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Covioriente investigada por errores de calibración en báscula camionera de El Charte

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Por errores en la construcción, instalación, mantenimiento y calibración de básculas camioneras, la Superintendencia de Puertos y Transporte abrió investigación a 17 concesiones viales del país (una concesión participa con dos básculas).

Luego de un estudio en el que se inspeccionaron las 20 básculas más transitadas del país (son 103 en total), por donde se moviliza –aproximadamente– el 65 por ciento de la carga a nivel nacional, se concluyó que 18 presentan problemas técnicos y estarían pesando de forma inexacta la carga vehicular.

“De las 20 básculas revisadas, 18 no están cumpliendo. Estamos investigando para establecer la responsabilidad de los concesionarios viales; también se les exigió entregar en los próximos 8 días un plan de mejoramiento que garantice la prestación del servicio en condiciones óptimas de funcionamiento, con el fin de velar por el correcto pesaje de todos los vehículos de carga que transitan por la red vial nacional, para evitar posibles sobrepesos que pongan en riesgo la seguridad vial y deterioren la infraestructura”, advirtió el superintendente Javier Jaramillo.

Funcionarios de la Supertransporte, junto con técnicos del Instituto Nacional de Metrología, encontraron que algunas básculas no están ajustadas a los criterios metrológicos de instalación y ubicación establecidos en las normas, por lo que se identificaron básculas con construcciones atípicas, como rampas, plataformas en superficies inclinadas y reductores de velocidad a distancias muy cortas de las plataformas de pesaje.

También se evidenció falta de capacitación de operarios de los equipos, deficiencias en el mantenimiento y problemas en la señalización (deficiente o inadecuada).

Las básculas que tuvieron mayores hallazgos técnicos son las de Gambote (Bolívar), Río Charte (Casanare), La Española (Quindío) y Albán (C/marca), donde se pueden encontrar desfases hasta de 3 toneladas por debajo del peso del tiquete. Las dos básculas que pasaron la revisión fueron Lizama 2, en Barrancabermeja, y Río Bogotá, en Funza (vía Facatativá).

Adelantado el correspondiente proceso administrativo, los concesionarios viales investigados por la entidad se exponen a sanciones hasta de $547 millones.

Una vez visto los resultados arrojados por este estudio, la Supertransporte requerirá a las demás concesiones viales para que realicen la certificación de las básculas restantes (83), con el fin de que cumplan las condiciones técnicas de operación y calibración.

Fuente: Prensa y Comunicaciones Supertransporte

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Repudio por lider comunal asesinada en zona rural de Aguazul

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En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.

La víctima quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.

Preliminarmente se conoce que la mujer fue citada esta mañana hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.

ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial.

Se espera pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Procuraduría investiga denuncias en construcción del malecón de Yopal

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La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.

Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.

El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.

Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.

La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.

Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.

Fuente: Procuraduría General de la Nación

 

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Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley

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En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.

Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.

“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.

En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.

En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.

Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:

  • Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
  • No conocen el territorio.
  • No estén en compañía de algún familiar.
  • Tienen rasgos indígenas.

El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.

Fuente: Gobernación del Meta

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