CASANARE
Iglesias cristianas: la poderosa unión de religión y política, caso de Yopal sigue en la agenda noticiosa
De vez en cuando son protagonistas de hechos que copan la atención del país. Cuando están sin los focos encima, ¿permanecen inmóviles? Al contrario, trabajan con disciplina. Por eso, sin ruido, el enlace entre las comunidades religiosas, en particular algunas iglesias evangélicas, y la política avanza día a día.
El 9 de junio en Casanare, Luz Marina Cardozo Solano, alcaldesa de Yopal, tomó el decreto, lo leyó con tono solemne y lo firmó. “Hacer entrega simbólica de las llaves del municipio a Jesucristo para que su reino de paz y bendición sea establecido”.
Con similar pompa, el alcalde de Aguadas, Caldas, Óscar Yonny Zapata, anunció, el 28 de junio, que le entregaría el municipio a Dios mediante una resolución. “Este decreto es una invitación a un tiempo de oración y de confesión pública, uniéndonos los católicos, cristianos, evangélicos, todos, a pedirle su sabiduría para transformar nuestra tierra”, explicó.
Un asunto serio
Los dos hechos provocaron reacciones diversas. Desde aquellos que apelaron a la ironía hasta los que argumentaron que eran posturas muy serias. “No es para burlarse. Al contrario, recoge el sentimiento de nuestra comunidad”, argumentó Juan Carlos Suárez, secretario de Planeación de Yopal y cristiano militante. “Somos una ciudad pequeña, de 180.000 habitantes, y en la que hay más de 70 iglesias”.
Las opiniones a favor y en contra fueron similares a las que días atrás, el 10 de mayo, provocó el congresista Silvio José Carrasquilla Torres, quien hizo a un lado, en una transmisión en directo por televisión, la Constitución Nacional y puso en su curul la biblia. El representante de Bolívar tomó el micrófono –en el debate sobre la adopción igualitaria en la Comisión Primera de la Cámara y dijo que la decisión de su voto “ya la había tomado Dios”. ¿Cómo es eso? Explicó que en los textos sagrados se dice que es deber de los hijos “honrar a tu padre y madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra”.
La voz de Dios
Esto es, según su interpretación, el impedimento para que los niños en Colombia sean adoptados por un solo padre o una sola madre. Por eso, él apoyó el referendo que pretendía prohibir que parejas homosexuales y personas solteras adoptaran menores de edad. Aunque al final la propuesta de esta iniciativa se hundió, el eco de sus argumentos quedó gravitando en el ambiente.
¿Hizo caso a un grupo político determinado Carrasquilla Torres? “Para mí no es importante ser el más grande pensador ni el mejor político, para mí es importante el concepto que tiene Dios, lo que estableció como norma”, respondió.
Estos casos son un botón de muestra de una frontera que en teoría es diáfana, pero que en la práctica es difusa. La línea que debe separar a la política y los movimientos religiosos. En efecto, con la Constitución de 1991, Colombia pasó de ser un Estado confesional, en el que Dios era el fundamento del poder, a ser a uno laico, garantista de la libertad de cultos y con una norma de normas: la Constitución.
¿Entonces? “Casos como el de Yopal y Aguadas reflejan la continuidad de la presencia de las creencias religiosas en la esfera política nacional”, afirma Jenny Andrea Santamaría, teóloga y magíster en Ciencia Política de la Universidad Javeriana. “Lo cual ha sido una característica de la configuración histórica del Estado colombiano; no se trata de casos ajenos a nuestro panorama”.
Ella prevé que hechos similares se acentuarán en este período en el que se acercan las elecciones. No es un asunto inédito. “La relación política y religión está presente desde la Colonia. La movilización política a partir de las creencias y de los símbolos y valores religiosos copa la historia nacional”, dice ella.
