REGIÓN
Gobierno Petro: van dos millones de hectáreas reclamadas en Meta y Guaviare
Al cumplirse 13 años de la Ley 1448 de 2011 o de víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) -entidad adscrita al Ministerio de Agricultura- destaca que, en los departamentos de Meta y Guaviare, donde se reportan 11.800 solicitudes, actualmente son reclamadas seis millones de hectáreas, de las que aproximadamente dos millones (el 30%) corresponden a la labor hecha durante lo que va del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Durante la vigencia de esta ley, en ambos departamentos, 1.500 personas han sido beneficiadas con 305 sentencias que ordenan la devolución de más de 72.000 hectáreas a campesinos e indígenas. De estas, más de 20.000 se han devuelto en la actual administración, resaltando la reciente entrega de 16.000 hectáreas al Resguardo Indígena Florida Kawinanae, ubicado en Puerto Gaitán.
Además, tras su retorno al campo, 120 familias restituidas han puesto en marcha proyectos productivos agropecuarios que les garantizan su seguridad alimentaria y sostenibilidad, con una inversión superior a los $3.200 millones, en líneas como ganadería, porcicultura, apicultura y cultivos de cacao, aguacate, cítricos, entre otros.
En la etapa judicial, la URT ejerce la representación del solicitante de manera gratuita. Es por eso que, en Meta y Guaviare, 1.400 casos se han llevado ante la justicia. Respecto a la ruta étnica, 2.500.000 hectáreas son reclamadas y se subraya que, durante el Gobierno del Cambio, se radicó la demanda de mayor extensión en la historia de la entidad, a favor del pueblo Nukak en Guaviare por 954.000 hectáreas.
13 años con la esperanza viva a nivel nacional
Tal como lo ha reiterado el mayor Giovani Yule, director general de la Unidad de Restitución de Tierras, la entidad busca -en su recorrido de armonizar tierras y territorios- que el reconocimiento de los derechos territoriales sea integral, con enfoque de seguridad alimentaria y el desarrollo de proyectos productivos que garanticen la calidad de vida para los beneficiarios.
Uno de los puntos en los que centró sus esfuerzos la Unidad, una vez inició el Gobierno del Cambio, fue revisar las decisiones en las que se les negó el derecho a las víctimas de regresar a sus tierras. En ese esfuerzo se revocaron 1.974 resoluciones de no inscripción y, hoy, los reclamantes de estas tierras recuperaron la esperanza de volver. “Revisamos los registros de solicitudes negadas, corregimos y ahora 166.937 hectáreas serán devueltas a sus legítimos propietarios. Se pasó de negar, en anteriores gobiernos, el 65% de solicitudes, a aprobar, en el actual Gobierno, el 72%”, señaló Yule.
Igualmente, durante el Gobierno del Cambio se eliminó el Equipo de Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y de Infraestructura, AMEI, con el cual se priorizaban los intereses de las empresas y no el restablecimiento de los derechos de las víctimas. Una situación que se repitió a lo largo de la vigencia de la Ley 1448 de 2011, pero que se corrigió en la actual administración. “Hoy centramos nuestros esfuerzos en los derechos de las víctimas”, enfatizó.
Entre los hitos alcanzados, la URT logró, a través del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, avanzar en una reforma de esta ley, tal como reconocer a las víctimas que se encuentran en reservas forestales o parques naturales, para compensarlas y reubicarlas.
El camino administrativo
· El 50% de las tierras inscritas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF) se hizo en el Gobierno del Cambio. En cifras, esto representa que 5.711.903 hectáreas son reclamadas a jueces y magistrados. De ellas, 96.944 corresponden a ruta individual y 5.614.959 a ruta colectiva o étnica.
· Se creó la Dirección Territorial de Chocó y la Oficina de Tumaco. Con esta decisión la Unidad llegó a los territorios más apartados y olvidados del país y fortaleció los procesos ubicados en la región del Pacífico.
Etapa judicial
· En el actual Gobierno se presentaron ante los jueces 5.224 solicitudes de restitución, labor que dejó en manos de la justicia la deliberación en torno a 5.093.704 hectáreas, las cuales favorecen a 58.409 familias.
· La Unidad acompañó al Consejo Superior de la Judicatura en la creación de ocho juzgados especializados en restitución de tierras. Por primera vez, se cuenta con cinco juzgados dedicados a resolver la restitución de derechos étnico-territoriales en Apartadó (1), Mocoa (1), Popayán (2) y Quibdó (1).
Etapa posfallo
· A partir de la labor hecha durante el Gobierno del Cambio, los jueces y magistrados de restitución de tierras han proferido 1.625 sentencias, de las cuales siete son étnicas. En la vigencia de la Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras se han proferido 9.131 sentencias en ruta individual y 31 en ruta colectiva.
· Se logró la entrega material y por compensaciones de 24.914 hectáreas a 639 personas reconocidas en fallos de restitución, y a 394 familias compensadas en ruta individual. Para el caso de pueblos étnicos, la Unidad entregó 16.303 hectáreas a 1.077 personas que pertenecen a tres comunidades ancestrales.
· En este Gobierno, y por primera vez en la historia de la restitución de tierras, se implementó el componente de seguridad alimentaria, que atendió a 13 comunidades étnicas y favoreció a 11.754 familias. Esto significó una inversión de $33.961 millones de pesos en Cauca, Valle del Cauca, Cesar, Chocó y Magdalena.
