CASANARE
Fedepalma y palmeras de Orocué donarán 14.000 litros de aceite a comunidades vulnerables
El sector palmero de Orocué y Fedepalma, donarán 14.000 litros de aceite al municipio de Orocué, que serán distribuidos entre la población de la cabecera municipal, veredas y resguardos indígenas.
La donación se hace con el propósito de continuar atendiendo las apremiantes necesidades de las comunidades más vulnerables de las zonas palmeras de Colombia ante la pandemia del Covid-19, beneficiando aproximadamente a 3.863 familias a las cuales se le entregarán 4 litros del producto por familia. .
Bajo el marco de la estrategia de solidaridad palmera, el Fondo de Solidaridad Palmero de Fedepalma y la empresa Palmar de Altamira S.A.S, perteneciente al Grupo Manuelita, han liderado esta actividad en beneficio de las comunidades de influencia.
La donación se realizará en Orocué este sábado 19 de septiembre a las 9:00 a.m., con la presencia del Alcalde Monchy Yobany Moreno, el Gobernador de Casanare, Salomón Sanabria Chacón, la Senadora Amanda Rocío González, el Gerente General de Palmar de Altamira, Juan Carlos Morales y otros representantes de la compañía.
Palmar de Altamira genera más de 600 empleos directos e indirectos en Orocué, ubicándose éste como el segundo municipio con mayor extensión de palma de aceite en el departamento. La empresa se dedica al cultivo de palma de aceite para la elaboración de aceite crudo y aceite de palmiste de calidad diferenciada, comprometiéndose desde hace nueve años, con el bienestar de las comunidades que le rodean.
Jens Mesa Dishington, Presidente Ejecutivo de Fedepalma señaló que para el sector agroindustrial de la palma de aceite es importante continuar apoyando a los municipios en la actual emergencia sanitaria mundial.
“Este respaldo es la forma de demostrar nuestro compromiso con la comunidad casanareña, sumándonos al esfuerzo que se está haciendo en beneficio de la población del municipio, trabajando por un mejor departamento y país”, anotó Juan Carlos Morales, Gerente General Palmar de Altamira.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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