CASANARE
ICA manifestó su preocupación por uso de semilla ‘ilegal’ en arroz
El uso de la misma en la siembra del cereal genera pérdidas al sector y pone en riesgo la sanidad
Según cifras de Acosemillas, en el 2018 la siembra de semilla ilegal de arroz pasó a ser del 80%, lo que le ha generado al sector bajo rendimiento, reducción en la cosecha, mayor gasto de agroquímicos, pérdida de competitividad y altos riesgos en la sanidad de los cultivos.
Según el gremio, de 500.924 hectáreas sembradas de arroz sólo 106.854 hectáreas, es decir el 20%, fueron sembradas con semilla certificada.
Por lo anterior el ICA, el sector arrocero y las autoridades hacen un llamado de alerta a los productores de arroz para que compren semilla legal y eviten pérdidas en la producción y poner en riesgo la producción nacional.
“Es preocupante la situación que se está presentando por el incremento de uso de semilla ilegal en el sector arrocero, porque las perdidas están cercanas a los $213 mil millones de pesos y este hecho conlleva a que se vea afectado el intercambio de semillas hacia otros países y que el riesgo fitosanitario sea mayor”, expresó Deyanira Barrero, gerente general del ICA.
La producción de semilla certificada es un proceso de control de generaciones, cumpliendo los requisitos específicos mínimos de calidad que establece el ICA, como autoridad fitosanitaria, para cada especie y categoría de semillas para que el agricultor tenga un material con la calidad genética, física, fisiológica y fitosanitaria permitida, la cual debe ser declarada por el productor de semillas debidamente registrado.
El ICA, Fedearroz y Acosemillas unen esfuerzos por la legalidad en el uso de la semilla, la protección de la sanidad de los cultivos y la recuperación de la economía del sector arrocero de Colombia.
“Es imposible lograr la competitividad de un sector si el uso de semilla es de mala calidad, es claro que este tipo de insumo no va a garantizar los mejores resultados en el desarrollo del cultivo, ni la calidad industrial y culinaria”, señaló Barrero León.
Para Leonardo Ariza, gerente general de Acosemillas “Una de las formas para combatir este hecho de ilegalidad que cada día va en aumento, es incentivar a través de campañas de promoción y educación el uso de la semilla certificada, puesto que esta contribuye a la generación de empleo, a la formalización del sector, a la sanidad agrícola, pero sobre todo al desarrollo competitivo de la agricultura del país, al lograr mayores rendimientos y mejor calidad en las cosechas”.
Por su parte, el gerente general de Fedearroz, Rafael Hérnadez, indicó que “el uso de semilla certificada es el primer paso de todo un componente tecnológico, que nos ha demostrado sustancial reducción de costos y mayor productividad. Muchas veces los agricultores solo miran el precio de la semilla certificada, pero no se dan cuenta de que al usar Paddy como semilla; los volúmenes que necesitan para sembrar son sustancialmente mayores”.
El uso de semillas certificadas en los cultivos, presenta beneficios como:
Favorece un rápido y uniforme establecimiento en campo –
Permite una población adecuada de plantas con muy buena germinación.
Genera un cultivo libre de organismos patógenos es decir cuenta con la sanidad.
No tiene contaminantes varietales es decir son semillas puras.
Está exenta de semillas de malezas, lo que evita el uso de plaguicidas.
Permite la expresión del potencial genético propio de la variedad
Incrementa la productividad y da estabilidad al rendimiento
Conserva la calidad de la variedad al ser genéticamente pura
Mayor porcentaje de germinación y vigor
Mayor utilidad
Garantiza una Agricultura sostenida
El uso de semilla de costal o semilla pirata, trae numerosas consecuencias negativas para todas las cadenas productivas como en la económica del sector arrocero, graves consecuencias para el cultivo, afectaciones al medio ambiente, pérdida de competitividad del país.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Una mujer perdió la vida en la mañana de este jueves en un trágico accidente de tránsito registrado en el cruce de la calle 30 con carrera 33, en la ciudad de Yopal. La víctima fue identificada como Andrea Lilian Montaña Montaña, de 39 años, natural del municipio de Chámeza, quien se movilizaba en una motocicleta Yamaha de placa PDA 16E cuando colisionó contra un vehículo KIA Sportage de placas PIP207.
El impacto fue tan fuerte que la mujer perdió la vida en el lugar de los hechos. Al sitio acudieron unidades de tránsito y personal de criminalística, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y comenzaron la recolección de información para establecer cómo ocurrió este siniestro vial.