· Se implementaron 1.165 proyectos productivos con una inversión de $50.300 millones de pesos en 25 departamentos. El 66% de los proyectos se desarrolló en la línea pecuaria y el 34% en la línea agrícola.
El director Yule señaló: “esperamos entregar 2.726 predios en restitución y vía compensación. Hoy tenemos un avance del 43%, que corresponde a 1.177 predios entregados a víctimas que fueron desplazadas y/o despojadas o para segundos ocupantes reconocidos en fallos”.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras (URT)
El Hospital Universitario San Rafael de Tunja informó que, alrededor de las 11:30 a.m. del miércoles 02 de octubre de 2024, ingresaron a la institución seis internos masculinos provenientes del Centro Penitenciario y Carcelario de EI Barne, tras una riña ocurrida en dicho centro.
Información extraoficial da cuenta que la violenta riña entre integrantes de bandas criminales que ingresaron al penal en el transcurso del presente año, inició en el patio 14, al parecer por diferencias por quién debe liderar el patio.
Los pacientes fueron evaluados inicialmente por el equipo de especialistas en medicina de urgencias. continuación, se detalla la condición de ingreso y el estado actual de cada uno de los pacientes atendidos:
1. Paciente de 25 años: Al ingreso, sin signos vitales. Presentó heridas en el tórax por arma cortopunzante y fue declarado fallecido a causa de las lesiones mencionadas.
2. Paciente de 30 años: Presenta múltiples heridas en cabeza, tórax, abdomen y extremidades inferiores. Actualmente se encuentra en observación clínica bajo el cuidado del equipo de especialistas.
3. Paciente de 30 años: Presenta heridas en la región occipital toracoabdominal izquierda, requiriendo intervención por cirugía general. Actualmente se encuentra en salas de cirugía.
4. Paciente de 30 años: Presenta heridas en la región parietal, occipital y tórax, y se encuentra en observación clínica por el equipo de especialistas.
5. Paciente de 32 años: Presenta una herida en el hemitorax posterior izquierdo y actualmente se encuentra en observación clínica.
6. Paciente de 36 años: Presenta una herida en la región anterior del tórax, sin compromiso vital, después de un resultado clínico satisfactorio al manejo médico se indicó su egreso a las 13:31 p.m.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó ante un juez de control de garantías a Sandro Albertino Torres Cabrera, Fredy Antonio Marulanda León, Ernesto Castellanos Garavito, Álvaro Orduña Guerrero y José Arbey Aragón Espinosa, presuntos integrantes de una red de tráfico de armas al servicio de la ‘Segunda Marquetalia’ de las disidencias de las Farc.
Estas personas fueron imputadas por los delitos de concierto para delinquir; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas y explosivos. Los cargos no fueron aceptados.
Los elementos de prueba indican que serían las encargadas de mantener contactos en Indumil y batallones ubicados en Bogotá, y en municipios de Cundinamarca y Boyacá, que se encargaban de extraer piezas de armas de fuego y explosivos. Por esta actividad presuntamente pagaban diversas sumas de dinero, a través de trasferencias a billeteras virtuales.
Al parecer, cuando obtenían el material lo trasladaban a un inmueble del sur de Bogotá, donde lo ensamblaban. Con los fusiles, revólveres, pistolas y otros elementos terminados, los ponían a disposición de enviados de la ‘Segunda Marquetalia’.
Los cinco presuntos integrantes de la estructura ilegal fueron capturados en diligencias realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional, en La Plata (Huila), Bogotá, Tunja y Coper (Boyacá). En los procedimientos les fueron incautados tres revólveres calibre 38mm, tres pistolas calibre 9mm, cartuchos de diferentes calibres, ocho cargadores para armas y ocho celulares.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
La Fiscalía judicializó a ocho hombres, varios de ellos de una misma familia, presuntamente integrantes del grupo delincuencial ‘Los del Puerto’, dedicado al tráfico local de estupefacientes en Puerto Carreño (Vichada).
La investigación evidenció que Ómar de Jesús Soto García sería el cabecilla de la referida organización ilegal, responsable de dinamizar el narcomenudeo en esta parte del país. Para esto se habría concertado con otras personas para distribuir los estupefacientes. Por estos hechos, la Fiscalía imputó al investigado el delito de concierto para delinquir y tráfico fabricación o porte de estupefacientes.
Entre los procesados están: José Jeremías Soto García, Samuel De Jesús Soto García, Cristian Armando Rodríguez, Cristian Arley Cifuentes Chávez, Armado José Rivas Querales y Alberto Rafael Díaz imputados con delitos similares, según sus posibles responsabilidades individuales. A Jaime Obando Rodríguez se le endilgó adicionalmente el delito de tráfico o porte de armas de fuego y municiones.
Durante estas acciones y en desarrollo de tres diligencias de registro y allanamientofueron incautados estupefacientes, dinero en efectivo, un arma de fuego, munición y una motocicleta.
Por solicitud de la fiscalía los hermanos Soto García, al igual que Rodríguez, Rivas Querales y Díaz fueron enviados a la cárcel. Ninguna de estas personas reconoció su responsabilidad en cuanto a los cargos en su contra. Cifuentes Chávez y Obando Rodríguez aceptaron los cargos en su contra. A ellos el juez les impuso detención domiciliaria.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
