CASANARE
ICA manifestó su preocupación por uso de semilla ‘ilegal’ en arroz
El uso de la misma en la siembra del cereal genera pérdidas al sector y pone en riesgo la sanidad
Según cifras de Acosemillas, en el 2018 la siembra de semilla ilegal de arroz pasó a ser del 80%, lo que le ha generado al sector bajo rendimiento, reducción en la cosecha, mayor gasto de agroquímicos, pérdida de competitividad y altos riesgos en la sanidad de los cultivos.
Según el gremio, de 500.924 hectáreas sembradas de arroz sólo 106.854 hectáreas, es decir el 20%, fueron sembradas con semilla certificada.
Por lo anterior el ICA, el sector arrocero y las autoridades hacen un llamado de alerta a los productores de arroz para que compren semilla legal y eviten pérdidas en la producción y poner en riesgo la producción nacional.
“Es preocupante la situación que se está presentando por el incremento de uso de semilla ilegal en el sector arrocero, porque las perdidas están cercanas a los $213 mil millones de pesos y este hecho conlleva a que se vea afectado el intercambio de semillas hacia otros países y que el riesgo fitosanitario sea mayor”, expresó Deyanira Barrero, gerente general del ICA.
La producción de semilla certificada es un proceso de control de generaciones, cumpliendo los requisitos específicos mínimos de calidad que establece el ICA, como autoridad fitosanitaria, para cada especie y categoría de semillas para que el agricultor tenga un material con la calidad genética, física, fisiológica y fitosanitaria permitida, la cual debe ser declarada por el productor de semillas debidamente registrado.
El ICA, Fedearroz y Acosemillas unen esfuerzos por la legalidad en el uso de la semilla, la protección de la sanidad de los cultivos y la recuperación de la economía del sector arrocero de Colombia.
“Es imposible lograr la competitividad de un sector si el uso de semilla es de mala calidad, es claro que este tipo de insumo no va a garantizar los mejores resultados en el desarrollo del cultivo, ni la calidad industrial y culinaria”, señaló Barrero León.
Para Leonardo Ariza, gerente general de Acosemillas “Una de las formas para combatir este hecho de ilegalidad que cada día va en aumento, es incentivar a través de campañas de promoción y educación el uso de la semilla certificada, puesto que esta contribuye a la generación de empleo, a la formalización del sector, a la sanidad agrícola, pero sobre todo al desarrollo competitivo de la agricultura del país, al lograr mayores rendimientos y mejor calidad en las cosechas”.
Por su parte, el gerente general de Fedearroz, Rafael Hérnadez, indicó que “el uso de semilla certificada es el primer paso de todo un componente tecnológico, que nos ha demostrado sustancial reducción de costos y mayor productividad. Muchas veces los agricultores solo miran el precio de la semilla certificada, pero no se dan cuenta de que al usar Paddy como semilla; los volúmenes que necesitan para sembrar son sustancialmente mayores”.
El uso de semillas certificadas en los cultivos, presenta beneficios como:
Favorece un rápido y uniforme establecimiento en campo –
Permite una población adecuada de plantas con muy buena germinación.
Genera un cultivo libre de organismos patógenos es decir cuenta con la sanidad.
No tiene contaminantes varietales es decir son semillas puras.
Está exenta de semillas de malezas, lo que evita el uso de plaguicidas.
Permite la expresión del potencial genético propio de la variedad
Incrementa la productividad y da estabilidad al rendimiento
Conserva la calidad de la variedad al ser genéticamente pura
Mayor porcentaje de germinación y vigor
Mayor utilidad
Garantiza una Agricultura sostenida
El uso de semilla de costal o semilla pirata, trae numerosas consecuencias negativas para todas las cadenas productivas como en la económica del sector arrocero, graves consecuencias para el cultivo, afectaciones al medio ambiente, pérdida de competitividad del país.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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