REGIÓN
Importantes decisiones se tomaron en Mesa Departamental de Migración en Boyacá
Se llevó a cabo la Segunda Mesa Departamental de Migración, actividad que contó con presencia de las autoridades del departamento y algunos alcaldes en cuyos municipios existe alta presencia de extranjeros como, por ejemplo, Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá y Moniquirá, entre otros.
Luego de realizar un análisis de orden público, se realizaron varias mesas de trabajo. Una de seguridad y convivencia, otra de salud y una tercera de Derechos Humanos y trata de personas, de las cuales salieron los siguientes compromisos:
En la mesa de orden público se evidenció que es importante determinar los migrantes que son reincidentes en delitos y poder tener una reunión con la Judicatura y la Fiscalía para que se designe un fiscal para esos casos. De igual forma, se deben priorizar los procesos judiciales donde están inmersos los migrantes, ya que ellos no pueden ser expulsados del país hasta que se les defina la situación judicial.
Por otra parte, se solicitó más operativos, tanto a Migración Colombia como a la Policía en los sectores donde ya las autoridades municipales han detectado que, posiblemente, están siendo utilizados para explotación sexual o microtráfico.
Sin embargo, existe una dificultad y es que, debido a la pandemia, se expidió un decreto donde el tema de privación de la libertad se le está atribuyendo a los municipios. La cuestión es cómo hacer gestión y cómo someter a un Comité de Control y Seguimiento Carcelario y Penitenciario para que el Inpec empiece a recibir, y el Uspec comience a asumir los costos de estas personas, toda vez que en este momento están a cargo de los municipios.
En la mesa de salud, entre tanto, se recalcó a los mandatarios locales que ellos son los encargados de controlar y sacar un censo real de quiénes están residiendo en sus localidades como personal migrante.
Migración tiene un registro de 18.000 extranjeros en el departamento, y se cree que hay un subregistro, toda vez que hay muchos más y eso se ha venido detectando con la implementación del Estatuto del Migrante, que ya ha hecho registros, por ejemplo en el municipio de Paipa, los datos de migración oscilaban en 145 y, con el Estatuto, van registrados más de 400.
Por último, se trabajó la mesa de Derechos Humanos y trata de personas en virtud de que se ha detectado que los migrantes son utilizados o instrumentalizados por personas colombianas que, valiéndose de su necesidad, los instan a cometer crímenes, por los cuales luego son capturados o judicializados.
Se tiene previsto reunirse tres veces al año. Esta fue la segunda jornada, pero también se podrán hacer reuniones extraordinarias, según lo establece el decreto. Lo importante, en últimas, es poder dar solución a los inconvenientes que se generen y buscar alternativas para erradicar la xenofobia, para garantizar los Derechos Humanos y, ante todo, la seguridad y el orden público.
Fuente: Gobernación de Boyacá
REGIÓN
Investigan al exgobernador de Boyacá Ramiro Barragán por contratar obras con Fondos Mixtos
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.


