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Firmantes de paz en el Meta crean 3 comisiones y se declaran en campamento humanitario
Luego de la sesión extraordinaria del Consejo Departamental de Reincorporación, desarrollada en Mesetas y durante la cual se abordó la situación de desplazamiento de los firmantes de paz del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) ‘Mariana Páez’, este se declaró campamento humanitario.
En la reunión, junto a la institucionalidad, se acordaron tres puntos importantes con el objetivo de brindar garantías dignas para todos.
Durante el Consejo, se determinó la creación de tres comisiones:
1. Comisión de tierras, encargada del proceso de compra del terreno para la vivienda y los proyectos productivos.
2. Comisión de la ruta humanitaria, en la que se acordó constituir el Puesto de Mando Unificado Humanitario (PMUH), para coordinar y garantizar la protección integral antes, durante y después del desplazamiento.
3. Comisión del campamento humanitario y la mesa de seguimiento y acompañamiento, responsables de verificar el cumplimiento de los compromisos.
Entre tanto, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, hizo un llamado a través de sus redes sociales al presidente Gustavo Petro, al Ministerio del Interior y a la Defensoría del Pueblo, para que se atienda con urgencia la situación en el ETCR Mariana Páez: “estas personas le apostaron a la paz y necesitan todas las garantías de seguridad”, dijo.
Dentro de los compromisos asumidos por la Gobernación del Meta, está la realización de una jornada de atención en salud dentro del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) para conocer el estado en el que se encuentran todas las personas en reincorporación, la emisión de alerta amarilla para el centro de atención local y la destinación de una ambulancia que acompañe el recorrido cuando se realice el desplazamiento.
De igual forma, se asignará un docente para que los niños puedan continuar sin inconvenientes sus clases dentro del ETCR. Además, las secretarías de la Mujer y Social apoyarán con tres profesionales, cada una, para la atención psicosocial cuando la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) lo requiera; y desde la secretaría de Agricultura se acompañará la mesa técnica de tierras para brindar asistencia técnica.
Por su parte, la secretaría de Derechos Humanos y Paz convocará a los alcaldes de Granada, San Juan de Arama, Mesetas y Fuentedeoro para alertar sobre la activación de la ruta humanitaria y los planes de contingencia, y estará atenta durante el desarrollo del PMUH.
La reunión extraordinaria se llevó a cabo porque el día 16 de marzo, los firmantes de paz anunciaron que, por falta de garantías en materia de seguridad, cerca de 200 familias abandonarán el ETCR ‘Mariana Páez’ en donde estuvieron cerca de seis años.
Fuente: Gobernación del Meta
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upíaucción de una cancha sintética con un costo mayor a $1.000 millones
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
