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En Casanare, Ecopetrol espera financiar nuevos proyectos como “Obras por Impuestos”

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El Grupo Ecopetrol recibió aprobación para la financiación y ejecución de 4 nuevos proyectos bajo la modalidad de ‘Obras por Impuestos’ y la aprobación de la suscripción de un convenio, por parte de la Agencia para la Renovación del Territorio (ART), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y los Ministerios de Transporte, Trabajo y Educación Nacional, en el departamento de Casanare.

Los recursos para el mejoramiento de vías beneficiarán a los habitantes del municipio de Paz de Ariporo y las iniciativas enfocadas en la dotación de ciencia y tecnología llegarán a 11.619 jóvenes en 57 sedes educativas de los municipios de Monterrey, Tauramena y Pore.

En mejoramiento de la infraestructura vial, se realizará la construcción con pavimento rígido de 3,23 Km de tramos viales del casco urbano del municipio de Paz de Ariporo, con una inversión que supera los $9.870 millones, los cuales van a beneficiar a 11.172 habitantes del municipio

De igual forma se realizará bajo la modalidad de convenio la dotación de ambientes y laboratorios de la subsede del Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial del Sena – Regional Casanare, en el municipio de Monterrey. Un proyecto en el que se invertirán más de $11.086 millones de pesos en beneficio de 49.233 estudiantes de los municipios de Monterrey, Tauramena, Villanueva y Sabanalarga

En proyectos de dotación tecnológica se realizará una inversión superior a los $16.452 millones para 13 sedes educativas del municipio de Tauramena que benefician a 3.645 estudiantes.

Así mismo, para 19 sedes educativas del municipio de Monterrey con una inversión que supera los $11.951 millones, en beneficio de 2.532 estudiantes. Y para 25 sedes educativas del municipio de Pore con una inversión que supera los $9.034 millones en beneficio de 5.442 estudiantes.

Los proyectos serán financiados y ejecutados por Ecopetrol y sus filiales Oleoducto de los Llanos y Oleoducto Bicentenario y se suman a las tres iniciativas que bajo el mecanismo de Obras por Impuestos viene ejecutando el Grupo Ecopetrol en Casanare por un valor de $32.967 millones.

El primero corresponde al mejoramiento de la infraestructura de la red vial terciaria y beneficiará a las veredas Salitre, Alto Lindo, Laureles y San Ignacia del municipio de Aguazul, mediante la construcción de 8.771 metros lineales de placa huella.

El segundo proyecto consiste en la dotación de aulas básicas, mobiliario y menaje de cocinas y restaurantes, y mobiliario para residencias estudiantiles en 210 sedes educativas de los municipios de Aguazul, Chámeza, Hato Corozal, Maní, Monterrey, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sabanalarga, Támara y Tauramena, que beneficiará a más de 19 mil estudiantes.

El tercero, incluye la dotación de 11 Centros de Desarrollo Infantil del ICBF en Monterrey, Hato Corozal, Paz de Ariporo, Pore y Tauramena.

Ecopetrol y sus filiales Cenit, Hocol, Oleoducto de los Llanos y Oleoducto Bicentenario, se constituyen en el grupo colombiano al que más proyectos y de mayor cuantía le han sido aprobados (44 por $408 mil millones) para financiar proyectos de impacto social bajo este mecanismo, que beneficia a las poblaciones de municipios ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado) y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET.

https://www.facebook.com/ElDiarioDelLlano/videos/204428518184417

Fuente: Ecopetrol

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Más de 45 años de prisión para feminicida por crimen ocurrido en Yopal en 2021

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El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal condenó a 45 años y ocho meses de prisión (550 meses) a Diego Andrés Suárez Daza, hallado culpable del feminicidio agravado de Sonia Rocío Díaz Barrera, de 30 años. Suárez Daza fue capturado en 2024 en Cajicá, a donde había huido e intentaba pasar desapercibido como mecánico.

El fallo, emitido en aplicación de la normativa colombiana sobre violencia de género, busca enviar un mensaje claro sobre la gravedad de estos delitos, como en este caso que causó conmoción en su momento en la capital casanareña.

El crimen ocurrió el 2 de septiembre de 2021 en la residencia de la víctima, ubicada en el barrio Bicentenario de Yopal. Suárez Daza, expareja sentimental de Sonia, ingresó al domicilio y la atacó con un arma blanca, causándole heridas mortales en el cuello. El cuerpo fue hallado por familiares que, alarmados por su ausencia en su local del Terminal de Transportes, acudieron a buscarla.

En el momento del ataque, Sonia se encontraba en casa con su hija de tres años, quien dormía en otra habitación. La violencia del hecho y la presencia de la menor en el lugar conmovieron profundamente a la comunidad yopaleña, que desde entonces ha exigido justicia por este brutal crimen, llegando incluso a realizar un plantón frente a la sede de la Fiscalía.

