REGIÓN
Fuerza Pública, presentó balance positivo en los Llanos Orientales y la Orinoquia
Durante el año 2020 mediante un trabajo interinstitucional entre las fuerzas militares, la Policía Nacional y en coordinación con la Fiscalía Nacional de la Nación, se han logrado realizar varias operaciones en contra del crimen organizado, minimizando su accionar delictivo en los departamentos del Meta, Guaviare, Casanare, Guainía, Vaupés, Vichada y la Metropolitana de Villavicencio.
En tal sentido, se han afectado las estructuras de los grupos armados organizados residuales (GAO-r), grupos de delincuencia organizada (GDO) y de delincuencia común (DELCO), afectando su capacidad armada, estructural, de comunicaciones, logístico y de financiamiento, con la captura de 916 integrantes pertenecientes a las disidencias del Frente 7, Clan del Golfo y Los Puntilleros.
Frente al narcotráfico, se han ubicado y destruido 554 laboratorios para el procesamiento de base de coca y de clorhidrato de cocaína, así como la destrucción de 151.242 galones de base de coca en proceso, 665.128 insumos sólidos y cerca de 293.238 galones de insumos líquidos; de igual forma, se han ubicado 715 semilleros con más de 66.192.001 matas de coca y la erradicación de 8.943 hectáreas de cultivos ilícitos.
Por otra parte, se han neutralizado más de 1.404 artefactos explosivos improvisados (AEI), al igual que 1.359 minas antipersonal, evitando la materialización de acciones en contra de la población civil, Fuerza Pública y sector productivo del país.
Secuestros
Gracias a los denominados planes candados entre el Ejército y la Policía Nacional, se ha logrado la liberación en tiempo récord de seis personas, quienes habían sido plagiadas por grupos armados ilegales que delinquen en esta región del país.
Por otra parte, en materia de prevención del secuestro y la extorsión, se han realizado cerca de 700 jornadas de sensibilización, donde se invita a los comerciantes, ganaderos, agricultores para que confíen en su fuerza pública y denuncien a través de las líneas 147 y 165, cualquier situación que pueda poner en riesgo su integridad, bienestar y patrimonio económico.
Ambiente
En cuanto a los delitos ambientales se han logrado importantes resultados como la captura de 325 personas, dentro de las cuales 150 son por aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, 138 por daños en los recursos naturales, 26 por explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, 11 por actividad ilícita de pesca y 15.952 incautaciones de fauna, flora y maquinaria.
También se ha logrado la reforestación de 277.599 árboles y la puesta en marcha de dos viveros castrenses, actividades realizadas por los hombres de las fuerzas militares y la Policía Nacional.
La fuerza pública, con el desarrollo de las actividades operacionales ha logrado afectar los diferentes generadores de violencia en la región, neutralizando sus pretensiones por afectar el sector estratégico, económico, fuerza pública y población civil, mediante la utilización de las capacidades institucionales y logísticas. Demostrando su compromiso, profesionalismo y dedicación, con el fin de tener unas mejores condiciones de seguridad para que los habitantes de la región convivan en un ambiente de seguridad y tranquilidad.
En los delitos que impactan la seguridad ciudadana, las lesiones personales presenta un decremento del -30%, hurto a residencias -36%, hurto a comercio -27%, hurto a celulares -28%, hurto a personas -34%, hurto a motocicletas -29%, abigeato en un -32% y el hurto a automotores con el -25%.
En lo corrido de 2020, se ha logrado la captura de 6.816 personas por diferentes delitos, de las cuales 5.560 en flagrancia y 1.256 corresponden a orden judicial, donde se destacan 1.016 por el delito de tráfico de estupefacientes, 840 por hurto a personas, 589 capturas por Violencia Intrafamiliar, 556 capturas por lesiones Personales y 380 capturas fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, 218 por homicidio, 149 por extorsión y 156 por delitos sexuales.
Fuente: Policía Nacional
REGIÓN
Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama
La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).
Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.
Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.
A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
