CASANARE
Gobernación de Casanare confirma que no debe recursos para terminar la PTAP de Yopal
El secretario de Infraestructura de Casanare, Óscar García, desglosó de manera detallada todo el proceso de inversiones que ha hecho la Gobernación, en el proceso de coadyuvar en la solución del suministro de agua potable para Yopal.
El funcionario desvirtuó la información entregada en el boletín de prensa del Fondo de Adaptación, donde se aseveró que en el proyecto del acueducto definitivo para la capital del departamento, la Gobernación de Casanare, la Alcaldía y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY), no han cumplido con los aportes económicos pactados.
García indicó que todo el proceso tiene dos etapas. La primera, corresponde a las medidas cautelares que tenían como objetivo hacerle frente a la crisis suscitada por el colapso de la planta de tratamiento y garantizar transitoriamente el suministro de agua a la ciudad.
La segunda fase está relacionada con la construcción de la planta definitiva de Yopal. En los dos casos se fijaron unos porcentajes de aportes, que debían hacer cada una de las entidades accionadas; es decir el Fondo de Adaptación, Gobernación de Casanare, Alcaldía Municipal y la EAAAY.
Las medidas cautelares previas a la solución definitiva, demandaron una inversión por 84 mil 500 millones de pesos, donde están incluidos el suministro de agua con carrotanques y la perforación de los cuatro pozos profundos que se habilitaron para hacerle frente a la emergencia.
De esa suma el Departamento giró 33 mil 793 millones de pesos, de los cuales 22 mil millones de pesos se destinaron a la construcción de cuatro pozos profundos, antes mencionados. El restante fue para atender la emergencia con la distribución de agua en los referidos carrotanques, que se hizo entre los años 2015 y 2016.
En cuanto a la PTAP definitiva que tiene una proyección entre 25 a 30 años, el funcionario manifestó que se dio inicio a un contrato por 68 mil 165 millones de pesos; de ese rubro 34 mil 201 millones de pesos los aportó la Gobernación de Casanare.
Precisó también que de esos 34 mil millones de pesos, 3 mil millones de pesos se destinaron para los estudios y diseños de la planta; partida que se asignó mediante un convenio interadministrativo entre la Administración Departamental y la EAAAY. El dinero restante, cerca de 31 mil millones de pesos, se reservó para la construcción de la obra.
El funcionario añadió que en febrero de 2018, el Tribunal Administrativo de Casanare hizo un peritaje donde se pudo corroborar que el Gobierno seccional, en la primera etapa de todo el proceso, destinó una cifra superior a la acordada.
En total, de los 84 mil 500 millones de pesos que se invirtieron para superar la emergencia, el Departamento aportó 35 mil 997 millones de pesos; el Fondo de Adaptación giró 16 mil 558 millones de pesos; la EAAAY 17 mil 700 millones de pesos y la Alcaldía de Yopal 14 mil 306 millones de pesos.
Con estas cifras quedó demostrado que la Gobernación de Casanare aportó 6 mil 391 millones de pesos más de lo pactado, mientras que al Fondo de Adaptación le hace falta aportar 17 mil 276 millones de pesos.
Finalmente, a pesar de que la Gobernación ha aportado más dinero del porcentaje de la sentencia, el Gobernador sigue con la intención de adicionar 6.000 millones para las obras de protección de la línea de conducción para lo cual el equipo técnico de la entidad hizo las observaciones correspondientes a los estudios y diseños de dichas obras a la espera de que se subsanen por parte de Findeter.
Fuente: Prensa Gobernación de Casanare
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
