CASANARE
Gobernación de Casanare confirma que no debe recursos para terminar la PTAP de Yopal
El secretario de Infraestructura de Casanare, Óscar García, desglosó de manera detallada todo el proceso de inversiones que ha hecho la Gobernación, en el proceso de coadyuvar en la solución del suministro de agua potable para Yopal.
El funcionario desvirtuó la información entregada en el boletín de prensa del Fondo de Adaptación, donde se aseveró que en el proyecto del acueducto definitivo para la capital del departamento, la Gobernación de Casanare, la Alcaldía y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY), no han cumplido con los aportes económicos pactados.
García indicó que todo el proceso tiene dos etapas. La primera, corresponde a las medidas cautelares que tenían como objetivo hacerle frente a la crisis suscitada por el colapso de la planta de tratamiento y garantizar transitoriamente el suministro de agua a la ciudad.
La segunda fase está relacionada con la construcción de la planta definitiva de Yopal. En los dos casos se fijaron unos porcentajes de aportes, que debían hacer cada una de las entidades accionadas; es decir el Fondo de Adaptación, Gobernación de Casanare, Alcaldía Municipal y la EAAAY.
Las medidas cautelares previas a la solución definitiva, demandaron una inversión por 84 mil 500 millones de pesos, donde están incluidos el suministro de agua con carrotanques y la perforación de los cuatro pozos profundos que se habilitaron para hacerle frente a la emergencia.
De esa suma el Departamento giró 33 mil 793 millones de pesos, de los cuales 22 mil millones de pesos se destinaron a la construcción de cuatro pozos profundos, antes mencionados. El restante fue para atender la emergencia con la distribución de agua en los referidos carrotanques, que se hizo entre los años 2015 y 2016.
En cuanto a la PTAP definitiva que tiene una proyección entre 25 a 30 años, el funcionario manifestó que se dio inicio a un contrato por 68 mil 165 millones de pesos; de ese rubro 34 mil 201 millones de pesos los aportó la Gobernación de Casanare.
Precisó también que de esos 34 mil millones de pesos, 3 mil millones de pesos se destinaron para los estudios y diseños de la planta; partida que se asignó mediante un convenio interadministrativo entre la Administración Departamental y la EAAAY. El dinero restante, cerca de 31 mil millones de pesos, se reservó para la construcción de la obra.
El funcionario añadió que en febrero de 2018, el Tribunal Administrativo de Casanare hizo un peritaje donde se pudo corroborar que el Gobierno seccional, en la primera etapa de todo el proceso, destinó una cifra superior a la acordada.
En total, de los 84 mil 500 millones de pesos que se invirtieron para superar la emergencia, el Departamento aportó 35 mil 997 millones de pesos; el Fondo de Adaptación giró 16 mil 558 millones de pesos; la EAAAY 17 mil 700 millones de pesos y la Alcaldía de Yopal 14 mil 306 millones de pesos.
Con estas cifras quedó demostrado que la Gobernación de Casanare aportó 6 mil 391 millones de pesos más de lo pactado, mientras que al Fondo de Adaptación le hace falta aportar 17 mil 276 millones de pesos.
Finalmente, a pesar de que la Gobernación ha aportado más dinero del porcentaje de la sentencia, el Gobernador sigue con la intención de adicionar 6.000 millones para las obras de protección de la línea de conducción para lo cual el equipo técnico de la entidad hizo las observaciones correspondientes a los estudios y diseños de dichas obras a la espera de que se subsanen por parte de Findeter.
Fuente: Prensa Gobernación de Casanare
En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos, denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.
La víctima, quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.
Preliminarmente se conoció que la mujer fue citada en la mañana del sábado hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.
ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial. De igual manera denunció persistente amenazas, seguimientos, perfilamientos, estigmatización, judiciliazación, desplazamiento y asesinato de líderes/as sociales, dirigentes comunales, empresarios y campesinos.
Se espera pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.
Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.
El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.
Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.
Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley
En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.
Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.
En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.
En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.
Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:
- Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
- No conocen el territorio.
- No estén en compañía de algún familiar.
- Tienen rasgos indígenas.
El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.
Fuente: Gobernación del Meta
