CASANARE
Hospital Regional de la Orinoquia no tiene dónde más instalar UCIs
El personal médico de Casanare está cansado y cada día suma más carga laboral por la atención de la pandemia de Covid-19, quedó en evidencia ayer durante la rueda de prensa generada por la Gobernación de Casanare para actualizar las cifras y medidas por esta situación.
El panorama que muestra el personal médico es desalentador, por los niveles de ocupación de camas UCI, además que el Hospital Regional de la Orinoquía HORO ya culminó su etapa de expansión, es decir, no hay para dónde crecer más con camas UCI.
Al momento de la rueda de prensa existían disponibles solo dos camas UCI, y se conoció que el pasado domingo en horas de la noche el porcentaje de ocupación era del 100%. Literalmente, para tener una cama UCI disponible “hay que esperar que un paciente muera”.
Se conoció además, que de continuar el nivel de casos de contagio en el mismo nivel que se ha vendio dando en la última semana, se comenzará a aplicar el llamado “triage ético”, que es el momento en que el personal médico debe determinar entre varios pacientes contagiados y complicados, cuál entra a UCI y cuál no.
Otra revelación que causa alarma, es que cada vez son más los jóvenes que están presentando complicaciones y falleciendo por efecto de la enfermedad, y que este “tercer pico” se ha mantenido por varios días con cifras elevadas de contagio, lo cual no es normal.
“Generalmente se llega al punto más alto del pico y éste comienza a descender, pero no ha sido así”, manifestó el gobiernador Salomón Sanabria.
Cifras alarmantes
La tasa de mortalidad, que mide el porcentaje de fallecidos por cada 100 mil habitantes, pasó de 77 a 91, lo cual preocupa a las autoridades.
De igual manera, el porcentaje de “positividad”, que mide los casos positivos frente a la cantidad de muestras tomadas, indica, por ejemplo, que en Trinidad es de 53%, en Hato Corozal del 46% y en Aguazul del 31%.
Alcaldes emitirán decretos
El gobernador Salomón Sanabria indicó que los alcaldes de los 19 municipios iniciarán con la regulación de medidas de orden público y la expedición de nuevos decretos para sus localidades.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
