CASANARE
ICA manifestó su preocupación por uso de semilla ‘ilegal’ en arroz
El uso de la misma en la siembra del cereal genera pérdidas al sector y pone en riesgo la sanidad
Según cifras de Acosemillas, en el 2018 la siembra de semilla ilegal de arroz pasó a ser del 80%, lo que le ha generado al sector bajo rendimiento, reducción en la cosecha, mayor gasto de agroquímicos, pérdida de competitividad y altos riesgos en la sanidad de los cultivos.
Según el gremio, de 500.924 hectáreas sembradas de arroz sólo 106.854 hectáreas, es decir el 20%, fueron sembradas con semilla certificada.
Por lo anterior el ICA, el sector arrocero y las autoridades hacen un llamado de alerta a los productores de arroz para que compren semilla legal y eviten pérdidas en la producción y poner en riesgo la producción nacional.
“Es preocupante la situación que se está presentando por el incremento de uso de semilla ilegal en el sector arrocero, porque las perdidas están cercanas a los $213 mil millones de pesos y este hecho conlleva a que se vea afectado el intercambio de semillas hacia otros países y que el riesgo fitosanitario sea mayor”, expresó Deyanira Barrero, gerente general del ICA.
La producción de semilla certificada es un proceso de control de generaciones, cumpliendo los requisitos específicos mínimos de calidad que establece el ICA, como autoridad fitosanitaria, para cada especie y categoría de semillas para que el agricultor tenga un material con la calidad genética, física, fisiológica y fitosanitaria permitida, la cual debe ser declarada por el productor de semillas debidamente registrado.
El ICA, Fedearroz y Acosemillas unen esfuerzos por la legalidad en el uso de la semilla, la protección de la sanidad de los cultivos y la recuperación de la economía del sector arrocero de Colombia.
“Es imposible lograr la competitividad de un sector si el uso de semilla es de mala calidad, es claro que este tipo de insumo no va a garantizar los mejores resultados en el desarrollo del cultivo, ni la calidad industrial y culinaria”, señaló Barrero León.
Para Leonardo Ariza, gerente general de Acosemillas “Una de las formas para combatir este hecho de ilegalidad que cada día va en aumento, es incentivar a través de campañas de promoción y educación el uso de la semilla certificada, puesto que esta contribuye a la generación de empleo, a la formalización del sector, a la sanidad agrícola, pero sobre todo al desarrollo competitivo de la agricultura del país, al lograr mayores rendimientos y mejor calidad en las cosechas”.
Por su parte, el gerente general de Fedearroz, Rafael Hérnadez, indicó que “el uso de semilla certificada es el primer paso de todo un componente tecnológico, que nos ha demostrado sustancial reducción de costos y mayor productividad. Muchas veces los agricultores solo miran el precio de la semilla certificada, pero no se dan cuenta de que al usar Paddy como semilla; los volúmenes que necesitan para sembrar son sustancialmente mayores”.
El uso de semillas certificadas en los cultivos, presenta beneficios como:
Favorece un rápido y uniforme establecimiento en campo –
Permite una población adecuada de plantas con muy buena germinación.
Genera un cultivo libre de organismos patógenos es decir cuenta con la sanidad.
No tiene contaminantes varietales es decir son semillas puras.
Está exenta de semillas de malezas, lo que evita el uso de plaguicidas.
Permite la expresión del potencial genético propio de la variedad
Incrementa la productividad y da estabilidad al rendimiento
Conserva la calidad de la variedad al ser genéticamente pura
Mayor porcentaje de germinación y vigor
Mayor utilidad
Garantiza una Agricultura sostenida
El uso de semilla de costal o semilla pirata, trae numerosas consecuencias negativas para todas las cadenas productivas como en la económica del sector arrocero, graves consecuencias para el cultivo, afectaciones al medio ambiente, pérdida de competitividad del país.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
