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REGIÓN

Importantes decisiones se tomaron en Mesa Departamental de Migración en Boyacá

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Se llevó a cabo la Segunda Mesa Departamental de Migración, actividad que contó con presencia de las autoridades del departamento y algunos alcaldes en cuyos municipios existe alta presencia de extranjeros como, por ejemplo, Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá y Moniquirá, entre otros.

Luego de realizar un análisis de orden público, se realizaron varias mesas de trabajo. Una de seguridad y convivencia, otra de salud y una tercera de Derechos Humanos y trata de personas, de las cuales salieron los siguientes compromisos:

En la mesa de orden público se evidenció que es importante determinar los migrantes que son reincidentes en delitos y poder tener una reunión con la Judicatura y la Fiscalía para que se designe un fiscal para esos casos. De igual forma, se deben priorizar los procesos judiciales donde están inmersos los migrantes, ya que ellos no pueden ser expulsados del país hasta que se les defina la situación judicial.

Por otra parte, se solicitó más operativos, tanto a Migración Colombia como a la Policía en los sectores donde ya las autoridades municipales han detectado que, posiblemente, están siendo utilizados para explotación sexual o microtráfico.

Sin embargo, existe una dificultad y es que, debido a la pandemia, se expidió un decreto donde el tema de privación de la libertad se le está atribuyendo a los municipios. La cuestión es cómo hacer gestión y cómo someter a un Comité de Control y Seguimiento Carcelario y Penitenciario para que el Inpec empiece a recibir, y el Uspec comience a asumir los costos de estas personas, toda vez que en este momento están a cargo de los municipios.

En la mesa de salud, entre tanto, se recalcó a los mandatarios locales que ellos son los encargados de controlar y sacar un censo real de quiénes están residiendo en sus localidades como personal migrante.

Migración tiene un registro de 18.000 extranjeros en el departamento, y se cree que hay un subregistro, toda vez que hay muchos más y eso se ha venido detectando con la implementación del Estatuto del Migrante, que ya ha hecho registros, por ejemplo en el municipio de Paipa,  los datos de migración oscilaban en 145 y, con el Estatuto, van registrados más de 400.

Por último, se trabajó la mesa de Derechos Humanos y trata de personas en virtud de que se ha detectado que los migrantes son utilizados o instrumentalizados por personas colombianas que, valiéndose de su necesidad, los instan a cometer crímenes, por los cuales luego son capturados o judicializados.

Se tiene previsto reunirse tres veces al año. Esta fue la segunda jornada, pero también se podrán hacer reuniones extraordinarias, según lo establece el decreto. Lo importante, en últimas, es poder dar solución a los inconvenientes que se generen y buscar alternativas para erradicar la xenofobia, para garantizar los Derechos Humanos y, ante todo, la seguridad y el orden público.

Fuente: Gobernación de Boyacá

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REGIÓN

Alarma en Sogamoso, disidencias de las Farc están citando a contratistas del municipio

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Contratistas del municipio de Sogamoso se encuentran alarmados por comunicaciones que han recibido en los últimos días de alias ‘Antonio Medina’, comandante del frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc.

En el escrito se señala que el motivo de la comunicación es tratar tres temas: laboral, social y económico.

“Muy respetuosamente nos dirigimos a usted como (ingeniero) para que venga o envíe un delegado para tratar los temas ya mencionados”, dice la comunicación.

Finalmente les agradece la atención prestada y les pide que por su seguridad contesten una videollamada.

El 24 de noviembre del 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la expulsión de Omar Pardo Galeano, alias ‘Antonio Medina’, un firmante de paz que violó los acuerdos del 2016, volvió a las armas y se convirtió en uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el departamento de Arauca.

En noviembre del año pasado las Fuerzas Militares de Colombia adelantaron una operación, que denominaron de alta precisión, contra alias ‘Antonio Medina’, sin resultados positivos.

Tomado de: Boyacá 7 días

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REGIÓN

Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama

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La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).

Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.

Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.

A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.

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REGIÓN

Confirman condena a 27 años de cárcel para hombre que asesinó a niña de 11 años en Sogamoso

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Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa  Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.

La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.

Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.

En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.

Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.

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