CASANARE
Hoy se firma en Yopal Pacto por el Trabajo Decente con el sector de hidrocarburos
El Gobernador trabaja articuladamente con el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos-ACP-, con el fin de avanzar en tres líneas de trabajo que traerán trabajo, inversión y desarrollo a las comunidades casanareñas.
El mandatario junto a su equipo de trabajo de la secretaría Privada, se reunió en su despacho con el Presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos Francisco Lloreda, la vicepresidenta de Operaciones y Sostenibilidad de la ACP Silvana Habib y la coordinadora de Gestión Social Luisa León, con quienes definió estrategias de trabajo e inversión por parte de las operadoras de hidrocarburos en el Departamento.
La primera línea de trabajo se dirige al acompañamiento activo en la comisión de hidrocarburos para el departamento que, priorizará la mano de obra calificada y no calificada, ya que desde el comienzo de su gobierno, Salomón Sanabria ha querido brindarle un respaldo a los casanareños que trabajan con las petroleras, para que sean prioridad en la contratación de las que operan en Casanare y de esta manera, cambiar la imagen que por años han mostrado al Departamento como un lugar donde no se prioriza la mano de obra local.
En ese sentido, el Gobernador ha querido establecer una comisión de verificación a los procesos de contratación de personal y de bienes y servicios en el sector de hidrocarburos, con el fin de darle un apoyo a esta población que, hoy ‘ve con buenos ojos’ que el Gobierno Nacional proyecte a Casanare como ejemplo a nivel nacional.
Como segunda medida, se concluyó que se deben identificar las líneas de inversión de las diferentes operadoras en el Departamento, para invertir en el sector agropecuario, contribuyendo a la reactivación económica del sector, donde la Gobernación deberá determinar cuáles serían las alianzas productivas que generarán un impacto positivo para el territorio.
Como tercera medida, se focalizarán las operadoras que invertirán sus recursos bajo la modalidad de Obras por Regalías, una novedosa iniciativa que busca generar una fuente adicional de recursos que servirá para financiar proyectos de alto impacto para las comunidades del Departamento.
Ratificando el compromiso con la comunidad, hoy en Yopal se firma “el Pacto por el Trabajo Decente” suscrito en octubre de 2018 por el Gobierno Nacional, donde la ACP declara públicamente que se compromete a fortalecer las estrategias de divulgación, sensibilización, promoción y apoyo para que sus empresas afiliadas aseguren buenas prácticas y continúen garantizando el cumplimiento de los compromisos con los trabajadores.
El evento privado que se realizará en la Cámara de Comercio de Casanare en representación del Gobernador Salomón Sanabria, acudirá el secretario de Gobierno Oscar Gómez quien funge como Gobernador (e), también estará el Ministro del Trabajo Ángel Custodio Cabrera Báez y el Ministro de Minas y Energía Diego Mesa, además del presidente de la ACP, Francisco Lloreda, demostrando de esta manera el compromiso de apoyar a este sector de la comunidad casanareña.
Por su parte, Vladimir Olaya, asesor en temas de hidrocarburos de la Gobernación de Casanare, luego de la reunión manifestó que la intensión de la Administración Departamental es apoyar a los trabajadores para que no se sientan solos en la lucha constante que libran para conseguir o mantener su trabajo, “la voluntad del Gobernador ha sido respaldar a los casanareños que trabajan con las operadoras petroleras, demostrando con hechos que el Gobierno Central respalda la iniciativa de nuestro mandatario en favor de las comunidades”, concluyó.
Fuente: Gobernación de Casanare
La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis personas señaladas de crear y administrar una red de 185 sociedades de papel con las que empresas del sector real se apropiaron ilegalmente del impuesto a las ventas y redujeron la base gravable del impuesto de renta, causando un perjuicio al Estado que podría superar los $155.000 millones de pesos.
Según la investigación, los procesados figuraban como socios o representantes legales de compañías de fachada que no contaban con capacidad económica, logística ni operativa. Entre 2012 y 2022 habrían simulado operaciones comerciales millonarias para respaldar maniobras fraudulentas, utilizando diversos objetos sociales sin actividad real.
De acuerdo con la Fiscalía, los procesados habrían cobrado entre el 1% y el 5% del monto total de lo facturado irregularmente. Ninguno de las empresas vinculadas tiene proveedores nacionales ni son importadores, por lo que no tendrían nada que vender.
Con apoyo del CTI, la Fiscalía estableció que a través de estas sociedades se reportaron operaciones inexistentes por más de $843.164 millones de pesos. Entre los judicializados están Jairo Bernal Manrique, Jaime Javier Sánchez Sánchez, Nidia Pineda Villamil, Fany Rodríguez Corrales, Edgardo Lozano Hastamorir y Jeik Donovan Yepes Albarracín, quienes habrían asumido roles de coordinación financiera, intermediación y representación legal.
Los implicados fueron capturados en diligencias de registro y allanamiento en Bogotá y Casanare, y les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros y lavado de activos. Un juez de control de garantías impuso medidas privativas de la libertad —cinco domiciliarias y una en centro carcelario— y ordenó la suspensión de la personería jurídica de 162 empresas vinculadas.
CASANARE
Yopal fortalece procesos de resocialización, se donaron elementos de aseo, alimentos y ropa
La Secretaría de Desarrollo Social de Yopal, a través del programa habitante de calle y con el apoyo de la gestora social Paula Ruíz, impulsó la estrategia “diciembre es amor, y en familia es mejor”. Se realizó una jornada de donación de elementos de aseo, alimentos no perecederos y ropa, destinada a usuarios de la Fundación Caminos de Vida que adelantan procesos de desintoxicación y resocialización.
Esta iniciativa busca fortalecer las acciones humanitarias y el acompañamiento integral a quienes transitan procesos de recuperación del consumo de sustancias psicoactivas y habitabilidad en calles. La Administración Municipal reafirma su compromiso de brindar herramientas para reconstruir proyectos de vida, ofrecer segundas oportunidades y transmitir un mensaje de esperanza y solidaridad.
Durante la jornada, diversas entidades y personas, incluyendo ciudadanos, empresas, comerciantes y funcionarios públicos, aportaron insumos esenciales. Estas donaciones son clave para mejorar las condiciones de bienestar de los beneficiarios y contribuir a su permanencia en el proceso terapéutico.
La Secretaria de Desarrollo Social, Marcela Hernández Forero, enfatizó la relevancia de sumar esfuerzos interinstitucionales y comunitarios para dignificar la vida de quienes enfrentan desafíos. “Estas donaciones representan más que elementos materiales; son un mensaje de esperanza para quienes están dando pasos valientes hacia su recuperación”, expresó.
Finalmente, la administración municipal hizo una invitación a toda la ciudadanía, empresas y organizaciones a unirse a estas acciones solidarias. El objetivo es claro: transformar vidas y generar oportunidades reales para que las personas puedan reinsertarse positivamente en la sociedad de Yopal.
CASANARE
Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
No se adelantaron estudios de títulos
En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.
En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.
