CASANARE
Contraloría Departamental detectó varios hallazgos en contratación de la Alcaldía de Orocué
Treinta y dos (32) fueron los hallazgos de todo tipo encontrados por la Contraloría Departamental de Casanare, durante la auditoría realizada a la contratación realizada durante 2015, 2016 y 2017 por parte de la Alcaldía de Orocué.
Se encontró, por ejemplo, que en diciembre de 2015 se suscribió un contrato por valor de $18.040.000,00 para organizar y decorar con luces navideñas la Estación de Policía del municipio con recursos del Fondo de Seguridad Municipal. De igual manera, en diciembre de 2016 suscribió un contrato por valor de $19.300.600 para realizar una cena de fin de año y suministrar anchetas a los miembros de la Fuerza Pública que prestan la seguridad al municipio, también con recursos del Fondo de Seguridad Municipal.
La Contraloría Departamental concluyó que la decoración navideña, anchetas y cenas para el personal de Policía y/o Ejército, planteados en los mencionados contratos, no satisfacen la naturaleza de atender las necesidades de seguridad como lo ordena la Ley. Asimismo, no se evidenció la aprobación de estas actividades en Comités de Orden Público. En consecuencia, se determinó un hallazgo con presunto alcance disciplinario y presunto alcance fiscal por $37.340.600, valor total de los dos contratos.
Fiestas sin estudio de mercado
Como si fuera poco, se encontró que en enero de 2016 se suscribió un convenio de cooperación con la Corporación “Ruta de la Libertad” para organizar las actividades artísticas, culturales, deportivas y autóctonas en el marco de las Fiestas del municipio, por valor de $342.318.700, encontrando que el municipio no elaboró un estudio de mercado responsable que le permitiera pagar los precios justos por las actividades a contratar, sino que “se copió del contrato de esta misma fiesta realizada en el 2014, sin analizar las condiciones del mercado y necesidad del 2016”.
No se encontró que a la Corporación “Ruta de la Libertad” se le hubiese exigido el pago de estampillas por ese convenio de cooperación. En consecuencia, se determinó un hallazgo de tipo administrativo con presunto alcance disciplinario por las irregularidades ya expuestas.
Contrato de Anchetas “a la medida”
También en el 2016, se suscribió un contrato de suministro por valor de $47.300.000, para comprar anchetas de navidad para mil (1.000) personas de la tercera edad del municipio, encontrando que en los pliegos se exigió puntualmente que el contratista presentara un contrato ejecutado cuyo valor fuese superior a cuatro veces el valor del presupuesto oficial, y que su objeto fuera la optimización de canchas y/o suministro o construcción de infraestructura educativa o de servicios públicos, y que además el contrato debía tener unos códigos UNSPSC especiales.
“Las anteriores condiciones se constituyeron en exigencias arbitrarias limitantes, y a la vez extremas, que cerró de tajo la oportunidad a otros oferentes que bien pudieron haber presentado ofertas más convenientes para los intereses económicos del Ente Territorial”, dice el informe de la Contraloría Departamental recientemente publicado.
Agrega el informe del ente de control, que aparte de que se excluyeron otros oferentes gracias a las exigencias arbitrarias, al examinar la relación de contratos ejecutados y registrados en Cámara de Comercio por parte del único oferente y posterior contratista, se evidenció experiencia solo en contratos relacionados con obras civiles. “Como soportes de ejecución, el proponente favorecido allegó actas de liquidación de los contratos No. 123-2016, 124 de 2015, y 129-2016, todos relacionados con suministro de partes para tractores, repuestos para carros y accesorios para maquinaria pesada”.
Ante todas estas situaciones encontradas en este contrato, la Contraloría Departamental determinó un hallazgo administrativo con presunto alcance disciplinario y penal.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal condenó a 45 años y ocho meses de prisión (550 meses) a Diego Andrés Suárez Daza, hallado culpable del feminicidio agravado de Sonia Rocío Díaz Barrera, de 30 años. Suárez Daza fue capturado en 2024 en Cajicá, a donde había huido e intentaba pasar desapercibido como mecánico.
El fallo, emitido en aplicación de la normativa colombiana sobre violencia de género, busca enviar un mensaje claro sobre la gravedad de estos delitos, como en este caso que causó conmoción en su momento en la capital casanareña.
El crimen ocurrió el 2 de septiembre de 2021 en la residencia de la víctima, ubicada en el barrio Bicentenario de Yopal. Suárez Daza, expareja sentimental de Sonia, ingresó al domicilio y la atacó con un arma blanca, causándole heridas mortales en el cuello. El cuerpo fue hallado por familiares que, alarmados por su ausencia en su local del Terminal de Transportes, acudieron a buscarla.
En el momento del ataque, Sonia se encontraba en casa con su hija de tres años, quien dormía en otra habitación. La violencia del hecho y la presencia de la menor en el lugar conmovieron profundamente a la comunidad yopaleña, que desde entonces ha exigido justicia por este brutal crimen, llegando incluso a realizar un plantón frente a la sede de la Fiscalía.
