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Investigan irregularidades en contrato de alimentación de abuelos en Villavicencio

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La Procuraduría General de la Nación abrió investigación a la secretaria de Gestión Social y Participación Ciudadana de la Alcaldía de Villavicencio, Maritzabel Ramírez Gómez, por presuntas irregularidades en el contrato 871 de 2016 por $1.998’195.500 para el suministro de alimentos en los centros vida, a adultos mayores en estado de vulnerabilidad y/o extrema pobreza.

La decisión de la Procuraduría Provincial de Villavicencio también involucró al interventor del Contrato 871 de 2016, suscrito entre la alcaldía y la Corporación Social y Cultural de la Orinoquía (Corsoculdeorinoquía), Julián Andrés Vargas Álvarez; y al coordinador del Programa del Adulto Mayor y supervisor del Contrato de Interventoría 969 de 2016, Sehir Esgardo Rodríguez Rodríguez.

El ente de control investiga las denuncias de la veeduría ciudadana Comunidad Villavicencio que señalan a Ramírez Gómez de consignar falsedades al efectuar la evaluación técnica y certificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del objeto contractual.

A Vargas Álvarez se le investiga por presuntamente duplicar pagos, faltar a la verdad al certificar el cumplimiento del contrato, entregar alimentos a personas no beneficiarias y por otras irregularidades en el control del servicio; además de la supuesta omisión de verificar y certificar la entrega de 10 cupos adicionales ofertados por Corsoculdeorinoquía, que fueron un factor decisivo en el puntaje que obtuvo.

En el curso de la investigación el ente de control verificará si Rodríguez Rodríguez incumplió su función de constatar que el interventor hubiese llevado a cabo sus obligaciones, pues en caso de haberlas omitido habría podido favorecer económicamente al contratista.

La PGN adelanta esta actuación con el fin de establecer la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron, determinar si constituyen faltas disciplinarias, y el posible perjuicio causado. Los implicados podrán solicitar ser escuchados en versión libre.

Fuente: Procuraduría General de la Nación

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Histórica sentencia ordena compensar a familia desplazada cuyo predio ocupó el Ejército

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En un fallo sin precedentes, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio reconoció el derecho fundamental a la restitución de tierras de una pareja de esposos y sus hijos, víctimas de desplazamiento forzado en La Macarena (Meta), y ordenó su compensación, tras establecer que su predio fue ocupado ilegalmente por el Ejército Nacional.

La familia había adquirido en 1975 el terreno conocido como ‘Estadero Nápoles’, de 5.687 metros cuadrados, ubicado en la vereda Los Cristales, donde construyeron un hotel con discoteca y zona de recreación. Sin embargo, en 2002 fueron obligados a huir por amenazas de las Farc, y un año después, el inmueble fue incinerado y ocupado por tropas del Ejército, que instalaron allí una base militar de forma indefinida.

“Es un despojo imputable al Estado”

El juez Alejandro Barreto señaló que dicha ocupación constituye un acto de despojo imputable al Estado, al violar el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario, al no existir legalidad ni compensación por el uso de un bien civil. Pese a las solicitudes de la familia, la institución castrense nunca reconoció su responsabilidad ni ofreció reparación.

Debido a la imposibilidad material de restituir el predio —estratégicamente ubicado junto al aeropuerto de La Macarena—, la sentencia ordenó una compensación a través de un nuevo terreno, el cual será entregado en la ciudad que elija la familia. También se garantizará su inclusión en la oferta institucional del Estado, como parte de su reparación integral.

Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Meta, destacó que este fallo representa un hito en el reconocimiento del papel del Estado en algunos despojos, y reafirma el compromiso institucional con la defensa de los derechos de las víctimas, incluso en contextos complejos.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Reclaman más de 15 mil hectáreas en favor del Resguardo Indígena Wacoyo, en Puerto Gaitán

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La Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicó una demanda ante el Juzgado Primero Especializado de Restitución de Tierras de Villavicencio, con el propósito de restablecer los derechos territoriales del Resguardo Indígena Wacoyo, ubicado en Puerto Gaitán (Meta).

A la fecha, el territorio colectivo está conformado por tres comunidades, integradas por 801 familias que pertenecen al pueblo ancestral Sikuani. Con esta acción judicial, se pretende la restitución de las 15.855 hectáreas más 9.453 metros cuadrados del resguardo. Así mismo se busca la reparación integral de estas personas, que han sufrido confinamiento, despojo y abandono.

Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, indicó que entre las principales pretensiones de la demanda se encuentran: la culminación del proceso administrativo de ampliación, actualmente tramitado en la ANT, en concertación con la comunidad indígena; en caso de llegarse a presentar alguna situación de orden legal que impida hacerlo, que se adelante el trámite con predios que satisfagan sus necesidades y tengan viabilidad jurídica.

También se solicitó la formulación de planes integrales de reparación colectiva, para evitar vectores de contaminación ambiental; fomentar acciones tendientes a la reforestación y a reducir el riesgo de la ocurrencia de desastres naturales; la gestión de proyectos de desarrollo sostenible; así como la implementación de una política de etnoeducación, acceso a la salud con enfoque étnico y acceso a tecnología.

“Para el cumplimiento de la petición, la Unidad solicitó al ente judicial que ordene a las entidades competentes la adopción de dichas medidas, para garantizar el goce y disfrute pleno de los derechos territoriales de las tres comunidades del Resguardo Indígena Wacoyo”, informó Barreto Lara.

Fuente: Comunicaciones URT

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Llevaban 22 kilos de marihuana camuflados en varas de guadua, en Puerto Gaitán

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marihuana en guaduas

La Policía Nacional en el departamento del Meta, en una operación adelantada en zona rural del municipio de Puerto Gaitán, capturó a tres hombres por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El procedimiento se desarrolló gracias a información suministrada por una fuente humana, clave para interceptar una camioneta a la altura del kilómetro 106, en la vereda La Campiña del mencionado municipio.

Durante el registro al automotor, los uniformados hallaron 43 paquetes compactados de marihuana tipo creepy ocultos al interior de varas de guadua encapsuladas. El peso total del alijo fue de 21.500 gramos, con un valor estimado de 24 millones de pesos en el mercado ilegal.

Las investigaciones adelantadas por la SIJIN revelan que el cargamento tenía como destino final el departamento del Meta, y que su procedencia era el departamento del Cauca, con tránsito por el Quindío, según la guía de movilización. La droga estaba destinada al microtráfico, y se calcula que podrían haberse producido hasta 43.000 dosis individuales, lo que triplicaría su valor económico.

Los capturados, de 36, 40 y 45 años de edad, junto con el vehículo y la sustancia incautada, fueron dejados a disposición de la Fiscalía Séptima Local de Puerto Gaitán por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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