REGIÓN
Gobierno Petro: van dos millones de hectáreas reclamadas en Meta y Guaviare
Al cumplirse 13 años de la Ley 1448 de 2011 o de víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) -entidad adscrita al Ministerio de Agricultura- destaca que, en los departamentos de Meta y Guaviare, donde se reportan 11.800 solicitudes, actualmente son reclamadas seis millones de hectáreas, de las que aproximadamente dos millones (el 30%) corresponden a la labor hecha durante lo que va del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Durante la vigencia de esta ley, en ambos departamentos, 1.500 personas han sido beneficiadas con 305 sentencias que ordenan la devolución de más de 72.000 hectáreas a campesinos e indígenas. De estas, más de 20.000 se han devuelto en la actual administración, resaltando la reciente entrega de 16.000 hectáreas al Resguardo Indígena Florida Kawinanae, ubicado en Puerto Gaitán.
Además, tras su retorno al campo, 120 familias restituidas han puesto en marcha proyectos productivos agropecuarios que les garantizan su seguridad alimentaria y sostenibilidad, con una inversión superior a los $3.200 millones, en líneas como ganadería, porcicultura, apicultura y cultivos de cacao, aguacate, cítricos, entre otros.
En la etapa judicial, la URT ejerce la representación del solicitante de manera gratuita. Es por eso que, en Meta y Guaviare, 1.400 casos se han llevado ante la justicia. Respecto a la ruta étnica, 2.500.000 hectáreas son reclamadas y se subraya que, durante el Gobierno del Cambio, se radicó la demanda de mayor extensión en la historia de la entidad, a favor del pueblo Nukak en Guaviare por 954.000 hectáreas.
13 años con la esperanza viva a nivel nacional
Tal como lo ha reiterado el mayor Giovani Yule, director general de la Unidad de Restitución de Tierras, la entidad busca -en su recorrido de armonizar tierras y territorios- que el reconocimiento de los derechos territoriales sea integral, con enfoque de seguridad alimentaria y el desarrollo de proyectos productivos que garanticen la calidad de vida para los beneficiarios.
Uno de los puntos en los que centró sus esfuerzos la Unidad, una vez inició el Gobierno del Cambio, fue revisar las decisiones en las que se les negó el derecho a las víctimas de regresar a sus tierras. En ese esfuerzo se revocaron 1.974 resoluciones de no inscripción y, hoy, los reclamantes de estas tierras recuperaron la esperanza de volver. “Revisamos los registros de solicitudes negadas, corregimos y ahora 166.937 hectáreas serán devueltas a sus legítimos propietarios. Se pasó de negar, en anteriores gobiernos, el 65% de solicitudes, a aprobar, en el actual Gobierno, el 72%”, señaló Yule.
Igualmente, durante el Gobierno del Cambio se eliminó el Equipo de Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y de Infraestructura, AMEI, con el cual se priorizaban los intereses de las empresas y no el restablecimiento de los derechos de las víctimas. Una situación que se repitió a lo largo de la vigencia de la Ley 1448 de 2011, pero que se corrigió en la actual administración. “Hoy centramos nuestros esfuerzos en los derechos de las víctimas”, enfatizó.
Entre los hitos alcanzados, la URT logró, a través del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, avanzar en una reforma de esta ley, tal como reconocer a las víctimas que se encuentran en reservas forestales o parques naturales, para compensarlas y reubicarlas.
El camino administrativo
· El 50% de las tierras inscritas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF) se hizo en el Gobierno del Cambio. En cifras, esto representa que 5.711.903 hectáreas son reclamadas a jueces y magistrados. De ellas, 96.944 corresponden a ruta individual y 5.614.959 a ruta colectiva o étnica.
· Se creó la Dirección Territorial de Chocó y la Oficina de Tumaco. Con esta decisión la Unidad llegó a los territorios más apartados y olvidados del país y fortaleció los procesos ubicados en la región del Pacífico.
Etapa judicial
· En el actual Gobierno se presentaron ante los jueces 5.224 solicitudes de restitución, labor que dejó en manos de la justicia la deliberación en torno a 5.093.704 hectáreas, las cuales favorecen a 58.409 familias.
· La Unidad acompañó al Consejo Superior de la Judicatura en la creación de ocho juzgados especializados en restitución de tierras. Por primera vez, se cuenta con cinco juzgados dedicados a resolver la restitución de derechos étnico-territoriales en Apartadó (1), Mocoa (1), Popayán (2) y Quibdó (1).
Etapa posfallo
· A partir de la labor hecha durante el Gobierno del Cambio, los jueces y magistrados de restitución de tierras han proferido 1.625 sentencias, de las cuales siete son étnicas. En la vigencia de la Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras se han proferido 9.131 sentencias en ruta individual y 31 en ruta colectiva.
· Se logró la entrega material y por compensaciones de 24.914 hectáreas a 639 personas reconocidas en fallos de restitución, y a 394 familias compensadas en ruta individual. Para el caso de pueblos étnicos, la Unidad entregó 16.303 hectáreas a 1.077 personas que pertenecen a tres comunidades ancestrales.
· En este Gobierno, y por primera vez en la historia de la restitución de tierras, se implementó el componente de seguridad alimentaria, que atendió a 13 comunidades étnicas y favoreció a 11.754 familias. Esto significó una inversión de $33.961 millones de pesos en Cauca, Valle del Cauca, Cesar, Chocó y Magdalena.
· Se implementaron 1.165 proyectos productivos con una inversión de $50.300 millones de pesos en 25 departamentos. El 66% de los proyectos se desarrolló en la línea pecuaria y el 34% en la línea agrícola.
El director Yule señaló: “esperamos entregar 2.726 predios en restitución y vía compensación. Hoy tenemos un avance del 43%, que corresponde a 1.177 predios entregados a víctimas que fueron desplazadas y/o despojadas o para segundos ocupantes reconocidos en fallos”.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras (URT)
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
El Ministerio de Transporte anunció la suspensión temporal del cobro de tarifas en la estación de peaje de San Luis de Gaceno, ubicada en la Transversal del Sisga, entre los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Casanare. La medida regirá desde el 10 de noviembre de 2025 hasta el 15 de enero de 2026, y aplicará para todas las categorías vehiculares del proyecto vial.
Según la Resolución emitida el 14 de octubre, la decisión responde a las reiteradas inconformidades de la comunidad frente a las tarifas vigentes y a las afectaciones causadas por la ola invernal, que han deteriorado la infraestructura vial y disminuido el flujo turístico hacia la región. El Ministerio explicó que la medida busca facilitar la movilidad y apoyar la economía local, en especial a los sectores productivos y turísticos que dependen del tránsito por este corredor.
La cartera de Transporte indicó que, además de las afectaciones por la temporada de lluvias, se identificó el incumplimiento de los estándares de nivel de servicio, debido a cierres prolongados como el registrado en el sector de Piedra Campana. Por esta razón, se determinó que la suspensión del cobro constituye una acción necesaria para restablecer el equilibrio entre el desarrollo del proyecto y el bienestar de las comunidades.
Con esta decisión, el Gobierno Nacional busca garantizar la movilidad segura y accesible de los usuarios, mientras se adelantan las acciones necesarias para recuperar la infraestructura afectada y restablecer las condiciones óptimas de operación en la Transversal del Sisga.
