CASANARE
Inicia intervención de 14.000 hectáreas reclamadas por víctimas de Casanare
En Casanare se han recibido 1.451 solicitudes de víctimas del despojo y abandono forzado de tierras, de las cuales 1.128 fueron resueltas con decisión de fondo, 302 reclamaciones se encuentran en trámite vigente y se han radicado 131 demandas ante los jueces y magistrados de restitución.
La directora de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, Jenny Capote presidió el Comité Operativo de Restitución de Tierras, en el cual las autoridades reiteraron las garantías de seguridad para acompañar las labores de la entidad en tres municipios recientemente miocrofocalizados: Sácama, La Salina y Hato Corozal.
Así las cosas, la Unidad de Restitución de Tierras, atenderá las 17 solicitudes del municipio de Sácama, donde se reclaman 2.807 hectáreas; en La Salina, dará respuesta a 9 solicitudes que impactarán 127 hectáreas reclamadas, y en Hato Corozal se atenderán 32 solicitudes de restitución en un área reclamada de 11.187 hectáreas.
El Comité semipresencial llevado a cabo en Yopal, contó con la presencia del Coronel Sergio Albarracín, oficial de operaciones de la Brigada 16 del Ejército, el Coronel Ronald Rodríguez, Comandante del Batallón Guías del Casanare; de personal de inteligencia de la Brigada 16 y del Procurador Judicial 25 Especializado en Restitución de Tierras, Nelson Ordoñez.
Al ratificar su compromiso en favor de las víctimas del despojo y abandono forzado de tierras en Casanare, la directora Capote invitó a los interesados a presentar su solitud en las oficinas ubicadas en Villavicencio, en el local D2 del Parque Comercial La Primavera y a hacer uso de los canales virtuales de atención. Los reclamantes pueden llamar a las líneas 3134221626 y 3144378490.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
Luego de acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a Juan Manuel Sánchez López a 35 años y 10 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio agravado.
Como se informara en su momento, el 18 de junio del 2023 en una vivienda de Torres de San Marcos en Yopal, Sánchez
López de 28 años, le causó la muerte a su mamá a través de asfixia mecánica.
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Uniformados de la Policía Nacional acudieron a la vivienda tras una alerta recibida por una agresión que se estaba presentando en el lugar, sin embargo, al llegar la víctima ya había fallecido.
El juez del caso condenó al agresor a la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, y la suspensión de todo tipo de mecanismo sustitutivo de la pena.
Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Merchán Jaimes, auxiliar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien, al parecer, tenía en su poder estupefacientes, durante su guardia en la cárcel donde trabaja.
Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, cuando la guardia del Inpec capturó en flagrancia al auxiliar, después de que encontraron en su poder, al parecer, aproximadamente 3 kilos de marihuana y cocaína, además equipos de comunicación.
Un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario y la seguridad alimentaria, la Gobernación de Casanare adelantó la entrega de activos productivos a comunidades indígenas del resguardo de Caño Mochuelo. La actividad fue liderada por la Dirección Rural de la Secretaría de Agricultura, bajo la coordinación de Cristian Cifuentes.
La jornada benefició a tres comunidades indígenas ubicadas en los sectores de Merey, El Calvario y Santa María de Iremene, donde se entregaron 74 semovientes bovinos, seis toneladas de sal mineralizada y melaza, además de kits conformados por sogas, vitaminas y desparasitantes.
Esta intervención se enmarca en la apuesta por impulsar el desarrollo rural y generar condiciones que fortalezcan la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas del departamento.
