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Senadora Maritza Martínez insiste se certifique calidad de las obras de la vía Bogotá – Villavicencio
Un saldo de cinco muertos y varios heridos es el lamentable resultado de la caída de una parte de la estructura del puente La Pala, ubicado en el km 65+60 de la vía Bogotá – Villavicencio.
Tras conocerse esta lamentable noticia, la senadora Maritza Martínez Aristizábal manifestó su profundo pesar por el terrible desenlace de este incidente, y no vaciló en reclamar a las concesionarias que tienen a su cargo la adecuación del corredor vial por las fallas estructurales que se han presentado en varios tramos durante los últimos meses.
“En enero, abril y noviembre de este año le he insistido a la ANI y al Ministerio de Transporte, en la necesidad de evaluar la calidad y seguridad de las obras que tienen a su cargo las concesionarias Coviandes y Coviandina en la vía que conecta a los llanos con el centro del país. Hoy reitero esta solicitud, los usuarios deben recibir información técnica confiable sobre las condiciones de ingeniería de los túneles, puentes y viaductos que se encuentran en construcción”,afirmó Martínez Aristizábal.
Ante este panorama la Senadora recordó que no es la primera vez que ocurren estos sucesos.
“Hace casi un año se desplomó el puente Chirajara, a pocos kilómetros del lugar donde ocurrió este nuevo incidente, y a eso debemos sumarle la problemática existente en los túneles de Quebrada Blanca, el colapso del túnel Buenavista II en julio del año pasado, el deplorable estado de la antigua vía Bogotá-Villavicencio y los constantes cierres viales; además de la clausura de un importante tramo a la altura del km 46 desde junio pasado, lugar donde cuatro personas perdieron la vida a causa de un desprendimiento de roca sin que aun la concesionaria de una solución definitiva a esta situación”.
La Congresista reiteró la solicitud que hace pocos días hizo a la Ministra de Transporte con relación al alza injustificada en la tarifa de los peajes en la vía al llano, el cual no corresponde con la calidad y seguridad de la misma.
“Hechos como este reafirman nuestra posición frente a la necesidad de agilizar el proceso sancionatorio que se adelanta a la concesionaria para congelar y disminuir el valor de los peajes; y que las multas que se le impongan a Coviandes y Coviandina por hechos como este o el del puente Chirajara, se vean reflejadas en una disminución sustancial de las tarifas”, puntualizó la Senadora.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
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Viuda víctima de la violencia en el Meta recibió compensación por predio que tuvo que abandonar
En cumplimiento de una orden judicial, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó a María Gladys Castañeda Vargas la resolución que le reconoce una compensación económica por el predio rural “La Esperanza”, ubicado en la vereda Caño Rojo del municipio de Lejanías, el cual abandonó forzadamente junto a su familia a causa del conflicto armado.
Los hechos que dieron origen a esta medida de reparación se remontan al año 2003, cuando los paramilitares incursionaron en la zona y asesinaron a su esposo, Evangelista Hernández. En medio de las amenazas, la señora Castañeda y su hijo lograron huir de la vereda, dejando atrás su vivienda, cultivos y animales. Desde entonces, la familia no pudo regresar y fue reconocida como víctima de homicidio y desplazamiento forzado.
“Nos complace cumplir con dignidad a esta familia, que tanto ha esperado justicia. Hoy damos un paso más en la reparación, permitiendo que puedan adquirir una nueva vivienda y reconstruir su proyecto de vida”, dijo Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en el Meta.
“Pensé que ya no salía”
Por su parte, María Gladys expresó con emoción: “estoy muy feliz de recibir la compensación, esto ha sido muy bonito. Yo pensé que ya no salía, pero gracias a la Unidad se logró”. Su hijo, Jhon Alexander Hernández, recordó el dolor vivido y el significado de este momento: “debimos abandonar nuestra casa en Lejanías hace más de 20 años, por culpa de la violencia. Con el tiempo buscamos ayuda en la Unidad de Restitución. Por la edad de mi mamá no fue posible volver, pero ahora con la compensación ella podrá tener una vejez digna.”
Se resalta que la compensación es un pago o entrega de un predio equivalente que se otorga a las víctimas cuando la restitución del predio original es imposible, debido a impedimentos jurídicos o materiales. Esta figura se aplica cuando el predio original está en zonas de alto riesgo o por otras causales, garantizando que cada familia acceda a una vida en condiciones de seguridad, dignidad y justicia.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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