CASANARE
Gobernador de Casanare solicita duplicar consumo subsidiado de energía para estratos 1, 2 y 3
El gobernador de Casanare, Salomón Sanabria Chacón, solicitó a la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, el incremento básico del consumo de subsistencia de energía eléctrica ante la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, para beneficiar a los estratos 1, 2 y 3.
En la comunicación enviada a la titular de esta cartera del Gobierno Nacional, el mandatario pide modificar transitoriamente la Resolución UPME 0355 de 2004, con el propósito de aumentar el consumo básico de subsistencia a 346 KWh/mes, para alturas inferiores a 1.000 msnm (metros sobre el nivel del mar) y 260 KWh/mes para alturas iguales o superiores a los 1.000 msnm; hoy establecido en 173 KWh/mes y 130 KWh/mes, respectivamente.
Lo anterior, en razón a que debido a la cuarentena obligatoria, el consumo de energía en los hogares colombianos se ha incrementado por la implementación del teletrabajo, la asistencia a clases virtuales de los estudiantes, el aumento en el uso de aires acondicionados y televisores, entre otros electrodomésticos necesarias para mantener la comodidad de la población, en este difícil momento.
Sobre el consumo de subsistencia, se aplican los subsidios que entrega el Gobierno Nacional para los servicios públicos, que en el caso del estrato 1 puede ser hasta del 60%, en el estrato 2 hasta del 50%, y en el estrato 3 hasta del 15%, sobre ese valor.
Agrega el mandatario que muchas familias de estratos 1, 2 y 3 no cuentan con trabajos que garanticen un sueldo estable, con el que puedan cubrir obligaciones mensuales, situación que pone en riesgo el cubrimiento de obligaciones que tienen las empresas de energía eléctrica con el mercado de energía eléctrica mayorista; tema que tiene mayor relevancia para las pequeñas empresas prestadoras de este servicio en Colombia.
Propone Sanabria Chacón que, si el Gobierno Nacional no cuenta con la capacidad total para apalancar el gasto de esta modificación, se autorice a los Departamentos, para que se hagan responsables del pago de los subsidios del esquema transitorio sugerido, hasta el momento en que se decrete la finalización de la emergencia sanitaria.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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