CASANARE
ICA garantizó la sanidad en subasta ganadera de Arauca
El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, verificó el cumplimiento de los requisitos sanitarios exigidos para el control a la movilización y el estado sanitario de los bovinos que participaron en la subasta ganadera de Arauquita.
El evento se llevó a cabo con el fin de fomentar el mercado ganadero de la región, dando la posibilidad al productor de obtener animales de alto valor comercial y genético para mejorar sus hatos.
La subasta se llevó a cabo en el comité de ganaderos, centro poblado de La Esmeralda, en el municipio de Arauquita, Arauca.
El ICA estuvo a cargo de la vigilancia del cumplimiento de la Resolución ICA N° 1634 de 2010, realizando el control sanitario de los bovinos ingresados al evento, además de la expedición de las guías sanitarias de movilización interna de animales (GSMI), para facilitar la movilización de los semovientes.
“Resaltamos la importancia de la 2da Subasta Ganadera de la Esmeralda, ya que es un espacio que permite mostrar sus animales a los productores bajo los estándares de sanidad implementados por el ICA, garantizando así un espacio seguro para la interacción entre animales y personas sin ningún riesgo sanitario”, comentó Narda Martínez Peroza, gerente seccional del ICA en Arauca.
La funcionaria añadió que desde el punto de vista de la economía ganadera es importante brindar estos espacios que permitan al productor vender y adquirir animales de alto valor genético, que faciliten el mejoramiento de sus hatos ganaderos e impulsen la economía de la región.
Las subastas ganaderas permiten dinamizar la economía local y regional. Este sistema de comercialización deriva de la necesidad de los ganaderos de negociar de forma transparente e inmediata, en la que la forma medible principalmente es el kilo.
Durante la subasta de Arauquita ingresaron 398 bovinos y 13 bufalinos.
Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario, ICA
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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