ARAUCA
Grupo especial de Fiscalía investiga 27 homicidios en Arauca
Una comisión especializada, destacada desde el despacho del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, realizó una primera exploración investigativa para obtener elementos de prueba y avanzar en el esclarecimiento de los homicidios ocurridos durante los primeros días de 2022, en Arauca y zona de frontera con Venezuela.
Entre la madrugada del 2 de enero y el día de hoy, han sido encontrados 27 cuerpos en puntos rurales de Fortul, Saravena y Arauquita (Arauca); y Cubará (Boyacá).
Los reportes dan cuenta de que las víctimas fueron obligadas a salir de sus viviendas por hombres armados. Algunas habrían sido llevadas a Venezuela, asesinadas y posteriormente trasladas territorio colombiano. Otras murieron en Colombia, pero los cuerpos los abandonaron en lugares lejanos a sus residencias.
Los 27 cuerpos se encuentran en la sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En este momento, se realizan las necrópsicas con la mayor celeridad. Hasta el momento han sido identificadas 20 personas. Dos son mujeres, otras dos menores de edad y cuatro ciudadanos venezolanos.
Preliminarmente, las inspecciones han establecido que todas las víctimas recibieron disparos a corta distancia, en la modalidad de sicariato. Esto indica que no hubo combates.
La Fiscalía constató que cuatro de los identificados están vinculados a investigaciones como presuntos integrantes de las disidencias del frente décimo de las FARC. Otros cuatro figuran como indiciados en las bases de datos institucionales.
El análisis de contexto realizado en la región y el material de prueba obtenido evidencian que los responsables de estos homicidios son las estructuras armadas del Frente de Guerra Oriental del ELN, que delinquen en Arauca, Boyacá y Casanare. Por línea jerárquica y organizativa, esta acción tuvo que ser autorizada y dirigida por el Comando Central (COCE).
Ante esta situación se dispuso la conformación de un grupo de tareas especiales que contará con fiscales especializados de la Delegada para la Seguridad Ciudadana, la Delegada contra la Criminalidad Organizada y la Unidad Especial de Investigación, y tendrá el apoyo técnico e investigativo del CTI y la Policía Nacional.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.
Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.
De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.
Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.
Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.
A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
La seguridad de nuestras comunidades se refuerza con la llegada de 180 nuevos patrulleros de la Policía Nacional, quienes se integran de inmediato a las labores de vigilancia y convivencia ciudadana en los siete municipios del departamento.
Este refuerzo es resultado de las gestiones adelantadas por la Gobernación de Arauca ante el Gobierno Nacional y permitirá una presencia policial más cercana, oportuna y efectiva, tanto en zonas urbanas como rurales, protegiendo a las familias, el comercio y la tranquilidad del territorio.