La diferencia ahora es el surgimiento de otros sectores religiosos que quieren redireccionar las políticas públicas desde su dogma. “Eso es lo inquietante”, dice José Fernando Rubio Navarro, experto en cristianismo antiguo y director del programa de Historia de la Universidad Externado de Colombia.
“No se trata de política, replica Suárez –y, para varias fuentes, el verdadero artífice del decreto que le entregó Yopal a Jesucristo- se trata de fe. Muchos de nuestros dirigentes políticos perdieron los principios divinos y nuestra sociedad avanza hacia el Apocalipsis”.
Suárez cree que los medios de comunicación hicieron una tormenta en un vaso de agua y que no reconocen lo que está pasando: “Personas de buena voluntad vamos a salvar nuestra sociedad”. Revela que lo de Yopal no fue el primer hecho en Casanare. Previamente, en Monterrey y Maní, sus respectivos burgomaestres también les habían entregado a Cristo sus municipios.
La primera batalla
Es más, mientras la noticia de Yopal se diluía en los medios, en las iglesias se continuó trabajando disciplinadamente y se invitaba a los feligreses a no cohibirse, y así fue. “El domingo que pasó, el estadio Santiago de las Atalayas se llenó, y fue hermoso cuando el gobernador Josué Alirio Barrera oró para que Casanare bendijera a Israel”. ¿Fue un hecho que surgió de un día para otro? “No”, responde Suárez. “Ha sido un trabajo sin tregua para que nuestra sociedad recupere el camino”.
Él cuenta con orgullo que ahora están recogiendo los frutos del trabajo silencioso. Por ejemplo, con la victoria del No en el plebiscito que buscaba el aval del acuerdo de paz con las Farc. “Votamos no y ganamos”.
En efecto, las iglesias cristianas se movilizaron para oponerse a los acuerdos, y por eso después salieron públicamente a reclamar el éxito.
¿El futuro? “Seguir convenciendo a la gente de la importancia de acercarse a Dios”. La pregunta para Suárez, un profesional graduado en derecho, es obvia: ¿Hace política con la biblia o con la Constitución? “Primero, Dios”, dice.
Su abierta afirmación va en línea con el planteamiento de Édgar Castaño, presidente de la Confederación Evangélica de Colombia, quien dice que los hechos que se ven ahora son la entrada al escenario público de parte de las comunidades cristianas.
“Somos conscientes de nuestro poder y perdimos el miedo”. ¿Miedo? “Claro. Antes del plebiscito, nosotros vivíamos calladitos, pero ganamos con el triunfo del No, nos dimos cuenta de que éramos capaces de dar la batalla, y eso es lo que vamos a hacer ahora”.
Para Castaño, es natural que además de lo ocurrido en Yopal, Aguadas y en el Congreso, se empiece a ver con mayor frecuencia en el país, y sobre todo en la medida en las que se acerquen las elecciones. “Somos una organización evangelista, pero somos conscientes que para producir cambios necesitamos una fuerza política”, afirma.
Y sentencia: “En Colombia somos siete millones de cristianos. Es decir que si nos organizamos, podemos elegir presidente”.
“La transformación de líderes religiosos en líderes políticos en Colombia es un fenómeno cada vez más evidente, al igual que en el resto de América Latina”, dice la teóloga Santamaría. Eso ha llevado a que, en las últimas décadas, en el continente, muchos ciudadanos orienten sus preferencias políticas por el candidato que representa su doctrina religiosa.
“Los medios y la comunidad LGTBI, que tiene un enorme poder mediático, nos habían llevado casi a escondernos. Ahora es distinto, y vamos a hacernos sentir para ayudar a salvar al país”, augura, por su parte, el pastor Castaño.
¿Buscan la Presidencia?
En el horizonte, los cristianos aspiran a escalar cada vez posiciones públicas más altas. La mayoría de líderes religiosos consultados para este artículo creen que la senadora Viviane Morales tiene el reconocimiento nacional suficiente para disputar a nombre de ellos la presidencia.
