META
Indígenas Piapoco y Sikuani recibieron 16 mil hectareas de tierra en Puerto Gaitán
Giovani Yule, director general de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), formalizó la entrega de 16 mil hectáreas y 250 metros cuadrados a las autoridades ancestrales y comunidad conformada por familias de los pueblos Piapoco y Sikuani, que ahora, gracias a una sentencia, ya son reconocidos como el Resguardo Indígena Florida Kawinanae.
La entrega, que estuvo acompañada por el Ejército y la Policía, y a la que concurrieron el director de Asuntos Étnicos, Acxan Duque y el director territorial de la URT en el Meta, César Santoyo, dejó entre las autoridades e integrantes del resguardo sentimientos de respaldo y confianza para que se cumplan las disposiciones emitidas en el fallo de restitución. En él, además de recuperar sus derechos territoriales, se impartieron medidas para garantizar la pervivencia y cultura de los indígenas seminómadas de esta región de Colombia.
En el espacio, Acxan Duque destacó: “este es el resultado de años de trabajo, en los que concurren los sueños de una comunidad por tener los derechos reales de su territorio y de un Gobierno en el que se busca defender a los pueblos étnicos”.
Articulación entre las entidades para el cumplimiento
La sentencia, que se profirió en agosto de 2023, es el resultado de la gestión que lideró la URT ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Especializada en Restitución de Tierras, y en la que se demostraron las violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales de esta comunidad, que perdió, además de su territorio, su cultura, cosmogonía y tradiciones. Antes de este fallo, los indígenas Sikuani y Piapoco estaban condenados al exterminio.
Con esta entrega material hecha por parte del director general de la Unidad, el mayor Giovani Yule, se cristaliza la primera de las órdenes impartidas en el fallo
y se avanza para generar las acciones de articulación interinstitucional que permitan que las otras se cumplan. Entre ellas está la apertura de un nuevo folio de matrícula inmobiliaria a favor del Resguardo de la Parcialidad Indígena Sikuani y Piapoco de Florida Kawinanae. Por su parte, la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio del Interior -a través de su Dirección de Asuntos Indígenas- deberán, de forma inmediata, constituir el resguardo con el debido censo poblacional, identificar a sus autoridades, y de manera paralela, instalar placas demarcatorias del territorio.
Por su parte, la Unidad para las Víctimas deberá implementar el Plan Integral de Reparación Colectiva para Pueblos y Comunidades Indígenas (PIRC). Este fallo es el primer pronunciamiento que se da a favor de la comunidad indígena en el departamento del Meta y el segundo en el departamento del Vichada.
La historia
Según la investigación adelantada por la URT, el extinto INCORA reservó en 1968 la región conocida como Planas, en los departamentos del Meta y Vichada, como zona exclusiva para la ocupación de los pueblos indígenas. Con esta declaración se constituyeron los resguardos Awaliba, Domoplanas e Iwiwi. Un proceso favorable para las comunidades en mención, pero que excluyó a los Sikuani y Piapoco de Florida Kawinanae. Como resultado de esta decisión, parte del territorio fue formalizado a comunidades no indígenas entre los años 1984 y 2011.
El paso de los años, la codicia por la tierra y el control territorial promovieron la desaparición forzada de líderes representativos para los indígenas de la zona, su desplazamiento forzado y el origen del fenómeno de confinamiento de los Sikuani y Piapoco. Así mismo, en 1970 el Estado respaldó la explotación de hidrocarburos que afectaron el ingreso de estas comunidades a las fuentes de agua. De manera simultánea, comenzó la expansión de cultivos de uso ilícito, hecho que generó la entrada de actores armados ilegales, como el entonces Bloque Oriental de las Farc.
Los hechos victimizantes se recrudecieron desde 1980, con el auge del narcotráfico y la compra de tierras por parte de esmeralderos. Situación que se tornó más difícil para los habitantes de la zona con la llegada de las autodefensas.
La enorme riqueza natural de las tierras de los Sikuani y Piapoco hizo que estos grupos ilegales buscarán controlar el territorio -en el cual proliferaron los laboratorios para el procesamiento de coca-, y que se construyeran pistas de aterrizaje clandestinas. Además, varios sectores fueron utilizados para fosas comunes.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras (URT)
META
Viuda víctima de la violencia en el Meta recibió compensación por predio que tuvo que abandonar
En cumplimiento de una orden judicial, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó a María Gladys Castañeda Vargas la resolución que le reconoce una compensación económica por el predio rural “La Esperanza”, ubicado en la vereda Caño Rojo del municipio de Lejanías, el cual abandonó forzadamente junto a su familia a causa del conflicto armado.
Los hechos que dieron origen a esta medida de reparación se remontan al año 2003, cuando los paramilitares incursionaron en la zona y asesinaron a su esposo, Evangelista Hernández. En medio de las amenazas, la señora Castañeda y su hijo lograron huir de la vereda, dejando atrás su vivienda, cultivos y animales. Desde entonces, la familia no pudo regresar y fue reconocida como víctima de homicidio y desplazamiento forzado.
“Nos complace cumplir con dignidad a esta familia, que tanto ha esperado justicia. Hoy damos un paso más en la reparación, permitiendo que puedan adquirir una nueva vivienda y reconstruir su proyecto de vida”, dijo Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en el Meta.
“Pensé que ya no salía”
Por su parte, María Gladys expresó con emoción: “estoy muy feliz de recibir la compensación, esto ha sido muy bonito. Yo pensé que ya no salía, pero gracias a la Unidad se logró”. Su hijo, Jhon Alexander Hernández, recordó el dolor vivido y el significado de este momento: “debimos abandonar nuestra casa en Lejanías hace más de 20 años, por culpa de la violencia. Con el tiempo buscamos ayuda en la Unidad de Restitución. Por la edad de mi mamá no fue posible volver, pero ahora con la compensación ella podrá tener una vejez digna.”
Se resalta que la compensación es un pago o entrega de un predio equivalente que se otorga a las víctimas cuando la restitución del predio original es imposible, debido a impedimentos jurídicos o materiales. Esta figura se aplica cuando el predio original está en zonas de alto riesgo o por otras causales, garantizando que cada familia acceda a una vida en condiciones de seguridad, dignidad y justicia.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
Lea también: Conmoción en Puerto Gaitán por feminicidio de madre e hija, capturan un sospechoso
-
META4 horas agoViuda víctima de la violencia en el Meta recibió compensación por predio que tuvo que abandonar
-
CASANARE1 hora agoFamilia Meche Paredes despidió a Leidy con su música favorita, tras 20 años sin noticias suyas
-
CASANARE5 horas agoEcopetrol y Alcaldía de Yopal pavimentarán 3 kilómetros de vía en la vereda El Palmar
-
CASANARE5 horas agoYopal entre las ciudades con mayor crecimiento en el Índice de Ciudades Modernas 2025