META
Fedepalma y Fundación Poligrow donaron elementos de bioseguridad al Centro de Salud de Mapiripán
La Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma, el Fondo de Solidaridad Palmero y la Fundación Poligrow, sumaron esfuerzos para contribuir al mejoramiento de la atención de los pacientes del Centro de salud de Mapiripán, Meta.
Las ayudas de Fedepalma a través del Fondo de Solidaridad Palmero y de la Fundación Poligrow, se materializaron mediante el aporte de recursos para la donación de elementos de bioseguridad y dotación de las instalaciones del Centro de Salud de Mapiripán, con el fin de contribuir al mejoramiento de la atención de los pacientes en los posibles casos de contagio de Covid-19.
Es así como bajo el marco de la estrategia de solidaridad palmera, el Fondo de Solidaridad Palmero de Fedepalma y la Fundación Poligrow, perteneciente al grupo Poligrow Colombia S.A.S, han liderado esta actividad en beneficio de su comunidad de influencia en Mapiripán.
Jens Mesa Dishington, Presidente Ejecutivo de Fedepalma, señaló durante el acto de donación que se hizo de manera virtual, que para el sector agroindustrial de la palma de aceite en Meta, es importante continuar apoyando al municipio de Mapiripán en la actual emergencia sanitaria mundial.
Consideró que “es innegable que la pandemia del Covid – 19 nos ha puesto a prueba como sociedad, no solo trabajando para sortear la crisis actual, sino buscando un equilibrio entre la preservación de la vida y la continuidad de la actividad económica y productiva”.
¿En qué consistió la donación?
Fedepalma a través del Fondo de Solidaridad Palmero y la Fundación Poligrow, al igual que Poligrow Colombia S.A.S, han entregado ayudas a la comunidad en el departamento del Meta durante la pandemia, y vieron la importancia de solidarizarse con esta obra en el Centro de salud de Mapiripán, centro de atención de baja complejidad o nivel 1, que no contaba con los insumos, herramientas e infraestructura necesaria para atender casos de contagio de Covid-19. Contribuir a esta obra, evita el desplazamiento de la población al hospital más cercano, el cual se encuentra a 366 km de distancia, en Villavicencio.
La Secretaria de Gobierno de Mapiripán y la Directora del Centro de Atención destacaron el compromiso del sector palmero con la población de Mapiripán.
Jens Mesa Dishington concluyó diciendo: “Este respaldo es la forma de demostrar nuestro compromiso con la comunidad del Meta, sumándonos al esfuerzo que se está haciendo en beneficio de la población. Como sector palmero seguiremos trabajando por contribuir al mejoramiento de la salud de la comunidad y al desarrollo del municipio, especialmente de sus comunidades rurales”.
Fuente: Comunicaciones FEDEPALMA
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
