CASANARE
Fiscalía en Casanare logró condenas ejemplares para cinco personas
La Fiscalía continúa con su lucha contra los factores que amenazan a los ciudadanos, esta vez, varias personas entre ellas tres mujeres que violaron las normas y leyes, deberán estar varios años recluidos en prisiones del país.
Condenados por homicidio, extorsión y concierto para delinquir.
Juan de Jesús Torres Páez, Lewis Carolina Ortiz Navarro y Marilín Rubio Rodríguez fueron condenados por un juez de la república como coautores impropios de los delitos de homicidio agravado en concurso con extorsión, a la pena principal de agravada a 39.5 años de cárcel y multa de diez mil quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El ente acusador logró demostrar mediante los elementos materiales probatorios, que los condenamos son responsables de la comisión de estos hechos punibles, que sucedieron en una zona rural del municipio de Nunchía (Casanare) en el año 2022, donde perdió la vida una persona y varias estaban siendo extorsionadas.
Por otra parte, y dentro del mismo proceso, Gerni Gizeth Tique Franco fue condenada a 24.9 años de cárcel, como cómplice por los delitos de homicidio agravado en concurso con extorsión.
Condenado hombre por homicidio en Yopal.
El ente acusador logró demostrar que Beiman Sain Piraban Salamanca es el responsable de causarle heridas con arma cortopunzante a dos hermanos que se disponían a cerrar un billar donde trabajaban, en 6 de diciembre del 2022, en la vereda El Morichal jurisdicción de Yopal (Casanare).
Uno de ellos murió en un centro asistencial de la capital casanareña, como consecuencia de las heridas graves propinadas por el agresor, mientras que la otra víctima logró recuperarse con el paso de los días.
La Fiscalía lo imputó como responsable del delito de homicidio simple en concurso con homicidio en grado de tentativa dolosa, un juez de conocimiento, acogió las pretensiones del Fiscal del caso, y le impuso una condena de 14.8 años de cárcel, sin ningún tipo de beneficios.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
