CASANARE
Contraloría Departamental detectó varios hallazgos en contratación de la Alcaldía de Orocué
Treinta y dos (32) fueron los hallazgos de todo tipo encontrados por la Contraloría Departamental de Casanare, durante la auditoría realizada a la contratación realizada durante 2015, 2016 y 2017 por parte de la Alcaldía de Orocué.
Se encontró, por ejemplo, que en diciembre de 2015 se suscribió un contrato por valor de $18.040.000,00 para organizar y decorar con luces navideñas la Estación de Policía del municipio con recursos del Fondo de Seguridad Municipal. De igual manera, en diciembre de 2016 suscribió un contrato por valor de $19.300.600 para realizar una cena de fin de año y suministrar anchetas a los miembros de la Fuerza Pública que prestan la seguridad al municipio, también con recursos del Fondo de Seguridad Municipal.
La Contraloría Departamental concluyó que la decoración navideña, anchetas y cenas para el personal de Policía y/o Ejército, planteados en los mencionados contratos, no satisfacen la naturaleza de atender las necesidades de seguridad como lo ordena la Ley. Asimismo, no se evidenció la aprobación de estas actividades en Comités de Orden Público. En consecuencia, se determinó un hallazgo con presunto alcance disciplinario y presunto alcance fiscal por $37.340.600, valor total de los dos contratos.
Fiestas sin estudio de mercado
Como si fuera poco, se encontró que en enero de 2016 se suscribió un convenio de cooperación con la Corporación “Ruta de la Libertad” para organizar las actividades artísticas, culturales, deportivas y autóctonas en el marco de las Fiestas del municipio, por valor de $342.318.700, encontrando que el municipio no elaboró un estudio de mercado responsable que le permitiera pagar los precios justos por las actividades a contratar, sino que “se copió del contrato de esta misma fiesta realizada en el 2014, sin analizar las condiciones del mercado y necesidad del 2016”.
No se encontró que a la Corporación “Ruta de la Libertad” se le hubiese exigido el pago de estampillas por ese convenio de cooperación. En consecuencia, se determinó un hallazgo de tipo administrativo con presunto alcance disciplinario por las irregularidades ya expuestas.
Contrato de Anchetas “a la medida”
También en el 2016, se suscribió un contrato de suministro por valor de $47.300.000, para comprar anchetas de navidad para mil (1.000) personas de la tercera edad del municipio, encontrando que en los pliegos se exigió puntualmente que el contratista presentara un contrato ejecutado cuyo valor fuese superior a cuatro veces el valor del presupuesto oficial, y que su objeto fuera la optimización de canchas y/o suministro o construcción de infraestructura educativa o de servicios públicos, y que además el contrato debía tener unos códigos UNSPSC especiales.
“Las anteriores condiciones se constituyeron en exigencias arbitrarias limitantes, y a la vez extremas, que cerró de tajo la oportunidad a otros oferentes que bien pudieron haber presentado ofertas más convenientes para los intereses económicos del Ente Territorial”, dice el informe de la Contraloría Departamental recientemente publicado.
Agrega el informe del ente de control, que aparte de que se excluyeron otros oferentes gracias a las exigencias arbitrarias, al examinar la relación de contratos ejecutados y registrados en Cámara de Comercio por parte del único oferente y posterior contratista, se evidenció experiencia solo en contratos relacionados con obras civiles. “Como soportes de ejecución, el proponente favorecido allegó actas de liquidación de los contratos No. 123-2016, 124 de 2015, y 129-2016, todos relacionados con suministro de partes para tractores, repuestos para carros y accesorios para maquinaria pesada”.
Ante todas estas situaciones encontradas en este contrato, la Contraloría Departamental determinó un hallazgo administrativo con presunto alcance disciplinario y penal.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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