Preliminarmente se conoció que la víctima fatal se desplazaba por la carrera 33 en sentido norte sur, mientras que el vehículo particular lo hacía por la calle 30 en sentido hacia la vía Mate´pantano. En el mencionado cruce se produjo la violenta colisión contra el costado izquierdo de la camioneta. El impacto quedó reflejado contra las dos puertas del automotor.
Detrás de esta tragedia queda una historia que golpea profundamente a una familia. Andrea era madre soltera y deja dos hijos, quienes hoy deben enfrentar la dolorosa ausencia de su ser querido, una realidad que viven muchas familias cuando la vida se apaga de forma repentina en las vías.
Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente, mientras este hecho vuelve a poner sobre la mesa el drama humano que dejan los siniestros viales: hogares marcados por el duelo, proyectos de vida truncados y familias que deben aprender a seguir adelante con una silla vacía en casa.
Los restos óseos hallados durante la construcción de obras de alcantarillado en la ciudadela La Bendición, en Yopal, correspondían a Ángela Patricia Salas Ruiz, una joven de 22 años que había sido reportada como desaparecida por sus familiares desde agosto de 2024.
La identificación se logró mediante pruebas de ADN practicadas por el Instituto de Medicina Legal, que permitieron cotejar el material genético con muestras de familiares cercanos.
De acuerdo con la información conocida, el análisis forense permitió establecer que los restos encontrados pertenecen a la joven desaparecida, cerrando así casi dos años de incertidumbre para sus allegados. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial confirmando públicamente este resultado, aunque los familiares ya lo hicieron.
Los restos fueron encontrados de manera accidental en abril de 2025, cuando se adelantaban excavaciones para la instalación de tuberías del sistema de alcantarillado en este sector de la capital casanareña. Trabajadores que realizaban la obra detectaron el material óseo, lo que obligó a suspender temporalmente las labores mientras unidades forenses realizaban el levantamiento correspondiente.
Posteriormente, los restos fueron trasladados a Medicina Legal para los análisis científicos que permitieran establecer su identidad. Mientras se espera un comunicado oficial de las autoridades, el caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por las personas desaparecidas y las circunstancias que rodean este tipo de hechos en la región.
Por este caso, los familiares de la víctima siempre han puesto la lupa sobre un sujeto conocido con el alias de “Vitamina”, quien era la pareja sentimental de Ángela Patricia para la época de su desaparición, de quien se conoció que en estos momentos se encuentra detenido en la Cárcel de La Guafilla por otros delitos.
Lea también: Continúa búsqueda de joven mujer desaparecida en Yopal desde el 25 de agosto
La Secretaría de Hacienda de Casanare reportó un notable incremento en el recaudo del impuesto vehicular, alcanzando la cifra de 2.600 millones de pesos. Este monto incluye 600 millones provenientes del cobro coactivo, lo que representa un crecimiento del 23% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando el recaudo se situó en 400 millones de pesos.
Este aumento no solo fortalece las finanzas del departamento, proporcionando más recursos para la inversión pública en infraestructura y servicios, sino que también evidencia la confianza de los contribuyentes en las campañas de beneficios tributarios ofrecidas por la administración. Estos resultados son vitales para impulsar el desarrollo regional.
El impacto de las campañas ha sido significativo en la normalización de deudas, con 1.300 personas acercándose a las oficinas para ponerse al día con sus obligaciones. Adicionalmente, 242 procesos de cobro coactivo han sido cerrados exitosamente tras el pago de las deudas, lo que demuestra la efectividad de las medidas implementadas.
La administración departamental enfatiza que regularizar estas deudas ofrece seguridad jurídica a los ciudadanos. Al saldar sus obligaciones, la Secretaría de Hacienda procede de inmediato al levantamiento de medidas cautelares, previniendo embargos de cuentas bancarias y propiedades, y permitiendo a los propietarios circular y disponer de sus bienes con tranquilidad.
“Estamos logrando una recuperación de cartera histórica que se traduce en bienestar para el departamento y tranquilidad para las familias, quienes hoy pueden circular y disponer de sus bienes sin el temor de procesos legales”, manifestó Diana Nossa, directora de la Oficina de Cobro Coactivo de la Secretaría de Hacienda de Casanare.
A pesar de los resultados positivos, la gobernación advierte que aún existe un número considerable de vehículos con deudas pendientes que, si bien no han entrado en etapa coactiva, están próximos a ser ejecutados. Por ello, se extiende una invitación final a los propietarios en mora para que aprovechen los descuentos vigentes y eviten futuros procesos de cobro que puedan afectar su patrimonio.
