CASANARE
A la cárcel presunta integrante de redes de apoyo del ELN en Casanare
Mediante un trabajo conjunto y coordinado entre el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, se logró la captura en flagrancia de una mujer, por los delitos de rebelión y concierto para delinquir con fines extorsivos, en zona rural del municipio de Támara.
La operación se llevó a cabo en la vereda Campo Hermoso de la mencionada localidad, por tropas del Gaula Militar Casanare y personal de la Fiscalía EDA No. 135, con apoyo del Gaula Policía, quienes hicieron efectiva una orden de allanamiento a un inmueble denominado finca La Mesa, logrando además la captura en flagrancia de alias ‘Luz’, presunta integrante de las redes de apoyo al terrorismo del frente Adonay Ardila Pinilla del Eln.
En el registro al inmueble fueron halladas dos armas de corto alcance: un revólver calibre 22 milímetros, una pistola calibre 9 milímetros, 27 cartuchos y dos proveedores para la misma, dos teléfonos celulares, prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, cartillas y panfletos alusivos al Eln. La capturada y el material incautado fueron puestos a disposición de la autoridad competente.
Prontuario
Según labores de inteligencia, alias ‘Luz’, es oriunda del municipio de Támara, tiene 22 años de edad y llevaría alrededor de siete años al servicio de esta organización ilegal, estuvo encuadrillada como guerrilleara raso, donde además se desempeñó como radista; actualmente pertenecería a las redes de apoyo, donde se encargaba de funciones logísticas, como la elaboración y distribución de panfletos con fines extorsivos a los diferentes gremios del departamento, principalmente en los municipios de Támara, Sácama, La Salina, Hato Corozal y Paz de Ariporo.
Según las autoridades, esta mujer también haría parte de la comisión de finanzas de mencionado frente, con una estrecha confianza con el cabecilla principal de ese grupo armado organizado; era la compañera sentimental de alias “Bomba loca”, sujeto que fue capturado por el Gaula Militar y la Fiscalía, en diciembre de 2017 en área rural del municipio de Hato Corozal, Casanare, también por extorsión y concierto para delinquir.
Durante las audiencias concentradas un Juez de Control de Garantías legalizó la captura de la presunta subversiva y le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva intramural, es decir, en centro carcelario.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
