CASANARE
ICA manifestó su preocupación por uso de semilla ‘ilegal’ en arroz
El uso de la misma en la siembra del cereal genera pérdidas al sector y pone en riesgo la sanidad
Según cifras de Acosemillas, en el 2018 la siembra de semilla ilegal de arroz pasó a ser del 80%, lo que le ha generado al sector bajo rendimiento, reducción en la cosecha, mayor gasto de agroquímicos, pérdida de competitividad y altos riesgos en la sanidad de los cultivos.
Según el gremio, de 500.924 hectáreas sembradas de arroz sólo 106.854 hectáreas, es decir el 20%, fueron sembradas con semilla certificada.
Por lo anterior el ICA, el sector arrocero y las autoridades hacen un llamado de alerta a los productores de arroz para que compren semilla legal y eviten pérdidas en la producción y poner en riesgo la producción nacional.
“Es preocupante la situación que se está presentando por el incremento de uso de semilla ilegal en el sector arrocero, porque las perdidas están cercanas a los $213 mil millones de pesos y este hecho conlleva a que se vea afectado el intercambio de semillas hacia otros países y que el riesgo fitosanitario sea mayor”, expresó Deyanira Barrero, gerente general del ICA.
La producción de semilla certificada es un proceso de control de generaciones, cumpliendo los requisitos específicos mínimos de calidad que establece el ICA, como autoridad fitosanitaria, para cada especie y categoría de semillas para que el agricultor tenga un material con la calidad genética, física, fisiológica y fitosanitaria permitida, la cual debe ser declarada por el productor de semillas debidamente registrado.
El ICA, Fedearroz y Acosemillas unen esfuerzos por la legalidad en el uso de la semilla, la protección de la sanidad de los cultivos y la recuperación de la economía del sector arrocero de Colombia.
“Es imposible lograr la competitividad de un sector si el uso de semilla es de mala calidad, es claro que este tipo de insumo no va a garantizar los mejores resultados en el desarrollo del cultivo, ni la calidad industrial y culinaria”, señaló Barrero León.
Para Leonardo Ariza, gerente general de Acosemillas “Una de las formas para combatir este hecho de ilegalidad que cada día va en aumento, es incentivar a través de campañas de promoción y educación el uso de la semilla certificada, puesto que esta contribuye a la generación de empleo, a la formalización del sector, a la sanidad agrícola, pero sobre todo al desarrollo competitivo de la agricultura del país, al lograr mayores rendimientos y mejor calidad en las cosechas”.
Por su parte, el gerente general de Fedearroz, Rafael Hérnadez, indicó que “el uso de semilla certificada es el primer paso de todo un componente tecnológico, que nos ha demostrado sustancial reducción de costos y mayor productividad. Muchas veces los agricultores solo miran el precio de la semilla certificada, pero no se dan cuenta de que al usar Paddy como semilla; los volúmenes que necesitan para sembrar son sustancialmente mayores”.
El uso de semillas certificadas en los cultivos, presenta beneficios como:
Favorece un rápido y uniforme establecimiento en campo –
Permite una población adecuada de plantas con muy buena germinación.
Genera un cultivo libre de organismos patógenos es decir cuenta con la sanidad.
No tiene contaminantes varietales es decir son semillas puras.
Está exenta de semillas de malezas, lo que evita el uso de plaguicidas.
Permite la expresión del potencial genético propio de la variedad
Incrementa la productividad y da estabilidad al rendimiento
Conserva la calidad de la variedad al ser genéticamente pura
Mayor porcentaje de germinación y vigor
Mayor utilidad
Garantiza una Agricultura sostenida
El uso de semilla de costal o semilla pirata, trae numerosas consecuencias negativas para todas las cadenas productivas como en la económica del sector arrocero, graves consecuencias para el cultivo, afectaciones al medio ambiente, pérdida de competitividad del país.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Deuda de Enerca con Sayop sigue creciendo, ya son cerca de $9 mil millones de pesos
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
CASANARE
Alertan sobre comercialización ilegal de Aguardiente Amarillo con imagen de Yeison Jiménez
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.

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