CASANARE
En Orocué compraron materiales para centros culturales rurales pero no los construyeron
El alcalde del municipio de Orocué, Anderson Bernal Tello, fue denunciado ante la Contraloría Departamental de Casanare, por la adjudicación de un contrato por un valor superior a los $630 millones de pesos, con aparentes irregularidades.
La primera advertencia que hizo Yimer Aguilera, líder social de Orocué que puso en conocimiento de la Contraloría el mencionado Contrato, es que la adjudicación no se publicó en el SECOP o portal de contratación, lo que evidencia que la selección del contratista se hizo “a dedo”, sin cumplir las normas para tal fin.
El contrato está relacionado con el suministro de materiales de ferretería, arrastre de río y arrecife de cantera para la construcción de centros culturales Etapa 1 en la zona rural del municipio de Orocué, ante lo cual la Contraloría Departamental tomó cartas en el asunto y respondió al quejoso, luego de realizar auditoría a la Alcaldía.
En respuesta de la Contraloría del pasado 31 de mayo, se evidencia que efectivamente al revisar el mencionado Contrato se determinó un hallazgo fiscal por el valor total del mismo, es decir $634.816.945, en razón a que los materiales se compraron pero no han sido utilizados en la construcción de los centros culturales, “lo cual torna ineficaz e ineficiente esta gestión”. Es decir, se pagaron los materiales pero la obra no se ha ejecutado.
La Contraloría señala que por este hallazgo también se correrán copias a la Procuraduría General de la Nación para que investigue esta conducta desde el punto de vista disciplinario. Además, se informará también a la Procuraduría que tal contrato no fue publicado en el portal de contratación “Colombia Compra Eficiente” o SECOP como lo ordena la Ley, para lo pertinente.

Por último, se señala por parte de la Contraloría Departamental, que al haberse pagado el Contrato sin haberse ejecutado la obra, se estaría incurriendo en responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales, según corresponda.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Deuda de Enerca con Sayop sigue creciendo, ya son cerca de $9 mil millones de pesos
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
CASANARE
Alertan sobre comercialización ilegal de Aguardiente Amarillo con imagen de Yeison Jiménez
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.

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