CASANARE
Gobernación de Casanare confirma que no debe recursos para terminar la PTAP de Yopal
El secretario de Infraestructura de Casanare, Óscar García, desglosó de manera detallada todo el proceso de inversiones que ha hecho la Gobernación, en el proceso de coadyuvar en la solución del suministro de agua potable para Yopal.
El funcionario desvirtuó la información entregada en el boletín de prensa del Fondo de Adaptación, donde se aseveró que en el proyecto del acueducto definitivo para la capital del departamento, la Gobernación de Casanare, la Alcaldía y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY), no han cumplido con los aportes económicos pactados.
García indicó que todo el proceso tiene dos etapas. La primera, corresponde a las medidas cautelares que tenían como objetivo hacerle frente a la crisis suscitada por el colapso de la planta de tratamiento y garantizar transitoriamente el suministro de agua a la ciudad.
La segunda fase está relacionada con la construcción de la planta definitiva de Yopal. En los dos casos se fijaron unos porcentajes de aportes, que debían hacer cada una de las entidades accionadas; es decir el Fondo de Adaptación, Gobernación de Casanare, Alcaldía Municipal y la EAAAY.
Las medidas cautelares previas a la solución definitiva, demandaron una inversión por 84 mil 500 millones de pesos, donde están incluidos el suministro de agua con carrotanques y la perforación de los cuatro pozos profundos que se habilitaron para hacerle frente a la emergencia.
De esa suma el Departamento giró 33 mil 793 millones de pesos, de los cuales 22 mil millones de pesos se destinaron a la construcción de cuatro pozos profundos, antes mencionados. El restante fue para atender la emergencia con la distribución de agua en los referidos carrotanques, que se hizo entre los años 2015 y 2016.
En cuanto a la PTAP definitiva que tiene una proyección entre 25 a 30 años, el funcionario manifestó que se dio inicio a un contrato por 68 mil 165 millones de pesos; de ese rubro 34 mil 201 millones de pesos los aportó la Gobernación de Casanare.
Precisó también que de esos 34 mil millones de pesos, 3 mil millones de pesos se destinaron para los estudios y diseños de la planta; partida que se asignó mediante un convenio interadministrativo entre la Administración Departamental y la EAAAY. El dinero restante, cerca de 31 mil millones de pesos, se reservó para la construcción de la obra.
El funcionario añadió que en febrero de 2018, el Tribunal Administrativo de Casanare hizo un peritaje donde se pudo corroborar que el Gobierno seccional, en la primera etapa de todo el proceso, destinó una cifra superior a la acordada.
En total, de los 84 mil 500 millones de pesos que se invirtieron para superar la emergencia, el Departamento aportó 35 mil 997 millones de pesos; el Fondo de Adaptación giró 16 mil 558 millones de pesos; la EAAAY 17 mil 700 millones de pesos y la Alcaldía de Yopal 14 mil 306 millones de pesos.
Con estas cifras quedó demostrado que la Gobernación de Casanare aportó 6 mil 391 millones de pesos más de lo pactado, mientras que al Fondo de Adaptación le hace falta aportar 17 mil 276 millones de pesos.
Finalmente, a pesar de que la Gobernación ha aportado más dinero del porcentaje de la sentencia, el Gobernador sigue con la intención de adicionar 6.000 millones para las obras de protección de la línea de conducción para lo cual el equipo técnico de la entidad hizo las observaciones correspondientes a los estudios y diseños de dichas obras a la espera de que se subsanen por parte de Findeter.
Fuente: Prensa Gobernación de Casanare
La Alcaldía de Yopal prohibió el ingreso, circulación y permanencia de vehículos automotores en el Mirador de la Virgen de Manare, ubicado en la vereda Balconcitos, desde el 8 de mayo y hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida quedó establecida mediante el Decreto 065 de 2026 y busca proteger uno de los sitios más emblemáticos, turísticos y espirituales de la capital casanareña.
De acuerdo con la administración municipal, el Mirador de la Virgen de Manare ha sido identificado como un punto vulnerable en materia de orden público y seguridad ciudadana. Por ello, el alcalde Marco Tulio Ruiz Riaño adoptó la restricción como una acción preventiva orientada a preservar la tranquilidad del sector, facilitar las labores de control de la Fuerza Pública y garantizar la seguridad de los visitantes.
¿Cuáles son las excepciones?
El decreto contempla algunas excepciones para permitir el acceso de vehículos de la Fuerza Pública, organismos de seguridad, ambulancias y automotores de emergencia. También podrán ingresar personas con discapacidad junto a sus cuidadores, domiciliarios debidamente identificados y vehículos que cuenten con autorización de las secretarías de Gobierno y Movilidad.
El secretario de Gobierno, Jorge Andrés Rodríguez González, señaló que “cuando se trata de proteger lo que une a la comunidad, la decisión correcta no siempre es la más cómoda, pero sí la más necesaria”. Añadió que la restricción se fundamenta en las competencias legales y constitucionales del municipio, así como en recomendaciones técnicas emitidas por autoridades militares, policiales y de tránsito.
