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Senadora Maritza Martínez insiste se certifique calidad de las obras de la vía Bogotá – Villavicencio
Un saldo de cinco muertos y varios heridos es el lamentable resultado de la caída de una parte de la estructura del puente La Pala, ubicado en el km 65+60 de la vía Bogotá – Villavicencio.
Tras conocerse esta lamentable noticia, la senadora Maritza Martínez Aristizábal manifestó su profundo pesar por el terrible desenlace de este incidente, y no vaciló en reclamar a las concesionarias que tienen a su cargo la adecuación del corredor vial por las fallas estructurales que se han presentado en varios tramos durante los últimos meses.
“En enero, abril y noviembre de este año le he insistido a la ANI y al Ministerio de Transporte, en la necesidad de evaluar la calidad y seguridad de las obras que tienen a su cargo las concesionarias Coviandes y Coviandina en la vía que conecta a los llanos con el centro del país. Hoy reitero esta solicitud, los usuarios deben recibir información técnica confiable sobre las condiciones de ingeniería de los túneles, puentes y viaductos que se encuentran en construcción”,afirmó Martínez Aristizábal.
Ante este panorama la Senadora recordó que no es la primera vez que ocurren estos sucesos.
“Hace casi un año se desplomó el puente Chirajara, a pocos kilómetros del lugar donde ocurrió este nuevo incidente, y a eso debemos sumarle la problemática existente en los túneles de Quebrada Blanca, el colapso del túnel Buenavista II en julio del año pasado, el deplorable estado de la antigua vía Bogotá-Villavicencio y los constantes cierres viales; además de la clausura de un importante tramo a la altura del km 46 desde junio pasado, lugar donde cuatro personas perdieron la vida a causa de un desprendimiento de roca sin que aun la concesionaria de una solución definitiva a esta situación”.
La Congresista reiteró la solicitud que hace pocos días hizo a la Ministra de Transporte con relación al alza injustificada en la tarifa de los peajes en la vía al llano, el cual no corresponde con la calidad y seguridad de la misma.
“Hechos como este reafirman nuestra posición frente a la necesidad de agilizar el proceso sancionatorio que se adelanta a la concesionaria para congelar y disminuir el valor de los peajes; y que las multas que se le impongan a Coviandes y Coviandina por hechos como este o el del puente Chirajara, se vean reflejadas en una disminución sustancial de las tarifas”, puntualizó la Senadora.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
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A la cárcel por atentar contra la vida de un hombre en Puerto Gaitán, capturados en flagrancia
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
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A la cárcel por maltratar e intentar asesinar a sus dos hijas de 8 meses y 12 años
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
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