META
Familias restituidas del Meta recibieron $3.000 millones para proyectos productivos
La restitución va más allá del regreso a la tierra, es la posibilidad de empezar una vida productiva. Bajo esta premisa, la Unidad de Restitución de Tierras ha beneficiado a 88 familias restituidas del departamento del Meta con la entrega de subsidios por valor de $3.000 millones destinados a la implementación de sus emprendimientos rurales.
Así lo indicó Wilson Leyton Roldán, director Territorial del Meta, al destacar que durante la vigencia 2020 y en cumplimiento de sentencias de restitución, la Unidad brindó asesoría técnica para la formulación e implementación de 14 proyectos productivos, cada uno por valor de $35 millones para un total de $490 millones invertidos en el desarrollo del sector rural. Algunas de las líneas productivas escogidas por los beneficiarios son ganadería bovina, aguacate, limón tahití y plátano.
“Las familias beneficiarias de proyectos productivos en la actual vigencia son retornadas de los municipios de El Dorado, Mapiripán, San Martin y Puerto Gaitán, y se prevé que con la asesoría y monitoreo del equipo de proyectos productivos de la URT, en un plazo no mayor a dos años podrán recoger sus cosechas”, sostuvo el Director Territorial.
Resaltó que 10 de estos nuevos emprendimientos son liderados por mujeres rurales, lo que demuestra que en el Meta, se ha dado impulso a la política de equidad de género. Otra buena noticia para estos emprendedores rurales es que la Unidad de Restitución de Tierras logró acuerdos de comercialización con los productores de El Dorado, quienes ya tienen asegurada la venta de la cosecha hasta el año 2030 con la asociación Asofrud.
Los beneficiarios de la política de restitución de tierras en el Meta no solo regresaron a sus tierras, sino que lograron transformar sus vidas y alcanzar un futuro sostenible.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras, Territorial Meta.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
