CASANARE
Gerente de Empresa de Acueducto de Yopal aclara que no están haciendo “despidos masivos”
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal aclaró mediante un Comunicado, que no se están haciendo “despidos masivos de personal”, sino que se cumplió con el retiro de algunas personas que tenían contrato a término fijo.
Señala el Comunicado de la EAAAY, que:
“Para garantizar la correcta prestación de sus servicios se cuenta con alrededor de 300 funcionarios vinculados como empleados públicos, término indefinido, término fijo, prestación de servicios y pasantes SENA, de los cuales cerca de 180, están bajo la vinculación de contratos a término fijo.
Desde inicios de 2016 la Gerencia de la EAAAY estableció entre sus lineamientos que el personal contratado mediante término fijo fuera por un tiempo de 6 meses, mejorando las condiciones laborales del personal, pues anteriormente esta contratación fluctuaba entre 2 y 3 meses, teniendo a estos funcionarios siempre en constante desazón por su permanencia.
Para la evaluación del desempeño de los funcionarios contratados en cualquier modalidad, cada miembro del equipo directivo presenta informes basados en un análisis integral que reúne variables propias del contrato como cumplimiento de horarios, cumplimiento de sus funciones, rendimiento, etc., así mismo se evalúan principios como armonía con sus compañeros, responsabilidad, compromiso, solidaridad, dedicación, ética, transparencia, honestidad y respeto por la empresa y sus objetivos, entre otras.
Como resultado de este análisis, se vienen tomando semestralmente las decisiones propias de este ejercicio. En la más reciente reunión que recoge el semestre del 1º de enero al 30 de junio y algunos casos de julio, se identificaron alrededor de 20 casos de funcionarios a quienes no se les prorrogaría o haría un nuevo contrato. Vale la pena insistir es que estos contratos denominados de término fijo, tienen por su naturaleza fechas de principio y fin, es decir, cuándo inician y cuándo terminan, cumpliendo eso sí, con la normatividad que regla estas decisiones, como es la notificación en términos de ley de la finalización de este acuerdo contractual.
Por lo planteado, no se puede hablar de “despido masivo” en este tipo de contratación, pues la terminación de los contratos a término fijo sólo obedece a una ruptura normal de contrato de trabajo que está debidamente reglado por la ley y la normatividad.
Esta Gerencia ha manifestado en diversas reuniones, que todas las decisiones que se toman a este respecto, reiteramos, obedecen a un análisis juicioso del equipo directivo de la entidad que sólo persigue mejorar continuamente y fortalecer nuestro recurso humano en la búsqueda de la óptima prestación de los servicios a nuestros apreciados usuarios”.
Fuente: Prensa EAAAY
Una denuncia pública radicada ante organismos de control advierte presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la salud por parte de CAPRESOCA EPS en Casanare, relacionadas con giros millonarios a terceros que no cumplirían requisitos legales ni contractuales. El documento señala posibles hechos de favorecimiento indebido, incumplimiento de normas técnicas y un eventual detrimento patrimonial en el uso de dineros de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que prende alertas sobre la transparencia en la administración de la entidad. Los hechos se dieron durante la administración de la suspendida Agente Interventora, Betty Cecilia Anaya Nieto.
El caso más delicado expuesto corresponde a un giro por $1.222 millones a la Fundación Cuerpo en Movimiento (FUCEM), realizado el 28 de enero de 2026, pese a que —según la denuncia— esta IPS no se encontraba habilitada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) ni tendría contratos publicados en SECOP II. De confirmarse, este hecho podría constituir una violación a las normas que prohíben transferir recursos públicos de salud a prestadores no habilitados, comprometiendo la legalidad del pago y la garantía de calidad en la prestación de servicios .
Adicionalmente, se cuestiona el manejo contractual con la empresa CURE LATAM SAS, a la cual CAPRESOCA habría girado $794 millones en enero, equivalente al 40% del valor total de un contrato anual de $2.000 millones. La denuncia advierte que estos pagos se habrían realizado sin evidencia de facturación previa, pese a que el contrato establece desembolsos condicionados a cuentas radicadas y auditadas. Este punto sugiere posibles fallas en los controles internos y en el cumplimiento de las cláusulas contractuales, así como riesgos de pagos anticipados injustificados .
El documento también señala inconsistencias en los reportes financieros, como el uso de numeraciones de factura no verificables ante la DIAN, lo que podría afectar la trazabilidad de los recursos. En conjunto, los hechos descritos reflejan presuntas debilidades estructurales en la gestión de la EPS, actualmente bajo intervención de la Superintendencia de Salud, y motivan el llamado a investigaciones fiscales, disciplinarias y administrativas para establecer responsabilidades y determinar si existió daño al erario .
CASANARE
Estrategia de autoconstrucción de Zorro llegó a Monterrey con la construcción de un box culvert
El gobernador César Ortiz Zorro impulsa en el municipio de Monterrey la construcción de un box culvert en el sector del Caño Grande, vereda Bellavista, sector Las Víctimas, una obra que avanza mediante el modelo de autoconstrucción con participación activa de la comunidad.
En este punto, se desarrolla una conexión que fortalecerá la movilidad y la agroindustria de la zona, consolidando esfuerzos conjuntos para mejorar la infraestructura rural del municipio.
El proyecto cuenta con el trabajo articulado de la comunidad, concejales del municipio y el Gobierno departamental, que ha aportado 16 tubos de 36 pulgadas y maquinaria para su ejecución.
Durante una visita técnica, el secretario de Infraestructura de Casanare, Álvaro Rivera, verificó los avances de la obra, la cual busca mejorar la conectividad rural y fortalecer la dinámica agroproductiva de este importante sector.
Esta intervención registra avances significativos y se consolida como un ejemplo del modelo de autoconstrucción promovido por el Gobierno de las Oportunidades, que permite la articulación efectiva entre comunidad, autoridades locales y Gobierno departamental para sacar adelante soluciones en el territorio.
Tres personas señaladas de integrar una estructura criminal dedicada al sicariato fueron capturadas en el municipio de Villanueva, en medio de un operativo adelantado por las autoridades. De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían vinculados a varios homicidios y pretendían consolidar el control de la venta de estupefacientes en la zona, atentando contra quienes se oponían a sus actividades ilícitas.
El procedimiento incluyó dos diligencias de allanamiento y registro que permitieron hacer efectivas dos capturas por orden judicial por los delitos de homicidio y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Entre los detenidos se encuentra un hombre conocido con el alias de “TATU”, quien presenta antecedentes por homicidio, receptación y hurto calificado. El segundo capturado registra anotaciones por homicidio, porte ilegal de armas y al menos cinco casos relacionados con tráfico de estupefacientes.
En el desarrollo del operativo también fue capturada en flagrancia una mujer, a quien se le atribuyen los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. Durante las acciones, las autoridades incautaron dos revólveres, munición de diferentes calibres, dosis de base de coca y marihuana, así como elementos utilizados para la dosificación de sustancias ilícitas. Los dos hombres fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que la mujer quedó en libertad, pero vinculada al proceso.
Según el coronel Pablo Javier Galindo Valencia, con estas capturas se busca avanzar en el esclarecimiento de al menos cuatro homicidios registrados en Villanueva en lo corrido de 2026. En conjunto, los detenidos suman 11 registros como indiciados por delitos relacionados con homicidio, narcotráfico, porte ilegal de armas, hurto agravado y receptación.
