CASANARE
ICA manifestó su preocupación por uso de semilla ‘ilegal’ en arroz
El uso de la misma en la siembra del cereal genera pérdidas al sector y pone en riesgo la sanidad
Según cifras de Acosemillas, en el 2018 la siembra de semilla ilegal de arroz pasó a ser del 80%, lo que le ha generado al sector bajo rendimiento, reducción en la cosecha, mayor gasto de agroquímicos, pérdida de competitividad y altos riesgos en la sanidad de los cultivos.
Según el gremio, de 500.924 hectáreas sembradas de arroz sólo 106.854 hectáreas, es decir el 20%, fueron sembradas con semilla certificada.
Por lo anterior el ICA, el sector arrocero y las autoridades hacen un llamado de alerta a los productores de arroz para que compren semilla legal y eviten pérdidas en la producción y poner en riesgo la producción nacional.
“Es preocupante la situación que se está presentando por el incremento de uso de semilla ilegal en el sector arrocero, porque las perdidas están cercanas a los $213 mil millones de pesos y este hecho conlleva a que se vea afectado el intercambio de semillas hacia otros países y que el riesgo fitosanitario sea mayor”, expresó Deyanira Barrero, gerente general del ICA.
La producción de semilla certificada es un proceso de control de generaciones, cumpliendo los requisitos específicos mínimos de calidad que establece el ICA, como autoridad fitosanitaria, para cada especie y categoría de semillas para que el agricultor tenga un material con la calidad genética, física, fisiológica y fitosanitaria permitida, la cual debe ser declarada por el productor de semillas debidamente registrado.
El ICA, Fedearroz y Acosemillas unen esfuerzos por la legalidad en el uso de la semilla, la protección de la sanidad de los cultivos y la recuperación de la economía del sector arrocero de Colombia.
“Es imposible lograr la competitividad de un sector si el uso de semilla es de mala calidad, es claro que este tipo de insumo no va a garantizar los mejores resultados en el desarrollo del cultivo, ni la calidad industrial y culinaria”, señaló Barrero León.
Para Leonardo Ariza, gerente general de Acosemillas “Una de las formas para combatir este hecho de ilegalidad que cada día va en aumento, es incentivar a través de campañas de promoción y educación el uso de la semilla certificada, puesto que esta contribuye a la generación de empleo, a la formalización del sector, a la sanidad agrícola, pero sobre todo al desarrollo competitivo de la agricultura del país, al lograr mayores rendimientos y mejor calidad en las cosechas”.
Por su parte, el gerente general de Fedearroz, Rafael Hérnadez, indicó que “el uso de semilla certificada es el primer paso de todo un componente tecnológico, que nos ha demostrado sustancial reducción de costos y mayor productividad. Muchas veces los agricultores solo miran el precio de la semilla certificada, pero no se dan cuenta de que al usar Paddy como semilla; los volúmenes que necesitan para sembrar son sustancialmente mayores”.
El uso de semillas certificadas en los cultivos, presenta beneficios como:
Favorece un rápido y uniforme establecimiento en campo –
Permite una población adecuada de plantas con muy buena germinación.
Genera un cultivo libre de organismos patógenos es decir cuenta con la sanidad.
No tiene contaminantes varietales es decir son semillas puras.
Está exenta de semillas de malezas, lo que evita el uso de plaguicidas.
Permite la expresión del potencial genético propio de la variedad
Incrementa la productividad y da estabilidad al rendimiento
Conserva la calidad de la variedad al ser genéticamente pura
Mayor porcentaje de germinación y vigor
Mayor utilidad
Garantiza una Agricultura sostenida
El uso de semilla de costal o semilla pirata, trae numerosas consecuencias negativas para todas las cadenas productivas como en la económica del sector arrocero, graves consecuencias para el cultivo, afectaciones al medio ambiente, pérdida de competitividad del país.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Cierres programados para reforzar el Puente La Cabuya iniciarán el 02 de mayo
El Instituto Nacional de Vías (Invías) informó que el cierre programado del puente La Cabuya (Río Cravo Sur), ubicado en la ruta Yopal – Paz de Ariporo, será reprogramado a partir del 02 de mayo de 2026, atendiendo una solicitud formal presentada por Ecopetrol.
Inicialmente, el cierre estaba autorizado para efectuarse entre el 2 de marzo y el 2 de abril, con el fin de adelantar las actividades de reforzamiento estructural del puente. Sin embargo, el director general de Invías, Juan Guillermo Jiménez Gómez, confirmó que mediante oficio, Ecopetrol solicitó aplazar los trabajos. “Entre marzo y abril, la empresa debe garantizar la movilidad de equipos extradimensionados y extrapesados necesarios para el desarrollo de proyectos estratégicos en la región, incluidos equipos de alto tonelaje destinados a operaciones en la locación Floreña TF20”, destacó.