Ella acepta “con honor” este merecimiento, pero pide que no la valoren solo por el hecho de ser cristiana sino por habérselo ganado en 30 años continuos de vida política. “Fui fiscal sin un solo escándalo”. Y también pide esperar qué va a pasar dentro de su colectividad, el partido Liberal que tiene por ahora tres precandidatos: Humberto de la Calle Lombana, Juan Fernando Cristo y Juan Manuel Galán.
Si el nombre del candidato oficial del liberalismo se decide en una consulta interna, ella no participará. “Pero, si es abierta, consultándole a la gente, yo voy a participar. Estoy convencida de poder ganar”, le dijo a EL TIEMPO. Y, aunque no lo dice, es posible que en su intimidad les pida a los miles de cristianos que hay en Colombia que voten por ella. A esta hora, sin ruido, miles de creyentes trabajan con la mirada en las elecciones.
Fuente: www.eltiempo.com – Armando Neria @armandoneira
Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de Hugo Díaz la tarde de este domingo 4 de enero de 2026, en cercanías al Peaje de San Pedro en la vía Villanueva – Monterrey, en la vereda Aeropuerto, jurisdicción del municipio de Villanueva.
De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el siniestro vial involucró una camioneta Mazda CX-5 y una motocicleta Bajaj Boxer de placa MRF50C, en la que se movilizaba la víctima fatal.
Según el reporte de las autoridades, el automóvil se desplazaba en sentido Villanueva – Monterrey y, al parecer, habría invadido el carril contrario, colisionando de frente con la motocicleta que transitaba por la misma vía en sentido contrario.
El impacto fue tan brutal, que el motociclista quedó fuera de la vía con múltiples lesiones. Testigos cuestionan que la ambulancia tardó cerca de 20 minutos para llegar a atender la emergencia. Unidades de policía judicial del CTI adelantaron los actos urgentes que permitan esclarecer las circunstancias exactas del accidente.
Hugo Díaz era habitante del municipio de Barranca de Upía, donde era reconocido como una persona apreciada por su comunidad, que hoy lamenta profundamente su fallecimiento. Las autoridades continúan con la investigación para establecer responsabilidades.
El reciente incremento en la tarifa del peaje San Pedro, ubicado en jurisdicción del municipio de Villanueva (Casanare), desató una fuerte inconformidad entre usuarios frecuentes de la vía que comunica a Monterrey con Yopal.
Transportadores, taxistas y residentes de la región denunciaron que el aumento —que en algunos casos supera el 60 %— se aplicó sin una socialización previa suficiente y está generando un impacto económico inmediato en las actividades laborales y comerciales.
Según la comunidad, teniendo en cuenta que están próximas a entrar en funcionamiento otras dos casetas de peaje en el trayecto Villanueva – Yopal, un viaje de ida y regreso podría costar entre $60.000 y $120.000 pesos, una carga que consideran insostenible para quienes deben transitar a diario por esta vía. La situación motivó protestas y reuniones con autoridades, en las que los usuarios expresaron su rechazo al alza y exigieron explicaciones a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a la concesionaria Covioriente.
Frente a los reclamos, la ANI y Covioriente argumentaron que el incremento está respaldado “resolución en mano” y hace parte del contrato de concesión del proyecto vial Villavicencio–Yopal. Explicaron que el ajuste quedó habilitado tras la entrega de la Unidad Funcional número 4, correspondiente al tramo Villanueva–Monterrey, la cual fue recibida oficialmente en 2025.
Valores indexados desde 2015
De acuerdo con la ANI, las tarifas del peaje San Pedro fueron definidas desde 2015 mediante la Resolución 1070 de ese año, pero no se habían aplicado porque la unidad funcional no se había entregado en los tiempos previstos. Con la recepción del tramo, el contrato permite aplicar de una sola vez los valores indexados desde 2015, lo que explica el fuerte incremento registrado en 2026.
