CASANARE
Irresponsable motociclista que huyó del lugar causó muerte de mujer en el municipio de Maní
Consternación causó en el municipio de Maní la muerte de la señora Imay Coronado, tras haber sido arrollada por un motociclista que practicaba piques ilegales en una calle de la localidad el pasado domingo en horas del mediodía.
Los hechos se presentaron en la calle 24 con carrera 6 del barrio El Progreso, cuando la occisa en compañía de su esposo y su pequeña hija transitaban por el lugar y fueron arrollados por el imprudente motociclista, que una vez cometidos los hechos se dio a la fuga, lo que ha generado un contundente pronunciamiento de la ciudadanía a través de redes sociales, denunciando que son muchas las situaciones fatales que se han venido presentando en los últimos meses, sin que las autoridades hagan lo correspondiente para generar cultura de seguridad vial.
“La ignorancia de un conductor de esos que andan levantando motos por ahí en nuestras calles el día domingo la accidentó junto con su esposo y su pequeña hija. Hoy después de una dura batalla ha perdido la vida por un irresponsable e imprudente que antes se dio a la fuga. Despierta Maní”, se lee en un mensaje a través de la red social Facebook.
La indignación es tal, que se denuncia la existencia de un “grupito” de muchachos que “se ponen de gorra el municipio con sus motos”, sin que exista autoridad de tránsito o de Policía que ponga control a sus irresponsables actuaciones, que generan peligro para los transeúntes y para ellos mismos por el elevado nivel de riesgo.
Los ciudadanos llamaron la atención por el elevado nivel de accidentalidad existente en el municipio donde se ven involucrados motociclistas con desenlaces fatales, la mayoría de ellos causados por jóvenes que sin los elementos de seguridad transitan por las calles a altas velocidades.
La pequeña hija de la víctima de este lamentable caso aún se encuentra en el Hospital de Maní recuperándose de las heridas causadas en el accidente del pasado domingo.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Deuda de Enerca con Sayop sigue creciendo, ya son cerca de $9 mil millones de pesos
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
CASANARE
Alertan sobre comercialización ilegal de Aguardiente Amarillo con imagen de Yeison Jiménez
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.

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