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Gobierno nacional viabiliza el proyecto malla vial del Meta
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Concesión Vial de los Llanos S.A.S., lograron viabilizar el proyecto de iniciativa privada Malla Vial del Meta, luego de la suscripción del Otrosí No. 10 al Contrato de Concesión 004 de 2015.
A través de estos acuerdos, producto de las arduas y constantes mesas de trabajo y el acompañamiento de la estrategia de control fiscal participativo “Compromiso Colombia” de la Contraloría General de la República, se definieron las condiciones para lograr la ejecución de este importante proyecto, fundamental para la economía y el desarrollo de los Llanos Orientales.
“Con este otrosí logramos la reactivación de este proyecto de vital importancia para el bienestar de todos los habitantes de la Orinoquía colombiana, porque sabemos que los dueños de los proyectos son los ciudadanos y las regiones; y lograr que el país se mueva más y mejor es nuestro principal objetivo”, afirmó la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.
El proyecto de cuarta generación para la Malla Vial del Meta, incluye los corredores Granada –Villavicencio y Villavicencio – Puerto López – Puerto Gaitán. Con relación al anillo vial de Villavicencio se mejorará la intersección de Fundadores, y se dará continuidad al mismo con la construcción de una nueva vía que lo conectará con el corredor de 4G Villavicencio-Yopal.
En total, estos tramos contemplan 267,5 kilómetros de vía que actualmente se encuentran en fase de operación y mantenimiento, de los cuales 7,5km de construcción de vía nueva entre la Intersección Catama y Puente Amarillo; 257km de rehabilitación; 3km de mejoramiento y 26km de segunda calzada (10,6km entre Acacias y la Cuncia, 9km entre la Cuncia y Ciudad Porfia y 6,2km entre río Ocoa y acceso a Base Militar de Apiay).
Las obras que comprometen recursos por $1.5 billones de pesos, beneficiarán a los habitantes de los municipios de Villavicencio, Acacías, Guamal, San Martín, Granada, Puerto López y Puerto Gaitán, entre otros.
El proyecto reducirá en más de 25 minutos el tiempo de viaje de los tracto-camiones que atraviesan la ciudad de Villavicencio, de los costos de operación vehicular y los tiempos de viaje al incrementar la velocidad de circulación y en total generará 1.800 empleos.
Tramos priorizados
Dentro de los tramos priorizados para iniciar actividades se encuentra el ubicado en cercanías del río Guayuriba en el corredor que comunica a Villavicencio con Acacías, y que se ha visto afectado por crecientes e inundaciones.
La intervención de un par vial de 2.75 km entre La Cuncia y el río Guayuriba, hace parte de la Unidad Funcional 2 y dará una solución definitiva al sector en términos de deslizamientos. La inversión será de 35.000 millones aproximadamente, incluye los temas predial, ambiental, social y la obra civil. Generará cerca de 100 empleos directos y su tiempo de ejecución será de 18 meses.
Sobre el proyecto
La iniciativa privada Malla Vial del Meta es uno de los 29 proyectos que componen la cuarta generación de concesiones viales (4G). El Contrato de Concesión No. 004 de 2015 fue suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura y la Concesión Vial de los Llanos S.A.S. el 5 de mayo de 2015.
Este proyecto se encontraba en fase de pre-construcción desde 2016 mientras se resolvía en un tribunal de arbitramiento que determinará la viabilidad del proyecto por los efectos del cambio en las variables macroeconómicas, en especial por la caída del precio del petróleo y sus consecuencias en el trafico del proyecto.
Así las cosas, el 28 de febrero de 2019, el Tribunal Arbitral emitió un laudo en el cual ordenó a las partes renegociar las bases del contrato y buscar formulas de arreglo que permitan el cumplimiento de su objeto. Luego, desde esa fecha el Gobierno Nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura inició las mesas de negociación con el concesionario para la reactivación del proyecto que culminan hoy con la suscripción del otrosí número 10 al Contrato de Concesión.
Fuente: Concesión Vial de los Llanos
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que ordena devolver 34.534 hectáreas a las comunidades indígenas Awalibá y La Campana, ubicadas en la inspección de Planas, en Puerto Gaitán (Meta).
La entrega fue liderada por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Barreto, y la líder del equipo étnico, Gina Villalobos, quienes en representación del director general, el mayor Giovani Yule, reiteraron el compromiso con la reparación de las comunidades ancestrales víctimas del conflicto.
La decisión judicial reconoce que estas comunidades del pueblo Sikuani han sido objeto de una victimización sistemática y prolongada, relacionada con el despojo, la violencia, la ocupación indebida de sus tierras y la falta de garantías estatales.
Los gobernadores de Awalibá, Ricardo Moreno, y de La Campana, Jonathan León, agradecieron al Gobierno de Gustavo Petro por hacer realidad su retorno al territorio. “Ahora nos sentimos libres. Podemos continuar con nuestras prácticas ancestrales, gobierno propio y cosmovisión. Muchas gracias a Restitución de Tierras y a los magistrados por hacer justicia para nuestro pueblo”, agregaron.
Por su parte, el director territorial recalcó: “con este fallo, el Estado colombiano da un paso decisivo hacia la reparación de comunidades indígenas afectadas por el conflicto armado, reafirmando que la restitución de tierras no solo implica devolver el territorio, sino dignificar a los pueblos y garantizar su permanencia en el tiempo. De esta manera, el Gobierno Petro cumple con dignidad a las víctimas”.
El Tribunal evidenció que estas comunidades han enfrentado violaciones a los derechos humanos, como desplazamientos forzados, confinamientos, persecución, homicidios y afectaciones a su cultura y espiritualidad. Asimismo, determinó que existió una relación directa entre la explotación de recursos y el despojo, sumado a la ausencia de consulta previa en proyectos desarrollados en su territorio.
Por ello, el Tribunal ordena no solo la restitución jurídica del territorio, sino avanzar en la formalización del resguardo indígena de La Campana, anulación de adjudicaciones irregulares, protección de sitios sagrados y medidas de reparación con enfoque intercultural.
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Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