La investigación reveló que la víctima había denunciado amenazas previas y enfrentaba un conflicto por la fijación de la cuota alimentaria de la niña. Estos antecedentes fueron considerados por el juez como agravantes en el contexto de violencia intrafamiliar y de género.
Con esta condena, las autoridades reafirman su compromiso de sancionar con severidad los feminicidios y proteger los derechos de las mujeres, especialmente en contextos donde persiste la violencia ejercida por exparejas o personas cercanas.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Yopal condenó a 44 años de prisión (528 meses) a Kilver Alfonso Mariño Ávila por el feminicidio de su expareja, Mildre Carolina Rojas, ocurrido el 5 de noviembre de 2024 en el municipio de Maní.
La decisión judicial, que fue apelada por la defensa del condenado, se dio tras comprobar que el hombre atacó brutalmente a la mujer con un arma blanca en un establecimiento público, como fue de amplio conocimiento.
Según el relato de los hechos, la víctima, de 38 años, fue abordada por Mariño Ávila mientras trabajaba, y en medio de una discusión por el uso de una motocicleta, el agresor la persiguió y le causó una herida mortal en el abdomen. Aunque varios ciudadanos intentaron auxiliarla, la gravedad de la lesión le provocó la muerte minutos después.
Mariño Ávila huyó del lugar tras cometer el crimen, pero fue capturado esa misma noche gracias a la oportuna reacción de la Policía y la colaboración de la comunidad. La víctima había denunciado previamente amenazas por parte del agresor.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Tras analizar 17 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado, en los que se documentaron actos de violencia física y psicológica contra 26 víctimas antes de su asesinato, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó los delitos de tortura y de tratos inhumanos y degradantes a seis comparecientes, exintegrantes del Ejército Nacional, por hechos ocurridos en Casanare.
Las nuevas imputaciones fueron formuladas contra Wilson Salvador Burgos Jiménez, Marco Fabián García Céspedes, Jhon Alexander Suancha Florián, Wilfrido Domínguez Márquez y Miguel Andrés Sierra García, quienes ya habían sido determinados como máximos responsables, así como contra Zamir Humberto Casallas Valderrama, definido como partícipe no determinante y también llamado a reconocer responsabilidad. Todos pertenecieron a la XVI Brigada del Ejército Nacional.
La decisión se adoptó tras contrastar la información obtenida en las versiones voluntarias, las pruebas recolectadas en los procesos adelantados en la jurisdicción ordinaria y las observaciones presentadas por víctimas y el Ministerio Público, con el fin de dar respuesta a la solicitud de esclarecer el trato bridado a las víctimas antes de ser asesinadas. La magistratura concluyó que varios de estos actos constituyeron tortura contra persona protegida, una conducta tipificada tanto en el Código Penal colombiano como en el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional.
Hubo tortura antes de asesinarlos
En el análisis de estos 17 hechos, en los que fueron asesinadas 26 personas, la JEP evidenció que las víctimas fueron engañadas, sometidas o trasladadas en condiciones que incrementaron su vulnerabilidad. Estas prácticas tenían como propósito facilitar su posterior asesinato y presentación como bajas en combate.
Esta nueva calificación jurídica profundiza lo establecido por la sala en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas proferido en el Subcaso Casanare del Caso 03, en 2022, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado en ese departamento. En dicha decisión, la JEP determinó la existencia de un patrón criminal sistemático por parte de la XVI Brigada del Ejército Nacional, que habría involucrado a más de 296 víctimas directas entre 2005 y 2008 en Casanare.
Como parte del proceso ante la Justicia Transicional Restaurativa, la Sala de Reconocimiento de Verdad trasladó algunos de los hechos investigados a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, con el fin de que continúe la indagación sobre los pormenores del trato recibido por las víctimas antes de su muerte, en relación con comparecientes que participaron directamente en los hechos, pero cuya situación jurídica fue remitida a esa instancia de la JEP porque no fueron seleccionados como máximos responsables.
Asimismo, la Sala de Reconocimiento envió al Subcaso Costa Caribe II información sobre hechos cometidos por el compareciente Juan Pablo Gutiérrez Jaramillo cuando estuvo en la Brigada XVI en el departamento de Casanare, para que también sean tenidos en cuenta en dicha investigación, en la que fue imputado como máximo responsable, en calidad de coautor de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada.
Los seis comparecientes llamados a reconocer su responsabilidad por actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en Casanare tienen 15 días hábiles para informar a la Sala de Reconocimiento de Verdad si aceptan o no los nuevos cargos imputados por la JEP. En ese mismo término, podrán pronunciarse, aportar pruebas y referirse a los hechos, las conductas y su eventual participación individual en ellos.
Fuente: Comunicaciones JEP
