META
Firmantes de paz en el Meta crean 3 comisiones y se declaran en campamento humanitario
Luego de la sesión extraordinaria del Consejo Departamental de Reincorporación, desarrollada en Mesetas y durante la cual se abordó la situación de desplazamiento de los firmantes de paz del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) ‘Mariana Páez’, este se declaró campamento humanitario.
En la reunión, junto a la institucionalidad, se acordaron tres puntos importantes con el objetivo de brindar garantías dignas para todos.
Durante el Consejo, se determinó la creación de tres comisiones:
1. Comisión de tierras, encargada del proceso de compra del terreno para la vivienda y los proyectos productivos.
2. Comisión de la ruta humanitaria, en la que se acordó constituir el Puesto de Mando Unificado Humanitario (PMUH), para coordinar y garantizar la protección integral antes, durante y después del desplazamiento.
3. Comisión del campamento humanitario y la mesa de seguimiento y acompañamiento, responsables de verificar el cumplimiento de los compromisos.
Entre tanto, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, hizo un llamado a través de sus redes sociales al presidente Gustavo Petro, al Ministerio del Interior y a la Defensoría del Pueblo, para que se atienda con urgencia la situación en el ETCR Mariana Páez: “estas personas le apostaron a la paz y necesitan todas las garantías de seguridad”, dijo.
Dentro de los compromisos asumidos por la Gobernación del Meta, está la realización de una jornada de atención en salud dentro del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) para conocer el estado en el que se encuentran todas las personas en reincorporación, la emisión de alerta amarilla para el centro de atención local y la destinación de una ambulancia que acompañe el recorrido cuando se realice el desplazamiento.
De igual forma, se asignará un docente para que los niños puedan continuar sin inconvenientes sus clases dentro del ETCR. Además, las secretarías de la Mujer y Social apoyarán con tres profesionales, cada una, para la atención psicosocial cuando la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) lo requiera; y desde la secretaría de Agricultura se acompañará la mesa técnica de tierras para brindar asistencia técnica.
Por su parte, la secretaría de Derechos Humanos y Paz convocará a los alcaldes de Granada, San Juan de Arama, Mesetas y Fuentedeoro para alertar sobre la activación de la ruta humanitaria y los planes de contingencia, y estará atenta durante el desarrollo del PMUH.
La reunión extraordinaria se llevó a cabo porque el día 16 de marzo, los firmantes de paz anunciaron que, por falta de garantías en materia de seguridad, cerca de 200 familias abandonarán el ETCR ‘Mariana Páez’ en donde estuvieron cerca de seis años.
Fuente: Gobernación del Meta
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
