CASANARE
Villanueva, el municipio donde más se ha incautado marihuana este año en Casanare
En reunión del Consejo de Estupefacientes, la Policía Nacional y el Ejército reportaron que en lo que va del año 2018, la droga que más se incautó fue la marihuana, seguida de base de cocaína y bazuco.
Analizando el porcentaje de incautación de marihuana en el departamento de Casanare durante los años 2016 y 2017, se evidencia una reducción con una variación negativa de 31.54% pasando de un 50.054% a un 34,268%, con respecto al histórico durante los últimos cuatro años.
En 2017, Yopal y Aguazul reportaron la mayor cantidad de incautaciones de marihuana con un 91.7%, siendo Yopal el mayor con 48.81%, seguido de Aguazul con 42,89%, Orocué con un 4,02% y Villanueva 2,55%. La Salina, Recetor, Sácama no presentan incautaciones, mientras que los demás municipios no superan cada uno el 1%, según información reportada por el SICOCS a 30 de noviembre de 2017. Para este 2018 las incautaciones de marihuana por municipio reflejaron en Villanueva un 37,78%, Yopal 26,42 y Tauramena 11,74%.
Otro tema que enciende las alarmas sobre el consumo de alucinógenos es la edad promedio en la que se inicia el consumo de drogas, establecida entre los 12 a los 24 años de edad.
Desde la Administración Departamental se mencionaron campañas de prevención del consumo como DARE, abre tus ojos, jóvenes a lo bien, goles en paz, policía cívica y futuro Colombia, fortalecimiento del Observatorio de Drogas de Casanare, el cual es el único centro de información real que consolida e integra los datos y estadísticas notificadas por las diferentes autoridades, en aras de formular y ejecutar.
Según indicó el secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario Departamental, Milton Álvarez “este mercado se diversifica y por ello es necesario fortalecer todos los elementos que se requieran”.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
