CASANARE
Hacen falta cerca de 9 mil millones de pesos para financiar canasta educativa en Yopal
Una nueva reunión con los integrantes de la Mesa por la Defensa de la Educación del Municipio, integrada por rectores, estudiantes, padres de familia, Concejales y Sindicato de Maestros de Casanare, cumplieron integrantes de la Alcaldía de Yopal, para tratar el tema financiero del sector educativo.
Durante la reunión se conoció que la Administración Municipal se ha comprometido en asignar los recursos para el estudio de la planta de personal para el próximo año, y se pedirá ayuda a la Federación Colombiana de Municipios. Igualmente, se hará un estudio aterrizado a las necesidades de educación especial y subsidio del transporte público urbano para estudiantes.
La Alcaldesa (e) Luz Marina Cardozo, dijo que será presentado un proyecto al OCAD Departamental para lograr recursos para financiar la canasta educativa, y se invitará a una reunión al gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera y Diputados, para buscarle alternativas de solución a la problemática de la educación de la ciudad.
Juan José Sarmiento, presidente de Asorectores, dijo que se ha podido evidenciar el déficit que tiene la educación en Yopal especialmente para financiar la canasta educativa por cerca de 9.000 millones de pesos y que se ha pedido una entrevista de los rectores con la Ministra de Educación Nacional para exponer dicha situación.
El secretario de Educación de Yopal, Fredy Montoya Estepa, dijo que las conclusiones de la reunión serán presentadas por la Alcaldesa el jueves a la Ministra de Educación Nacional. Añadió que el problema es financiero toda vez que el municipio no tiene recursos propios, aunque este año se han destinado más de 3.000 millones de pesos para la educación.
Montoya Estepa manifestó que se analizan otras alternativas que ayuden a financiar el sector, como la presentación de un proyecto al OCAD Municipal, el desahorro de recursos que están en el Fondo de Entidades Territoriales FONPET y la financiación de proyectos para infraestructura que fueron presentados al Departamento para la Prosperidad Social DPS.
El titular de la cartera educativa dijo que el déficit para financiar la canasta educativa es de 8.000 millones de pesos, sin incluir dotación e infraestructura.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
