Se llevó a cabo la Segunda Mesa Departamental de Migración, actividad que contó con presencia de las autoridades del departamento y algunos alcaldes en cuyos municipios existe alta presencia de extranjeros como, por ejemplo, Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá y Moniquirá, entre otros.

Luego de realizar un análisis de orden público, se realizaron varias mesas de trabajo. Una de seguridad y convivencia, otra de salud y una tercera de Derechos Humanos y trata de personas, de las cuales salieron los siguientes compromisos:

En la mesa de orden público se evidenció que es importante determinar los migrantes que son reincidentes en delitos y poder tener una reunión con la Judicatura y la Fiscalía para que se designe un fiscal para esos casos. De igual forma, se deben priorizar los procesos judiciales donde están inmersos los migrantes, ya que ellos no pueden ser expulsados del país hasta que se les defina la situación judicial.

Por otra parte, se solicitó más operativos, tanto a Migración Colombia como a la Policía en los sectores donde ya las autoridades municipales han detectado que, posiblemente, están siendo utilizados para explotación sexual o microtráfico.

Sin embargo, existe una dificultad y es que, debido a la pandemia, se expidió un decreto donde el tema de privación de la libertad se le está atribuyendo a los municipios. La cuestión es cómo hacer gestión y cómo someter a un Comité de Control y Seguimiento Carcelario y Penitenciario para que el Inpec empiece a recibir, y el Uspec comience a asumir los costos de estas personas, toda vez que en este momento están a cargo de los municipios.

En la mesa de salud, entre tanto, se recalcó a los mandatarios locales que ellos son los encargados de controlar y sacar un censo real de quiénes están residiendo en sus localidades como personal migrante.

Migración tiene un registro de 18.000 extranjeros en el departamento, y se cree que hay un subregistro, toda vez que hay muchos más y eso se ha venido detectando con la implementación del Estatuto del Migrante, que ya ha hecho registros, por ejemplo en el municipio de Paipa,  los datos de migración oscilaban en 145 y, con el Estatuto, van registrados más de 400.

Por último, se trabajó la mesa de Derechos Humanos y trata de personas en virtud de que se ha detectado que los migrantes son utilizados o instrumentalizados por personas colombianas que, valiéndose de su necesidad, los instan a cometer crímenes, por los cuales luego son capturados o judicializados.

Se tiene previsto reunirse tres veces al año. Esta fue la segunda jornada, pero también se podrán hacer reuniones extraordinarias, según lo establece el decreto. Lo importante, en últimas, es poder dar solución a los inconvenientes que se generen y buscar alternativas para erradicar la xenofobia, para garantizar los Derechos Humanos y, ante todo, la seguridad y el orden público.

Fuente: Gobernación de Boyacá