CASANARE
Formulan pliego de cargos al ex alcalde de Yopal Jorge García por evadir procesos de contratación y contratar directamente
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra los exalcaldes de Yopal, Jorge García Lizarazo (marzo – diciembre 2015) y Pedro Julio Martínez Cristancho (encargado entre el 16 y el 19 de junio 2015), así como a la jefe de la oficina Asesora Jurídica de la ciudad, Leydi Johana Hernández Oviedo (abril – diciembre 2015), quienes habrían evadido los procedimientos de selección objetiva del contratista.
Al parecer, García Lizarazo no habría culminado un proceso de contratación y en su lugar habría celebrado, mediante contratación directa, un convenio de cooperación que tenía un objeto similar al proceso inicial, orientado a beneficiar a población de la tercera edad.
Igual situación se habría presentado con el exalcalde encargado Martínez Cristancho, quien suscribió de forma directa un convenio de cooperación para desarrollar el diagnóstico y formulación del plan integrado de movilidad urbana y rural PIMUR de Yopal, meses después de que se había iniciado un proceso de contratación mediante concurso de méritos para suplir esta necesidad, el cual habría quedado detenido.
Se cuestiona también al exmandatario Martínez Cristancho, como alcalde encargado, por la presunta terminación unilateral de un convenio interadministrativo celebrado con la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (Corporinoquia) y su posterior liquidación unilateral, sin que se presentaran las causales previstas en la Ley para ello.
Días después, el investigado celebró un nuevo convenio de cooperación, el cual tenía un objeto similar al suscrito con Corporinoquia, fundamentado en normas que permiten a las entidades territoriales celebrar contratos de manera directa con entidades privadas sin ánimo de lucro, con el propósito de impulsar programas y actividades de interés público que estas tengan y que sean acordes con el Plan de Desarrollo de la respectiva entidad territorial.
Por último, el Ministerio Público formuló cargos contra Leydi Hernández Oviedo, quien en su condición de jefe de la oficina jurídica de Yopal (Casanare), habría aprobado los estudios previos y el texto de los tres convenios de cooperación firmados por los exalcaldes, objetos de cuestionamiento.
El ente de control calificó provisionalmente las presuntas conductas de los tres investigados como falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
Las autoridades mantienen una alerta preventiva en Casanare ante posibles acciones de grupos armados ilegales y anunciaron que reforzarán los operativos de control en puntos estratégicos de Yopal. En ese contexto, fue activado un plan candado en la ciudad, con sobrevuelos y revisión de cámaras de seguridad, para establecer la ruta de escape de dos hombres que perpetraron un atentado con explosivos en la capital.
El ataque ocurrió la noche del martes contra la empresa de Seguridad Avizor, ubicada en la calle 11 con carrera 31, sobre la vía a Sirivana, a pocos metros de la Estación de Policía Yopal. Según testigos, los responsables se movilizaban en una motocicleta NKD y vestían prendas negras, además portaban cascos del mismo color.
De acuerdo con el coronel Pablo Galindo, comandante del Departamento de Policía Casanare, los sujetos lanzaron, al parecer, una granada contra las instalaciones de la empresa. La explosión causó daños materiales en ventanales y parte de la estructura del inmueble, pero no dejó personas heridas.
La información preliminar indica que el hecho podría estar relacionado con un presunto caso de extorsión. El oficial señaló que horas antes la empresa habría recibido una llamada a su línea corporativa por WhatsApp; sin embargo, hasta el momento no se ha presentado una denuncia formal por exigencias económicas ante las autoridades.
Un hombre identificado como Bladimir Castillo Urintive, conocido con el alias de “Blacho”, fue asesinado la tarde del miércoles en inmediaciones de Torres de San Marcos, en Yopal. De acuerdo con información preliminar, la víctima recibió cuatro impactos de arma de fuego en la región torácica y, aunque fue trasladado de urgencia a un centro médico por dos hombres en motocicleta, ingresó sin signos vitales.
Versiones iniciales indican que antes del ataque se habría presentado un altercado con un individuo y no se descarta un posible ajuste de cuentas por temas de microtráfico. Según las autoridades, Castillo Urintive registraba antecedentes judiciales por hurto, receptación, porte ilegal de armas y tentativa de homicidio. Además, en 2023 fue judicializado por el ataque contra Jéferson Pidiache, hecho que dejó a la víctima en condición de discapacidad.
Según fuentes extraoficiales, el hoy occiso habría estado vinculado recientemente a actividades de microtráfico en el sector, situación que es materia de verificación por parte de las autoridades judiciales. Tras el crimen comenzó a circular un panfleto con membrete atribuido a las disidencias de las antiguas Farc, en el que se le señalaba como supuesto “objetivo militar”. Panfleto donde también figura el nombre del hombre asesinado la noche del lunes en la Marginal de la Selva, en inmediaciones del sitio donde se construye el nuevo Terminal de Transportes de Yopal.
Las autoridades investigan la autenticidad del documento y si el homicidio estaría relacionado con disputas delincuenciales en la zona. El caso quedó en manos de los organismos de investigación, que adelantan labores para esclarecer los móviles del hecho y dar con los responsables.
Sobre la media noche del martes 24 de febrero, en el sector de San Rafael de Morichal en Yopal, hombres armados ingresaron a un predio privado e incineraron una retroexcavadora perteneciente a la empresa Trimex, utilizada para cargar material de río a volqueteros. En el lugar fue hallada una bandera de Colombia con grafitis alusivos a disidencias de las Farc.
Los responsables se identificaron como integrantes de disidencias de las antiguas Farc, y las autoridades orientan las pesquisas hacia el Frente 28, estructura que delinque en la región. No se descarta que el ataque esté relacionado con presuntas exigencias extorsivas contra la empresa propietaria de la maquinaria o los dueños del predio.
Alejandro Durán, coordinador de seguridad de la Secretaría de Gobierno de Yopal, confirmó que unidades judiciales realizaron la inspección técnica para recolectar elementos materiales probatorios y verificar si existían amenazas previas. Señaló que se desplegó un operativo conjunto para esclarecer los móviles del ataque y dar con los responsables.
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