Estas actividades, relacionadas con la seguridad energética y el abastecimiento de gas natural del país, requieren mantener habilitado el tránsito por el puente durante este periodo. En atención a esta solicitud, y con el propósito de garantizar tanto la movilidad segura como la continuidad de operaciones estratégicas en la región, Invías reprogramará el inicio del cierre total del puente al 2 de mayo de 2026, fecha en la que se retomarán los trabajos de reforzamiento estructural previamente programados.
Invías reitera su compromiso con el desarrollo vial del departamento y con la articulación institucional para evitar afectaciones a la comunidad y a las operaciones estratégicas del país. Una vez se acerque la fecha del cierre
reprogramado, se informarán los horarios, rutas alternas y demás medidas de manejo de tránsito que aplicarán durante la ejecución de las obras.
CASANARE
Yopal en alerta roja por incendios forestales, Gestión del Riesgo reitera medidas
La Oficina Territorial de Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD) informa a la comunidad de Yopal que el municipio se encuentra en alerta roja por incendios forestales debido a las condiciones climáticas actuales. Se reitera a la comunidad adoptar medidas para reducir este tipo de eventualidades.
La alerta roja indica una probabilidad inminente de ocurrencia de incendios, lo que requiere acción inmediata por parte de la ciudadanía y organismos de socorro. Las altas temperaturas, la disminución de lluvias y la presencia de material vegetal seco aumentan significativamente la vulnerabilidad en el territorio.
Por ello, se recomienda evitar la quema de basura, rastrojos o material vegetal, no encender fogatas en zonas rurales o áreas abiertas, no arrojar colillas de cigarrillo y no dejar residuos como botellas de vidrio en zonas verdes. Se insta a reportar de inmediato cualquier presencia de humo o incendio a las líneas 119 o al 3208532940 (Bomberos Yopal).
Cabe destacar que, según el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yopal, entre enero y febrero de 2026 se han registrado 40 incendios forestales y 196 quemas prohibidas. La Administración Municipal y los organismos de respuesta permanecen en monitoreo constante y articulación permanente con las autoridades ambientales.
“Reducir el riesgo es responsabilidad de todos. Un acto imprudente puede generar emergencias que afecten vidas, viviendas, ecosistemas y recursos naturales del municipio”, señaló Harbey Ramírez Ávila, jefe de la OTGRD.
CASANARE
Alcaldía de Yopal suspendió facturación del impuesto predial hasta corregir errores en avalúos
La Alcaldía de Yopal suspendió la facturación del impuesto predial hasta garantizar cobros justos y reales para los predios del municipio. Esta decisión se toma tras identificar múltiples inconsistencias en la información entregada por los prestadores de servicio catastral en el marco del convenio 1707 de 2023, suscrito por la administración anterior.
La medida no desconoce la obligación tributaria, sino que busca liquidar el impuesto sobre información técnica confiable y jurídicamente válida. Se prioriza que cada contribuyente pague lo que realmente corresponde, sin sobrecostos por errores. Se detectaron 16.500 predios con inconsistencias como información incompleta, registros vacíos, predios sin destino económico o dirección, y duplicidad.
Estas irregularidades fueron consignadas en nueve informes de supervisión y comunicadas a las autoridades competentes. La alcaldía activó mecanismos contractuales y legales para exigir a los prestadores de servicio catastral el cumplimiento de sus obligaciones. En febrero de 2025, se generaron recibos con incrementos significativos, causando inconformidad ciudadana.
El alcalde Marco Tulio Ruiz instaló mesas de concertación con el Ministerio Público y solicitó intervención de la Superintendencia de Notariado y Registro y el IGAC. El municipio habilitó siete puntos para reclamaciones, recibiendo más de 1.200 derechos de petición. La Superintendencia identificó hallazgos con presunta incidencia penal y la Contraloría General informó sobre un posible daño patrimonial de $6.332 millones.
Adicionalmente, la actual administración decidió no extender el modelo catastral a la zona rural por $18.700 millones, dada la situación en el área urbana. Se tramitaron dos proyectos de acuerdo para otorgar alivios tributarios y para 2026 el incremento de avalúos catastrales será del 3%, según el decreto 1480.
La facturación sigue suspendida hasta que existan garantías técnicas y jurídicas, buscando que los yopaleños cumplan su obligación sobre bases ciertas y ajustadas a la ley, accediendo a los beneficios tributarios por pago oportuno. En caso de requerirse, la administración municipal acudirá al Concejo Municipal para ampliar estos plazos.
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