 millones de pesos en efectivo, un arsenal compuesto por armas de fuego, tubos de mortero y cañones de ametralladora, junto con celulares, libretas con información sensible, cocaína, base de coca y material tecnológico que será clave para avanzar en las investigaciones. Las autoridades calificaron el operativo como un golpe significativo contra las redes de apoyo de las disidencias armadas.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