No obstante, uno de los puntos que más preocupa a la comunidad es que, en la práctica, se esté aplicando de manera retroactiva lo pactado en el contrato. Esta acumulación de ajustes no realizados durante casi una década es lo que, según los usuarios, hace que el aumento actual sea “inmenso”, más aún si se tiene en cuenta que a partir del próximo 16 de enero se sumará el incremento anual ordinario autorizado con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Durante los encuentros con la comunidad también se cuestionó que el peaje esté cobrando la tarifa plena cuando, a juicio de los usuarios, aún existen obras pendientes en el corredor vial, como señalización, iluminación, adecuaciones en zonas urbanas y soluciones en puntos críticos de accidentalidad. La ANI respondió que la entrega de la unidad funcional no depende de obras adicionales solicitadas posteriormente y que estas no impiden la aplicación de la tarifa contractual.
Tarifas preferenciales
Otro tema de debate fue el acceso a las tarifas preferenciales, que buscan mitigar el impacto del peaje en los habitantes de la zona de influencia. La comunidad señaló que los trámites son complejos, con demoras en la entrega de dispositivos electrónicos y requisitos que dejan por fuera a transportadores de carga y a usuarios que no transitan diariamente por el peaje.
Ante este panorama, el diputado Henry Pérez, presidente de la Asamblea de Casanare, propuso modificar la resolución que regula las tarifas preferenciales para flexibilizar los criterios de acceso y agilizar los trámites para los usuarios locales de Villanueva, Aguaclara y Monterrey. La delegada de la ANI manifestó disposición para estudiar ajustes normativos y elevar las propuestas al Ministerio de Transporte, aunque aclaró que mientras no se modifique la resolución vigente, Covioriente debe seguir aplicando las tarifas actuales.
Como conclusión del encuentro, se acordó la conformación de un comité de seguimiento entre comunidad y autoridades, así como el inicio de un trabajo articulado para proponer cambios a la normativa de tarifas preferenciales. Entre tanto, la concesionaria reiteró que los cobros continuarán bajo el marco legal vigente, mientras la comunidad anunció que mantendrá la presión social mediante manifestaciones pacíficas, a la espera de soluciones que reduzcan el impacto económico del peaje San Pedro sobre los usuarios frecuentes.
Con información y fotografía de Conexión Medios
La proliferación de mensajes de texto fraudulentos ha generado creciente preocupación entre ciudadanos de Casanare, quienes en los últimos días han reportado la llegada masiva de SMS que aparentan provenir de empresas reconocidas como operadores de telefonía móvil, cajas de compensación, prestadores de servicios públicos, inclusive, de entidades bancarias. En los mensajes se anuncian supuestos bonos, cortes de energía o suspensiones de servicios por presunto no pago, con el objetivo de inducir a las personas a ingresar a enlaces externos.
Según los afectados, los mensajes imitan el formato de comunicaciones oficiales y, en algunos casos, parecen originarse desde canales de mensajería asociados a empresas como Claro, lo que genera mayor confusión y credibilidad. Sin embargo, al intentar verificar la información, no hay respuesta por parte de los remitentes, no es posible bloquear los números ni reportarlos de manera efectiva, y las empresas consultadas aseguran no tener relación con dichos envíos.
Fraude digital
Autoridades y usuarios advierten que al acceder a los enlaces incluidos en estos mensajes se activa un mecanismo de fraude digital que permite a los delincuentes robar cuentas de WhatsApp, acceder a información personal y comprometer datos sensibles, lo que ha dejado a numerosas víctimas incomunicadas y expuestas a nuevos delitos informáticos.
Ante esta situación, se recomienda a la ciudadanía no abrir enlaces sospechosos, no ingresar datos personales ni códigos de verificación, y desconfiar de cualquier mensaje que genere urgencia o amenaza de suspensión de servicios. Asimismo, se insiste en verificar directamente con las empresas prestadoras por canales oficiales y denunciar estos hechos ante las autoridades competentes para evitar que más personas caigan en este tipo de estafas.