La investigación reveló que la víctima había denunciado amenazas previas y enfrentaba un conflicto por la fijación de la cuota alimentaria de la niña. Estos antecedentes fueron considerados por el juez como agravantes en el contexto de violencia intrafamiliar y de género.

Con esta condena, las autoridades reafirman su compromiso de sancionar con severidad los feminicidios y proteger los derechos de las mujeres, especialmente en contextos donde persiste la violencia ejercida por exparejas o personas cercanas.

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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Condenan a 44 años de prisión a feminicida por hechos ocurridos en Maní

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El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Yopal condenó a 44 años de prisión (528 meses) a Kilver Alfonso Mariño Ávila por el feminicidio de su expareja, Mildre Carolina Rojas, ocurrido el 5 de noviembre de 2024 en el municipio de Maní.

La decisión judicial, que fue apelada por la defensa del condenado, se dio tras comprobar que el hombre atacó brutalmente a la mujer con un arma blanca en un establecimiento público, como fue de amplio conocimiento.

Según el relato de los hechos, la víctima, de 38 años, fue abordada por Mariño Ávila mientras trabajaba, y en medio de una discusión por el uso de una motocicleta, el agresor la persiguió y le causó una herida mortal en el abdomen. Aunque varios ciudadanos intentaron auxiliarla, la gravedad de la lesión le provocó la muerte minutos después.

Mariño Ávila huyó del lugar tras cometer el crimen, pero fue capturado esa misma noche gracias a la oportuna reacción de la Policía y la colaboración de la comunidad. La víctima había denunciado previamente amenazas por parte del agresor.

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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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JEP imputa tortura y tratos inhumanos a seis militares por ‘falsos positivos’ en Casanare

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Tras analizar 17 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado, en los que se documentaron actos de violencia física y psicológica contra 26 víctimas antes de su asesinato, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó los delitos de tortura y de tratos inhumanos y degradantes a seis comparecientes, exintegrantes del Ejército Nacional, por hechos ocurridos en Casanare.

Las nuevas imputaciones fueron formuladas contra Wilson Salvador Burgos Jiménez, Marco Fabián García Céspedes, Jhon Alexander Suancha Florián, Wilfrido Domínguez Márquez y Miguel Andrés Sierra García, quienes ya habían sido determinados como máximos responsables, así como contra Zamir Humberto Casallas Valderrama, definido como partícipe no determinante y también llamado a reconocer responsabilidad. Todos pertenecieron a la XVI Brigada del Ejército Nacional.

La decisión se adoptó tras contrastar la información obtenida en las versiones voluntarias, las pruebas recolectadas en los procesos adelantados en la jurisdicción ordinaria y las observaciones presentadas por víctimas y el Ministerio Público, con el fin de dar respuesta a la solicitud de esclarecer el trato bridado a las víctimas antes de ser asesinadas. La magistratura concluyó que varios de estos actos constituyeron tortura contra persona protegida, una conducta tipificada tanto en el Código Penal colombiano como en el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional.

Hubo tortura antes de asesinarlos

En el análisis de estos 17 hechos, en los que fueron asesinadas 26 personas, la JEP evidenció que las víctimas fueron engañadas, sometidas o trasladadas en condiciones que incrementaron su vulnerabilidad. Estas prácticas tenían como propósito facilitar su posterior asesinato y presentación como bajas en combate.

Esta nueva calificación jurídica profundiza lo establecido por la sala en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas proferido en el Subcaso Casanare del Caso 03, en 2022, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado en ese departamento. En dicha decisión, la JEP determinó la existencia de un patrón criminal sistemático por parte de la XVI Brigada del Ejército Nacional, que habría involucrado a más de 296 víctimas directas entre 2005 y 2008 en Casanare.

Como parte del proceso ante la Justicia Transicional Restaurativa, la Sala de Reconocimiento de Verdad trasladó algunos de los hechos investigados a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, con el fin de que continúe la indagación sobre los pormenores del trato recibido por las víctimas antes de su muerte, en relación con comparecientes que participaron directamente en los hechos, pero cuya situación jurídica fue remitida a esa instancia de la JEP porque no fueron seleccionados como máximos responsables.

Asimismo, la Sala de Reconocimiento envió al Subcaso Costa Caribe II información sobre hechos cometidos por el compareciente Juan Pablo Gutiérrez Jaramillo cuando estuvo en la Brigada XVI en el departamento de Casanare, para que también sean tenidos en cuenta en dicha investigación, en la que fue imputado como máximo responsable, en calidad de coautor de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada.

Los seis comparecientes llamados a reconocer su responsabilidad por actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en Casanare tienen 15 días hábiles para informar a la Sala de Reconocimiento de Verdad si aceptan o no los nuevos cargos imputados por la JEP. En ese mismo término, podrán pronunciarse, aportar pruebas y referirse a los hechos, las conductas y su eventual participación individual en ellos.

Fuente: Comunicaciones JEP

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