CASANARE
Gobernación de Casanare terminó 3 obras que estaban inconclusas en Hato Corozal
Ratificando su compromiso con la educación del departamento y con la terminación de obras inconclusas, el gobernador de Casanare Josué Alirio Barrera Rodríguez continúa entregando a lo largo y ancho del departamento, obras de infraestructura que durante mucho tiempo permanecieron abandonadas, generando con ello un enorme perjuicio para las comunidades educativas, que las requerían pero no las podían utilizar.
En esta ocasión, los beneficiados con la terminación de estas obras inconclusas serán los estudiantes de las Instituciones Educativas Carlos Lleras Restrepo sede José María Córdoba en la vereda Santa Bárbara, Institución Indígena Lisa Maneni en la comunidad de Getsemaní, y la Institución Indígena Alegaxu en el Resguardo de Caño Mochuelo, todas en el municipio de Hato Corozal.
Sandra Patricia Rincón Serrano, secretaria de Educación Departamental, indicó que en la sede José María Córdoba de la vereda Santa Bárbara se entregarán las obras realizadas para la terminación de un internado mixto y dos aulas, donde se realizó una inversión de $859.369.856,48, para beneficiar a 53 estudiantes.
De igual manera, en la institución Indígena Lisa Maneni de la comunidad de Getsemaní, se terminaron las obras del restaurante escolar con una inversión de $405.336.531,96, beneficiando a 130 estudiantes que no tenían dónde recibir sus alimentos de forma digna, y que ahora gozarán de un espacio construido especialmente para tal fin, con comodidad.
Como si fuera poco, en la institución Educativa Alegaxu del Resguardo Indígena de Caño Mochuelo, se entregarán las obras realizadas para la terminación de un bloque de ocho aulas, el restaurante escolar y un alojamiento de internos, con una inversión de $782.546.332,78, llegando con ello a beneficiar 139 estudiantes.
El acto de entrega de estas importantísimas obras a las comunidades educativas se realizará este miércoles 27 de febrero de 2019 a partir de las 9:00 am en las instalaciones de la IE José María Córdoba sede Carlos Lleras Restrepo en la vereda Santa Bárbara, cumpliendo así una vez más con la comunidad casanareña el propósito del gobernador Josué Alirio Barrera, de invertir eficientemente los recursos del departamento.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
