ARAUCA
JEP acepta sometimiento de General (r) de la Fuerza Aérea, por la masacre de Santo Domingo en Tame
La JEP aceptó el sometimiento del brigadier general (r) Sergio Andrés Garzón Vélez, exintegrante del Comando Aéreo de Combate No. 2 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). El exintegrante de la fuerza pública ha sido aceptado como compareciente forzoso en el marco del proceso relacionado con los hechos conocidos como la ‘Masacre de Santo Domingo’, ocurridos el 13 de diciembre de 1998, en Tame (Arauca).
La JEP determinó que los testimonios y aportes a la verdad hechos por Garzón Vélez revelan hechos y responsabilidades previamente desconocidas o no acreditadas con prueba directa, como el ametrallamiento de civiles desde aeronaves de la FAC y maniobras orientadas a encubrir a altos mandos militares que tuvieron conocimiento de lo sucedido.
¿Cómo fueron los hechos?
De acuerdo con el relato del ahora compareciente Garzón Vélez, con base en información de inteligencia militar, se conoció que el sábado 12 de diciembre de 1998 aterrizaría una avioneta en inmediaciones del caserío Santo Domingo, zona rural de Tame, la cual, presuntamente, llevaría dinero o armas para actividades de la guerrilla relacionadas con narcotráfico.
Con esa información, tropas de la Brigada 18 del Ejército y del Batallón Contraguerrilla No. 36 pusieron en marcha las operaciones militares denominadas ‘Relámpago I y II’ y ‘Pantera’. En esa operación las tropas refirieron haber entrado en combate con cerca de 250 guerrilleros de las Farc-EP, y que dicho combate se extendió a los días siguientes, por ello se requirió el apoyo de la Fuerza Aérea.
En la operación de apoyo aéreo participaron seis aeronaves, cinco helicópteros y un avión Skymaster. Uno de los helicópteros estaba armado con un dispositivo explosivo tipo clúster o de munición racimo, compuesto por seis granadas o bombas de fragmentación, cada una de 20 libras. En medio de los enfrentamientos, los pilotos de dicho helicóptero decidieron lanzar de forma indiscriminada el artefacto explosivo sobre la zona poblada de la vereda Santo Domingo, sin hacer distinción entre pobladores y combatientes, lo que provocó la muerte de 17 civiles, incluyendo niñas, niños y mujeres, y dejó heridas a otras 21 personas, todas identificadas como no combatientes.
El Estado fue declarado responsable
Las investigaciones en instancias judiciales nacionales e internacionales sobre estos hechos, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), han determinado la responsabilidad del Estado colombiano en graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad personal, a la propiedad privada y los derechos de niñas, niños y adolescentes.
De acuerdo con el análisis de la Sala, los miembros de la FAC no suspendieron las acciones bélicas a pesar de tener la capacidad y preparación necesaria para hacerlo. Además, hay evidencia de que los tripulantes fueron advertidos de la presencia de civiles en la zona, pero decidieron continuar con el bombardeo, lo que conllevó a causar la muerte y lesiones a personas protegidas por el DIH, en estado de indefensión.
Reconoció su responsabilidad
De los aportes de verdad dados por Garzón Vélez, la Sala destaca el reconocimiento de su responsabilidad en el ametrallamiento de civiles luego de haber sido lanzada la bomba racimo sobre el caserío. El ahora compareciente reconoció que dirigió los disparos hacia el perímetro en el que se encontraban personas vestidas de blanco que huían de la zona, sin verificar si se trataba de civiles o de combatientes. Así mismo, Garzón propuso participar en un acto de reconocimiento y en un encuentro con las víctimas como acciones restaurativas.
Para resolver su situación jurídica, los comparecientes deben hacer aportes de verdad que satisfagan las demandas de las víctimas, reconocer responsabilidad en los hechos en los que participaron y hacer acciones restaurativas que apunten a enmendar el daño causado a las víctimas y a las comunidades afectadas.
Participación de las víctimas
En el marco de este proceso, la JEP ha ordenado convocar a las víctimas directas sobrevivientes y a los familiares de las personas fallecidas o heridas que deseen acreditarse para ejercer sus derechos ante esta Jurisdicción. La convocatoria busca garantizar su participación y el acceso a medidas de verdad, justicia, restauración y no repetición. Hasta la fecha, dos personas han sido acreditadas formalmente.
La JEP reafirma su compromiso con el esclarecimiento de los hechos, la centralidad de las víctimas y la construcción de una memoria colectiva basada en la verdad, invitando a todas las personas afectadas por los hechos del 13 de diciembre de 1998 a sumarse a este proceso.
Para más información sobre el proceso de acreditación de víctimas ante la JEP, visite la página web www.jep.gov.co, consulte la sección ‘Participa’ y haga clic en la ventana ‘Participación de víctimas en la JEP’. También puede enviar un correo electrónico a info@jep.gov.co, comunicarse con la línea de atención nacional 01 8000 180602 o a través de nuestro canal de atención en WhatsApp: (+57) 320 779 0909.
Fuente: Comunicaciones JEP
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.
Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.
De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.
Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.
Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.
A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
La seguridad de nuestras comunidades se refuerza con la llegada de 180 nuevos patrulleros de la Policía Nacional, quienes se integran de inmediato a las labores de vigilancia y convivencia ciudadana en los siete municipios del departamento.
Este refuerzo es resultado de las gestiones adelantadas por la Gobernación de Arauca ante el Gobierno Nacional y permitirá una presencia policial más cercana, oportuna y efectiva, tanto en zonas urbanas como rurales, protegiendo a las familias, el comercio y la tranquilidad del territorio.