CASANARE
Tragedia en Tauramena; conductor de la Alcaldía le quitó la vida a su hijo y se autoeliminó
Una tragedia enluta al municipio de Tauramena y la comunidad no sale de su estupor, luego del violento hecho ocurrido en la madrugada del sábado en una vivienda, donde perdió la vida un menor de 13 años y posteriormente falleció su padre, identificado como José Diomedes Montejo Celis, reconocido en la población por desempeñarse como conductor del alcalde municipal.
La víctima fue identificada como Juan Pablo Montejo Guerrero, estudiante de la Institución Educativa Técnica Empresarial del Llano. Se conoció que el menor había salido desde el viernes 8 de mayo junto a su padre, con el compromiso de regresar a la casa de su madre. Como las horas pasaban y no regresaba, además el hombre no respondía el celular a la mujer, hubo preocupación por parte de esta. Sin embargo, durante la madrugada, familiares de José Diomedes escucharon detonaciones de arma de fuego al interior de la vivienda, por lo que ingresaron por la parte posterior de la misma, encontrando al menor tendido en una cama con un disparo de arma de fuero en la cabeza, y a su papá en el piso, también herido de arma de fuego en la cabeza.
Al sitio acudieron unidades de la Policía Nacional y personal del Cuerpo de Bomberos de Tauramena, quienes trasladaron herido a José Diomedes al hospital local, donde minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.
El caso ha causado profunda conmoción entre la comunidad educativa y habitantes del municipio. Directivos, docentes y estudiantes de la Institución Educativa Técnica Empresarial del Llano expresaron mensajes de solidaridad y dolor por la muerte del menor. Según versiones conocidas preliminarmente, el hombre atravesaba un proceso de separación sentimental, situación que sería materia de análisis dentro de la investigación que adelantan las autoridades para esclarecer plenamente lo ocurrido.
La actualización catastral urbana adelantada en Yopal por la empresa Catasig sigue enfrentando fuertes cuestionamientos jurídicos. En las últimas horas se conoció la radicación de dos demandas de nulidad simple ante Juzgados y una denuncia penal en la Fiscalía, relacionadas con el proceso que generó inconformidad entre miles de propietarios por los altos incrementos en el avalúo predial.
Por un lado, voceros de la Veeduría Dignidad Catastral del Casanare y de la Fundación Little Guardians confirmaron la presentación de una acción de nulidad contra las resoluciones YPL01, YPL02 y YPL03, mediante las cuales se inició, aprobó y clausuró la actualización catastral en la capital casanareña. Según Luis Pérez, representante de la organización, existen presuntas irregularidades en la competencia jurídica de Catasig para ejercer la gestión catastral en Yopal, debido a que la habilitación otorgada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) correspondería al municipio de Sabanalarga, Atlántico, y no directamente a la empresa operadora.
La acción judicial busca suspender los efectos de la actualización y que el impuesto predial vuelva a liquidarse temporalmente con la base catastral anterior mientras avanza el proceso. Además, la veeduría anunció la radicación de una denuncia penal ante la Fiscalía para que se investiguen posibles responsabilidades en la contratación y ejecución del proceso catastral.
A estas acciones se sumó el diputado de Casanare Omar Ortega, quien también instauró demanda de nulidad simple contra Catasig, argumentando que la empresa no tenía competencia ni habilitación legal para adelantar la actualización catastral urbana en Yopal. El corporado sostiene que Catasig actúa únicamente como operador y no como gestor catastral, por lo que solo estaría facultada para operar dentro de la jurisdicción de Sabanalarga, Atlántico.
Ortega respaldó sus señalamientos en un informe emitido por la Superintendencia de Notariado y Registro en febrero de 2026, en el que se advierte que los actos administrativos expedidos por Catasig habrían sido emitidos “sin la competencia legal” por carecer de habilitación otorgada por el IGAC. En su demanda solicita declarar la nulidad de las resoluciones YPL-001, YPL-002 y YPL-003, dejando sin efectos toda la actualización catastral urbana adelantada en la ciudad.
Tanto la veeduría como el diputado pidieron que, mientras se resuelven las acciones judiciales, se suspendan los cobros coactivos e intereses moratorios derivados del nuevo avalúo predial. Asimismo, Ortega solicitó que el IGAC, en calidad de gestor catastral subsidiario, asuma nuevamente el proceso con base en la última información catastral legalmente expedida.
Con la denuncia ante la Fiscalía, se pide que el ente investigue desde la óptica penal, a todos los funcionarios que en su momento tuvieron que ver con la firma del convenio interadministrativo suscrito entre la Alcaldía de Yopal y Catasig, que derivó en una actualización catastral con altísimos avalúos, lo cual generó facturas del Impuesto Predial impagables para una gran cantidad de contribuyentes.
