META
Investigan irregularidades en contrato de alimentación de abuelos en Villavicencio
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación a la secretaria de Gestión Social y Participación Ciudadana de la Alcaldía de Villavicencio, Maritzabel Ramírez Gómez, por presuntas irregularidades en el contrato 871 de 2016 por $1.998’195.500 para el suministro de alimentos en los centros vida, a adultos mayores en estado de vulnerabilidad y/o extrema pobreza.
La decisión de la Procuraduría Provincial de Villavicencio también involucró al interventor del Contrato 871 de 2016, suscrito entre la alcaldía y la Corporación Social y Cultural de la Orinoquía (Corsoculdeorinoquía), Julián Andrés Vargas Álvarez; y al coordinador del Programa del Adulto Mayor y supervisor del Contrato de Interventoría 969 de 2016, Sehir Esgardo Rodríguez Rodríguez.
El ente de control investiga las denuncias de la veeduría ciudadana Comunidad Villavicencio que señalan a Ramírez Gómez de consignar falsedades al efectuar la evaluación técnica y certificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del objeto contractual.
A Vargas Álvarez se le investiga por presuntamente duplicar pagos, faltar a la verdad al certificar el cumplimiento del contrato, entregar alimentos a personas no beneficiarias y por otras irregularidades en el control del servicio; además de la supuesta omisión de verificar y certificar la entrega de 10 cupos adicionales ofertados por Corsoculdeorinoquía, que fueron un factor decisivo en el puntaje que obtuvo.
En el curso de la investigación el ente de control verificará si Rodríguez Rodríguez incumplió su función de constatar que el interventor hubiese llevado a cabo sus obligaciones, pues en caso de haberlas omitido habría podido favorecer económicamente al contratista.
La PGN adelanta esta actuación con el fin de establecer la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron, determinar si constituyen faltas disciplinarias, y el posible perjuicio causado. Los implicados podrán solicitar ser escuchados en versión libre.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
La Policía Nacional en el departamento del Meta, en una operación adelantada en zona rural del municipio de Puerto Gaitán, capturó a tres hombres por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
El procedimiento se desarrolló gracias a información suministrada por una fuente humana, clave para interceptar una camioneta a la altura del kilómetro 106, en la vereda La Campiña del mencionado municipio.
Durante el registro al automotor, los uniformados hallaron 43 paquetes compactados de marihuana tipo creepy ocultos al interior de varas de guadua encapsuladas. El peso total del alijo fue de 21.500 gramos, con un valor estimado de 24 millones de pesos en el mercado ilegal.
Las investigaciones adelantadas por la SIJIN revelan que el cargamento tenía como destino final el departamento del Meta, y que su procedencia era el departamento del Cauca, con tránsito por el Quindío, según la guía de movilización. La droga estaba destinada al microtráfico, y se calcula que podrían haberse producido hasta 43.000 dosis individuales, lo que triplicaría su valor económico.
Los capturados, de 36, 40 y 45 años de edad, junto con el vehículo y la sustancia incautada, fueron dejados a disposición de la Fiscalía Séptima Local de Puerto Gaitán por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Después de 30 años de abandonar forzadamente su predio, una mujer y su familia, víctimas del conflicto armado, serán compensadas. El Tribunal Superior de Bogotá, a través de su Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, falló a su favor y ordenó la restitución mediante compensación del predio rural ‘Los Valientes’, un terreno de más de 13 hectáreas.
La sentencia reconoce que no es posible el retorno, por razones de seguridad y salud, por lo que la familia deberá ser compensada económicamente. La historia se remonta al año 1984, cuando la pareja de esposos adquirió este predio, ubicado en la vereda Loma del Pañuelo. Allí criaron a sus hijos, sembraron café, yuca, maíz y plátano.
Llegó la violencia y el destierro
El 10 de diciembre de 1994, la violencia les arrancó la tranquilidad: las Farc asesinaron al jefe del hogar y a su hijo mayor, obligando a la madre y al hijo menor a abandonar su tierra. Desde entonces, sus vidas transcurrieron en un constante peregrinaje por Acacías y Villavicencio, en Meta, tal como Falan y Mariquita, en Tolima.
El Tribunal no solo reconoció el abandono forzado y el despojo violento con enfoque de género, sino que rechazó los argumentos del opositor, quien alegó haber adquirido el terreno “de buena fe” en 2007.
Además, el fallo ordena a la Agencia Nacional de Tierras que adelante la recuperación del baldío y coordine con la URT la compensación para la mujer, quien por su edad, discapacidad de su hijo y riesgo vigente (hoy protegida por la UNP), no puede regresar al campo.
El terreno se encuentra además dentro del bloque LLA36 de exploración y producción de hidrocarburos, operado por la empresa MONTECZ S.A., una realidad que suma desafíos, pero no impide la reparación.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, indicó que “este fallo es también una alerta sobre la necesidad de seguir protegiendo a las mujeres campesinas, a quienes la guerra desplazó y silenció por años”.
Fuente: Comunicaciones Unidad de Restitución de Tierras
Firmantes del Acuerdo Final realizaron una gran Sembratón en el predio Hato Rondón, en San Juan de Arama (Meta), donde se plantaron más de mil plántulas forestales como parte de un proceso de transición hacia la ganadería sostenible, en una muestra de compromiso con la sostenibilidad ambiental y la construcción de paz en Colombia.
La jornada reunió a mujeres y hombres en proceso de reincorporación, sus familias, líderes comunitarios, organizaciones locales, instituciones y expertos agropecuarios, en el marco del proyecto Fortalecimiento de la Reincorporación Económica y Social (FRES), liderado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Regenerar el suelo, restaurar ecosistemas y construir paz
Más que sembrar árboles, el objetivo fue sembrar futuro. Las especies plantadas, como el Botón de Oro, Guamo, Samán, Búcaro, Pan de Año, Pomarroso y Guayabo, contribuirán a la recuperación de suelos degradados, la protección de fuentes hídricas y la transición hacia modelos de producción ganadera respetuosos con el ambiente. Esta acción se da en un territorio clave para la paz y la biodiversidad, y forma parte de una estrategia técnica que incluye bancos de forraje, mecanización de tierras y prácticas agroecológicas.
El material vegetal fue donado gracias a una alianza con la Fundación Observatorio Joven de la Orinoquia “Ojo Abierto”, fortaleciendo así los predios productivos gestionados por la Cooperativa Multiactiva Agropecuaria Paz y Desarrollo de Vistahermosa (COOPROAGROMETA).
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
